En noviembre de 2020, tras el paso del huracán Iota sobre Providencia y Santa Catalina, la Armada Nacional retomó una iniciativa para construir una base de guardacostas en la desembocadura del arroyo Bowden, en el sector de Old Town. Aunque este proyecto ya había sido rechazado por la población raizal en un proceso de consulta previa entre 2015 y 2017, la construcción de la base fue nuevamente retomada por la Armada en el año 2021. 

La Federación de Pescadores Artesanales de Providencia y Santa Catalina, integrada por la asoiaciones I-Fish, Pesproislas, Asopesboth y Fish and Farm, estuvo en contra de esta construcción, ya que la nueva base de guardacostas podría bloquear el ingreso de las embarcaciones pesqueras que arribaban en el muelle de la cooperativa Fish and Farm. Estas personas permanecieron por más de dos años en el Dignity Camp, un campamento permanente para rechazar la instalación de la estación militar en la desembocadura del arroyo. Asimismo, presentaron una acción popular ante el Tribunal Administrativo de San Andrés para que protegiera sus derechos colectivos, así como de toda la población raizal, al uso y goce del ambiente sano, y el cumplimiento de lo establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial de la isla, que no permite la construcción de edificaciones en cercanías de espacios medioambientales relevantes como el arroyo Bowden.

Durante el proceso judicial, la construcción de la base de guardacostas se detuvo. En diciembre de 2021, el Tribunal emitió una medida cautelar para que la Armada suspendiera la construcción hasta que se profiriera una sentencia de fondo. Esta decisión tomó más relevancia cuando este Tribunal, en la sentencia de primera instancia, ordenó la interrupción de la construcción. 

Tras una apelación por parte de la Armada, el caso se remitió al Consejo de Estado para que revisara la decisión del Tribunal. Al igual que I-Fish, desde Dejusticia presentamos una intervención solicitando mantener en firme lo logrado en el Tribunal. En la sentencia, del 22 de febrero de este año, finalmente se concluyó este proceso a favor de las peticiones de los pescadores.

Nuevamente, el Consejo de Estado respondió a la Armada que, aunque la Fuerza Pública puede realizar las acciones y proyectos pertinentes para la protección del orden público, está subordinada a las normas ambientales y urbanísticas que rigen a nivel general. Además, aclaró que en esta acción no se requiere que se presente un daño en específico que deba ser probado, sino que en este caso, la acción sirve de forma preventiva para la ocurrencia de efectos negativos para las poblaciones.

Por ende, la sentencia reiteró los dos argumentos principales que motivaron la acción popular desde 2021: por un lado, la construcción de la base afectaba de forma desproporcionada el ecosistema estratégico del arroyo y el manglar en la zona de Old Town. Y, por otro lado, la Armada no podía construir en el predio donde se pretendía hacer la base, porque es un lugar protegido específicamente en el Esquema de Ordenamiento Territorial de la isla y no contaba con todos los permisos ambientales para adelantarlo.

Si desea saber más sobre la lucha que ha adelantado la población raizal para proteger su territorio  tras el paso del huracán Iota, le recomendamos ver nuestro documental Providencia: la tormenta después del huracán.