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Lluvia de demandas

César Rodríguez Garavito
abril 1, 2016

Publicado en: El Espectador

Si los medios, la Contraloría y los ciudadanos quieren evitar el siguiente despojo a las finanzas públicas, deberían concentrarse en la lluvia de demandas que empresas multinacionales anuncian contra el Estado en virtud de los TLC. 

 

Las indemnizaciones que piden superarían con creces los sobrecostos de Reficar, las pérdidas por Saludcoop y los carruseles de contratación juntos.

Primero demandó Cosigo, la minera que aspiraba a extraer oro en el parque amazónico de Yaigojé-Apaporis. Alegando un título que no le daba derecho a explotar y que era a todas luces ilegal por estar en un territorio declarado previamente como parque natural, reclama una compensación de 16.500 millones de dólares. Son casi 50 millones de millones de pesos, equivalentes a cerca del 20% del presupuesto nacional para 2016 y más del doble del precio de venta de Isagén.

El caso ya estaba resuelto en Colombia. Todas las autoridades, comenzando por la Procuraduría y la Dirección de Parques Nacionales y terminando con la Corte Constitucional, habían constatado la legalidad del parque y la irregularidad del título. ¿Cómo logra revivirlo Cosigo? Gracias a una cláusula del TLC con Estados Unidos, que les permite a las empresas de ese país demandar a Colombia ante un tribunal de arbitramento internacional cuando estimen que las ha “expropiado”.

Hacia allá van los reclamos de otras empresas, descontentas por regulaciones nacionales que protegen el medio ambiente, la salud pública o las finanzas estatales. Glencore invoca el tratado de inversiones con Suiza para pedir los 60.000 millones de la multa que le impuso la Contraloría tras verificar que las minas de carbón de la empresa dejaban de pagar millonarias regalías al Estado. La farmacéutica suiza Novartis podría acudir al mismo mecanismo si el Ministerio de Salud toma la decisión legal y justificada de permitir la producción de versiones genéricas de un medicamento de esa compañía. Eco Oro, la minera canadiense que pretende extraer oro del páramo de Santurbán, anuncia demanda ante tribunal de arbitramento del TLC con Canadá si el Gobierno no le permite avanzar con sus planes, pese al fallo reciente de la Corte Constitucional que prohíbe la minería en los páramos.

La historia es tan larga y nutrida que voy a dedicarle otras columnas. Hace diez años, en una publicación de Dejusticia con Diana Rodríguez, advertí que las reglas sobre arbitraje del TLC recién firmado con EE.UU. llevarían a lo mismo que en otros países: atarían las manos del Estado para proteger el interés público y provocarían litigios ante tribunales de arbitraje que fallan a favor de las empresas en dos de cada tres casos. Le pedimos entonces a la Corte Constitucional declarar inconstitucional esa cláusula, por limitar desmedidamente la capacidad regulatoria estatal y discriminar a los inversionistas nacionales, que sí tienen que sujetarse a lo que digan las autoridades colombianas.

Lamento que nuestras razones se hayan comprobado. Y que la Corte, que dio su aval a esas reglas, hoy vea cómo sus fallos son desconocidos o acusados ante los tribunales privados que autorizó.

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