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Las últimas cifras del Ministerio de Salud colombiano dejan ver al Chocó como el décimo departamento con mayor número de contagiados por el coronavirus: 1740 personas, entre las que han fallecido 51. | EFE

Llamado a las autoridades: siguen en riesgo los derechos a la salud y al trabajo digno del personal de salud de Quibdó

Aunque resultó favorable una tutela en la que intervenimos para proteger los derechos de los trabajadores del Hospital Ismael Roldán Valencia, los demandantes siguen en condiciones que pueden agravar los contagios por coronavirus.

Por: DejusticiaJuly 3, 2020

Los medios registraron la semana pasada la primera muerte por coronavirus de un médico en el Chocó. Se trataba de Heandel Rentería Córdoba, oriundo de Bagadó y quien había denunciado en redes sociales la suspensión del pago de su salario desde septiembre de 2019, pese a estar al frente de la atención de la emergencia por COVID-19 en un hospital de Quibdó.

El caso de Heandel ilustra la situación del personal de salud en la capital chocoana: riesgo, desprotección y sacrificio en nombre de salvar vidas durante la pandemia. Justo en esas condiciones, nueve trabajadores del Hospital Ismael Roldán Valencia de esta ciudad presentaron en mayo pasado una acción de tutela pidiendo que se respetaran sus derechos a la salud y al trabajo en condiciones dignas.

Este grupo, entre médicos, enfermeros y auxiliares de enfermería,  expuso en la tutela que los 209 funcionarios que trabajan en el centro asistencial no tenían elementos para protegerse de contraer el COVID-19 y carecían de las medidas locativas y de los protocolos para proteger la salud entre trabajadores y pacientes. En ese centro de salud falta un plan que identifique los peligros y riesgos biológicos en el ambiente de trabajo, la planta de tratamiento de aguas es deficiente y hay un déficit financiero de casi 6 mil millones de pesos.

Por fortuna, un juez ordenó establecer medidas de protección para evitar la propagación y el contagio del SARS-CoV-2/COVID-19 en el centro de salud, y exigió a una ARL, al hospital, a la Secretaría de Salud de Quibdó y la Alcaldía Municipal el cumplimiento de las órdenes.

Desde Dejusticia acompañamos la acción de tutela mediante un escrito de coadyuvancia que fue valorado en la sentencia, y celebramos la decisión del juez. En nuestra organización creemos que el número de vidas que se pueda salvar en medio de esta emergencia sanitaria depende en buena medida de la garantía efectiva de los derechos de quienes trabajan en los centros de salud.


Urge cumplir el fallo

Si bien el sentido de esta sentencia fue el apropiado para las difíciles circunstancias que vive el sector de la salud en Quibdó, hemos estado alerta a que las medidas ordenadas por el juez sean ejecutadas oportunamente y con el acompañamiento de todas las entidades obligadas en su cumplimiento.

Así las cosas, preocupa que a un mes de dictada la sentencia, los accionantes no hayan visto cambios en las condiciones de trabajo ni en los protocolos de seguridad necesarios para evitar que el personal de salud del Hospital Ismael Roldán Valencia se contagie por el COVID-19.

De acuerdo con Graciela Romaña, auxiliar de enfermería en ese centro asistencial y una de las accionantes, si bien con el fallo llegaron camuflados, calzado y tapabocas como dotación para el personal de salud, éstos son de mala calidad y, en su caso, ella tiene que seguir comprando implementos de trabajo para protegerse de un posible contagio.

“La preocupación de nosotras como personal asistencial de primera línea, que manejamos a pacientes sospechosos de COVID-19, a infectados, y que incluso hemos visto a algunos fallecer, es que tengamos que atenderlos con elementos de bioseguridad de mala calidad, que no cumplen con los estándares de la OMS y el Ministerio de Salud, y que nos ponen en alto riesgo”, afirma, y agrega que ya son 10 funcionarios de la institución que se contagian por el coronavirus.

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Según dejó por escrito en una carta del pasado 26 de junio, dirigida a la gerente del Hospital, Osiris del Carmen Casas, pese a las órdenes del fallo, tampoco se ha puesto en conocimiento del personal de salud la ruta, protocolos y plan de contingencia del centro asistencial para enfrentar la emergencia por el coronavirus, ni se ha retirado de las urgencias la sala para atender a pacientes sospechosos o contagiados por el COVID-19. “Esto es un peligro, porque justo se ubica entre los consultorios de consulta externa y el staff de enfermería, y no todos los pacientes consultan por esa causa ni están infectados”, añade Romaña vía telefónica.

