Distintas organizaciones de derechos humanos, centros de estudio, profesoras y profesores de derecho constitucional presentamos una solicitud formal a la Corte Constitucional para que revise oficiosamente los decretos de aislamiento obligatorio emitidos por el Gobierno Nacional durante la pandemia del COVID-19. No tenemos duda que la medida de aislamiento es adecuada en términos de salud pública para contribuir a la contención y mitigación del SARS-CoV-2, pero la forma elegida por el Gobierno para implementarlas tiene serios problemas de constitucionalidad.

La creación de una medida de aislamiento general escapa de la órbita de las funciones del Presidente de la República y el Gobierno Nacional. Este tipo de instrumentos corresponden en normalidad al Congreso de la República y el ejecutivo sólo puede expedirlos bajo las facultades que le otorga la declaratoria de un estado de excepción, como el estado de emergencia económica, social y ecológica. Contrario a esto, el Presidente y el Gobierno expidieron el instrumento en uso de sus facultades ordinarias, lo que genera problemas tanto respecto de la forma como del control al que puede o no estar sujeta la medida.

Entendiendo que los decretos tienen materialmente fuerza de ley y que en un Estado social de derecho la sustancia prima sobre las formas, consideramos que la Corte Constitucional tiene la competencia para asumir conocimiento sobre los decretos y decidir sobre su constitucionalidad. Se trata de una oportunidad para que la Corte brinde una guía interpretativa que permita aclarar las competencias, controles y condiciones de las cuarentenas. Mientras el aislamiento cuida nuestra salud, la Corte está llamada a cuidar nuestro Estado de derecho.

Adjunto puede descargar el memorial radicado este miércoles, 22 de abril de 2020.

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