El pasado 11 de junio presentamos una intervención en una acción de tutela sobre presunto acoso sexual en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. El caso se centra en las denuncias de varias estudiantes de esta institución contra uno de sus profesores por haber cometido actos de acoso sexual contra ellas, así como en la omisión de la Universidad, la Fiscalía y la Personería Distrital de investigar los hechos denunciados y de implementar medidas de protección a las estudiantes. 

Desde septiembre de 2019, las estudiantes han denunciado formalmente los actos de acoso sexual ante las autoridades universitarias y estatales. Sin embargo, hasta el momento de presentar la tutela, estas instituciones no habían actuado con la diligencia necesaria para investigar y sancionar los casos de violencia de género. 

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En esta intervención apoyamos las peticiones de las accionantes a través de dos argumentos. Por un lado, señalamos que el juez de tutela debe proteger el derecho de las estudiantes a vivir una vida libre de violencias, que tiene serias repercusiones frente a otros derechos fundamentales. El acoso sistemático afecta la integridad física y mental de quienes lo padecen, perpetúa situaciones de discriminación en contra de las mujeres, las obliga a soportar contextos estructurales de violencia limitando sus libertades dentro del contexto educativo, y restringe su acceso a una educación efectiva y garantista. 

Por otro lado, argumentamos que la Universidad, así como otras instituciones del Estado,  tenía la obligación de investigar los actos denunciados y de implementar medidas de protección para las estudiantes. A pesar de múltiples denuncias y del conocimiento público del comportamiento del profesor, según las accionantes aún no cursa ningún tipo de investigación disciplinaria ni penal en su contra, ni existe un acompañamiento a las denunciantes. Esta es una forma de tolerar el acoso y la discriminación al interior de la comunidad estudiantil, e implica el incumplimiento de deberes legales y constitucionales por parte de la Universidad y de las demás entidades accionadas. 

Con base en estos argumentos, solicitamos al juez de tutela lo siguiente: 

• Que ordene la suspensión inmediata del profesor denunciado mientras se adelantan los procesos disciplinarios y judiciales necesarios. 
• Que ordene adelantar la investigación disciplinaria correspondiente a todas las personas involucradas en la omisión de las denuncias descritas en los hechos.
• Que ordene a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, a la Fiscalía General de la Nación, a la Personería Distrital y al Ministerio de Educación adelantar inmediatamente todos los trámites administrativos, disciplinarios y judiciales que garanticen la protección de los derechos de las personas que denunciaron acoso sexual y escolar por parte del profesor denunciado. 
• Que ordene al Ministerio de Educación cumplir con la sentencia T-239 de 2018 de la Corte Constitucional, en la que le ordenó establecer lineamientos para investigar y sancionar los casos de violencias basadas en género en universidades e instituciones de educación superior.
• Que ordene la modificación del protocolo de la Universidad para que mejore en tres sentidos:  i) más participación de las estudiantes dentro de los procesos, ii) plazos más razonables en los procesos e investigaciones disciplinarias y iii) medidas de protección inmediatas para quienes denuncian.
• Que ordene vincular a la Procuraduría General de la Nación para que se encargue del seguimiento y cumplimiento de todas las órdenes, así como de la apertura de los procesos disciplinarios que deriven de este caso.
• Que, ante la evidente falta de diligencia en la investigación en la Universidad, el Consejo Superior de la misma i) realice las modificaciones pertinentes dentro de su normativa interna para garantizar plenamente los derechos de las potenciales víctimas de acoso escolar y sexual en la Universidad, y ii) ofrezca disculpas públicas ante la dilación, la falta de diligencia y la ausencia de enfoque de género en la investigación disciplinaria, a través de una comunicación hecha personalmente por el Rector y la Decana de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad.

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