Cuando se firmó el acuerdo colectivo para la sustitución de cultivos ilícitos entre el Gobierno nacional y 1.651 familias que hacen parte del Consejo Comunitario Río Mejicano, en Tumaco (Nariño), hubo mucha ilusión. Para entonces, marzo de 2018, se pretendía iniciar la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), según lo pactado en el punto 4 del Acuerdo Final de Paz. Sin embargo, tres años después, ante los incumplimientos e irregularidades que se evidenciaron en el desarrollo del PNIS, el representante legal de dicho consejo comunitario interpuso una tutela para proteger los derechos fundamentales vulnerados a su comunidad.

Y es que, por ejemplo, en el proceso de inscripción individual de las familias al PNIS, las jornadas debían llevarse a cabo en lugares a más de una hora en lancha desde sus hogares, sin tener en cuenta las dificultades de desplazamiento que conllevaba. Esto ocasionó la exclusión de al menos 400 hogares que no lograron trasladarse. Por otro lado, también hubo errores a la hora de diligenciar los formularios para ingresar al programa, lo cual en gran medida se debió a la falta de pedagogía para surtir este trámite, ocasionando que en cientos de casos la información consignada fuera inexacta, pese a la buena disposición y voluntad de las personas que le apostaron al PNIS.

Por otro lado, familias que hacían parte de un programa de conservación ambiental que terminó en 2011 o que tuvieron vinculación laboral en los cinco años posteriores a la inscripción también fueron suspendidas e incluso retiradas del programa, condiciones que no estaban reguladas al momento de la inscripción, por lo que parecen normas que aparecieron y fueron impuestas luego de firmarse los acuerdos con las familias. La Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos (DSCI) no justificó estas decisiones y, por el contrario, ni las notificaciones han sido efectivas ni se ha garantizado el debido proceso para controvertir los hechos.

Otro de los motivos para interponer la tutela, quizás el más grave, es que tras cuatro años de la firma de los acuerdos, la DSCI aún no efectuó la totalidad de los pagos del Plan de Atención Inmediata (PAI), lo que según el cronograma debía suceder durante el primer año de implementación del programa. Específicamente, a la fecha en que se interpuso la tutela, 348 familias no habían recibido el primer pago y 251 familias estaban pendientes de uno o varios pagos, sin dejar de mencionar que dentro del apoyo a proyectos productivos contemplados en el PNIS, y medidos según su naturaleza como ciclos de corto y largo plazo, solo 165 personas recibieron atención para el primer tipo y no hubo avance para aquellos proyectos del segundo tipo. 

La realidad de los incumplimientos a las personas que se comprometieron con la sustitución de cultivos ilícitos en Nariño, y específicamente en Tumaco, no es exclusiva de Río Mejicano. El Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera también presentó una tutela y la comunidad argumenta que también existen irregularidades e incumplimientos similares. En el primer caso, Dejusticia es una de las organizaciones que intervienen en un proceso que ya está en la Corte Constitucional. 

¿Qué le dijimos a la Corte Constitucional?

Ante el panorama del departamento, del municipio y del consejo comunitario, y frente a las irregularidades y los incumplimientos antes descritos, desde Dejusticia presentamos una  intervención ante la Corte Constitucional que respalda la tutela interpuesta y que, en síntesis, argumenta lo siguiente:

1. La DSCI vulneró los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la igualdad y al mínimo vital de los integrantes del Consejo Comunitario Río Mejicano que suscribieron acuerdos colectivos y/o familiares para hacer parte del PNIS, al suspenderlos o excluirlos del programa por razones injustificadas, o por haberlos suspendido del programa bajo procedimientos irregulares y sin el respeto al derecho de contradicción y prueba. 
2. Los acuerdos colectivos y familiares son instrumentos que formalizan los compromisos de las comunidades y el Gobierno nacional dentro del PNIS. Por lo tanto, funcionan como actos administrativos de carácter particular y consensual, pues contienen la manifestación consensuada de la voluntad del Estado y de las familias para cumplir con las prestaciones y compromisos dentro del programa, por lo cual tienen efectos plenamente vinculantes.
3. Pedimos a la Corte ordenar al Gobierno nacional: realizar nuevas jornadas de inscripción individual al programa que sean accesibles; cumplir cuanto antes con los pagos pendientes del Plan de Atención Inmediata (PAI); reintegrar a las familias suspendidas y retiradas del programa bajo causales no contempladas previamente en el programa; reiniciar el procedimiento administrativo de aquellas personas o familias que fueron excluidas del programa sin el respeto a su derecho al debido proceso administrativo, el cual debe incluir la etapa previa de persuasión; resolver cuanto antes la situación jurídica de las personas o familias que fueron suspendidas del programa; y cumplir en un plazo razonable con los procedimientos de asistencia técnica y el desarrollo del proyecto de seguridad alimentaria, así como el desarrollo de los proyectos productivos de ciclo corto y largo del PNIS.

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¿Qué está pasando con el PNIS en Nariño?

Nariño es un epicentro en la producción de hoja de coca en el país, pues de los 14 enclaves productivos que se han identificado en Colombia, seis están en este departamento, según el informe de monitoreo más reciente (2021) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). 

Un enclave es, en síntesis, un área que concentra las siguientes características: mayor número de hectáreas sembradas por kilómetro cuadrado en comparación con otras, una afectación en el territorio supere los cuatro años, una alta productividad en los lotes de coca, presencia de todos los eslabones de la cadena productiva, cercanía a las rutas de tráfico y mejores precios de los derivados de la coca. Por eso es llamativo que un solo departamento concentre seis enclaves.

En cuanto a las hectáreas sembradas, el informe de UNODC detalla que a 2021 la región Pacífico (Nariño, Cauca, Valle y Chocó) alcanzó las 89.266, incrementando la cifra en 76 % con respecto a 2020. El dato más significante en este caso es que de ese total, en Nariño se concentraban 56.516 hectáreas, que además de que un año duplicó los cultivos, también significa que de los cuatro departamentos es el que agrupa más de la mitad, el 63,3 % de los existentes en la región.

Debido a esto, en este departamento hay 17.211 hogares beneficiarios del PNIS, principalmente en el municipio de Tumaco (más de 14.000), donde se encuentra el 14,2 % del total de familias inscritas en Colombia. 

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• Intervención de Dejusticia ante la Corte Constitucional