Entretanto, el pago de la nómina del personal sigue con cinco meses de retraso, no se resuelve el tema de la planta de tratamiento de aguas residuales y hay lavamanos que no funcionan o que carecen de sistemas apropiados para no tener que ser manipulados con las manos.

Sobre los temores de la accionante, la gerente del Hospital acepta que ni el tema del pozo séptico ni el de una planta generadora de oxígeno se han resuelto, pero que con el fallo de tutela se ha avanzado en la señalización para prevenir los contagios dentro del centro de salud, en la compra de una cabina para transportar a los sospechosos o infectados y en la adquisición de elementos de protección para el personal.

Se necesita enfoque de derechos humanos

Con ocasión de nuestra intervención judicial, desde Dejusticia llamamos la atención sobre la necesidad de entender las deficiencias de este hospital de Quibdó como el reflejo de la inequidad sanitaria en el país: algunas regiones, generalmente habitadas por comunidades étnicas y racializadas, no cuentan con los recursos ni con las herramientas para enfrentar una crisis de salud de escala global.

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Cabe anotar que la salud individual y colectiva están ligadas a determinantes sociales, es decir, a las circunstancias y contextos en donde las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Por ello, para no profundizar las brechas sociales causadas por la crisis, es imprescindible priorizar la atención durante la pandemia en los sectores vulnerables y marginalizados del país. En otras palabras, emplear un enfoque de derechos humanos.

De acuerdo con datos del DANE, Quibdó es la capital del departamento con mayor índice de pobreza monetaria (58%) y tiene uno de los mayores índices de pobreza multidimensional (59,6%) en el país. En este departamento de más de 450 mil personas, cerca del 97% se autorreconoce como miembro de una comunidad étnica.

En materia de servicios públicos, uno de los determinantes sociales de la salud, el departamento y su capital están lejos del promedio nacional. Por ejemplo, la cobertura de acueducto en Chocó es del 29%, frente al promedio nacional que se aproxima al 87%. Apenas el 20% de las y los habitantes de este departamento cuentan con alcantarillado, y la mitad, con servicios de recolección de basuras. Esta es la situación de una región en donde casi la mitad de sus habitantes, además, viven en la ruralidad.

Ahora bien, los efectos de la actual emergencia sanitaria parecen seguir un siniestro patrón en donde las comunidades afro resultan especialmente afectadas. Según datos recogidos en estados y ciudades de Estados Unidos, la población afrodescendiente es la principal afectada por la pandemia. Nada extraño si se tienen en cuenta las inequidades sociales que ponen a esta población en desventaja frente al resto de la sociedad norteamericana.

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Por ejemplo, en Nueva York, centro de la pandemia en ese país, casi el 30% de las muertes por el nuevo coronavirus pertenecían a esta población; en Chicago, cerca de la mitad de los contagiados era de origen afro, y en el estado de Michigan, donde los afroamericanos conforman el 14% de la población, acumulan el 33% de los casos por COVID-19 y el 41% de las muertes.

Entretanto, las últimas cifras del Ministerio de Salud colombiano dejan ver al Chocó como el décimo departamento con mayor número de contagiados por el coronavirus: 1740 personas, entre las que han fallecido 51.

Carlos Libreros, pediatra desde hace 27 años en el principal hospital de ese departamento, el San Francisco de Asís, dice que ante la falta de “integralidad” en las medidas de protección para el personal de salud y los pacientes —ni él ni sus colegas tienen un lugar seguro para cambiarse la indumentaria y con frecuencia escasea el jabón para lavarse las manos — difícilmente el Chocó podrá encontrar una pronta salida a la emergencia.

“Con pésimas condiciones, tenemos la capacidad justa para atender la demanda por coronavirus en este momento, pero si la próxima semana aumenta, que es muy posible, sencillamente ya no tendremos cómo enfrentarlo en nuestros hospitales”, advierte, y teme que por la pobre infraestructura con la que trabaje él y sus compañeros sigan el destino del médico Heandel Rentería Córdoba.

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