Esta solicitud obedece a que existen bases científicas plausibles según las cuales la aspersión con glifosato puede causar efectos profundamente dañinos a la salud humana  – como el cáncer  –  y al ambiente  sano. Específicamente el concepto emitido por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, el 20 de marzo de 2015, que identificó al glifosato como un posible agente cancerígeno. Esta clasificación fue acogida por el Ministerio de Salud en la solicitud elevada al Consejo Nacional de Estupefacientes el 24 de abril para que se suspendan las aspersiones aéreas.  Ante la incertidumbre científica sobre la magnitud de los daños que puede causar el glifosato, debe aplicarse el principio de precaución al PECIG – Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con el herbicida Glifosato -, como criterio de rango constitucional que obliga a las autoridades gubernamentales a la adopción de medidas concretas para evitar violaciones a los derechos de las comunidades rurales del país.  En el mismo sentido, solicitamos al Consejo Nacional de Estupefacientes la adopción del acto administrativo correspondiente para dejar sin vigencia  la Resolución 013 expedida el 27 de junio de 2003, por ese mismo órgano, en el que se establece la reglamentación de las aspersiones aéreas.

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