En el marco de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada entre el 15 y 19 de abril de 2024, entregamos una serie de recomendaciones para el informe final que pretende documentar los impactos de las distintas formas de violencia y vulneraciones a los derechos humanos, con especial atención a las dimensiones étnico-raciales y de género.

Dejusticia forma parte de las voces de la sociedad civil que entregaron insumos a la CIDH, con el fin de que se conozcan no sólo las realidades vividas por las comunidades afectadas, sino que se facilite la labor de identificación de responsabilidades estatales, se formulen recomendaciones concretas y se prevenga la repetición de estas vulneraciones. Este esfuerzo amplía la posibilidad de acceso a la justicia, promueve la reconciliación y contribuye a la construcción de paz en Colombia.

En esta oportunidad, enfocamos nuestros aportes en los siguientes ejes temáticos: una reforma que atienda las deficiencias del sistema de salud, los impactos de los proyectos de transición energética en territorio wayúu, la alerta sobre el mercado de bonos de carbono, la situación de las personas migrantes y refugiadas en Colombia y la necesidad de protección de los pueblos afrodescendientes e indígenas frente al despojo de sus territorios.

Reforma al Sistema de Salud

El sistema de salud en Colombia adolece desde hace varios años de problemas serios derivados de la falta de sostenibilidad financiera, las disparidades en el acceso, la carencia de especialistas y las condiciones deficientes para los profesionales de salud. Estas preocupaciones han alimentado un debate constante sobre la necesidad de reformas para abordar los problemas estructurales del sistema. Para hacer frente a estas deficiencias, el Gobierno Nacional está por presentar por tercera ocasión una reforma a la salud, tras el hundimiento de las dos anteriores.

Con el objetivo de orientar a la CIDH en los puntos de encuentro entre el Gobierno, la academia y otros actores involucrados, y avanzar hacia un sistema de salud más eficaz y equitativo, nos unimos al llamado de varios actores de la sociedad civil para que los tomadores de decisiones se comprometan con un proceso de reforma inclusivo, centrado en los derechos humanos y que priorice la participación y la transparencia. Para eso es indispensable que el Estado garantice: 

• Transparencia en la gestión de los recursos: Exigir la mayor transparencia, especialmente a las EPS, por medio de la creación de un ‘informe final de cuentas en salud’, donde se exponga claramente el manejo de sus recursos de cara a la ciudadanía.
• Mecanismos de veeduría ciudadana: Asegurar la participación activa de una veeduría independiente, con alta participación de miembros de la academia, facultades de medicina, profesionales sanitarios y usuarios del sistema, sin influencias del Gobierno o los entes privados de salud.
• Una transición ordenada: Brindar información clara y precisa a la ciudadanía y a los usuarios sobre los próximos pasos en la reforma al sistema; además, crear mecanismos que permitan una transición ordenada evitando la sensación de incertidumbre para los usuarios. 

Transición energética justa y garantía de derechos del pueblo Wayúu

En Colombia, el Gobierno Nacional ha querido posicionar a La Guajira, una de las regiones más pobres e inequitativas del país, como el epicentro de los proyectos de energía renovable. En ese intento, el Estado ha mostrado una falta de garantías para las comunidades Wayúu, así como una ausencia de regulación y vigilancia de la actividad de las empresas de energía eólica. El pueblo Wayúu sigue exigiendo procesos adecuados de consulta previa y una regulación más robusta de los impactos ambientales y sociales.

Cinco recomendaciones que entregamos a la CIDH sobre este tema: 

• Transparencia y rendición de cuentas: Se inste a las empresas y al gobierno a mejorar la transparencia y rendición de cuentas, especialmente en industrias extractivas y en proyectos de gran escala que afectan derechos humanos y ambientales.
• Procesos de diligencia debida obligatoria y responsabilidad de las empresas en sectores de alto impacto: Se inste al Estado Colombiano a promover y fortalecer los marcos de debida diligencia obligatoria y responsabilidad de las empresas para asegurar que las aquellas identifiquen, prevengan, mitiguen y reparen adecuadamente los impactos adversos sobre los derechos humanos.
• Articulación entre las diferentes entidades del Estado: Se inste al Estado Colombiano a promover la pronta constitución del Mecanismo Especial de Seguimiento y  Evaluación de Políticas Públicas (MESEPP)
• Creación de datos con rigurosidad: Se inste a las autoridades encargadas a promover la construcción de los Indicadores de Goce Efectivo de Derecho (IGED), con rigurosidad y eficiencia.
• Diálogo intercultural: Se inste a las autoridades encargadas de implementar políticas para la garantía de los derechos de la primera infancia en La Guajira a impulsar un diálogo intercultural y una participación genuina entre el Estado nacional y las comunidades, que permita incluir estas perspectivas en las políticas públicas. 

Situación de riesgo de las personas migrantes y refugiadas

Las personas migrantes y refugiadas en Colombia enfrentan múltiples barreras para acceder a la protección internacional y experimentan dificultades en la regularización migratoria, lo que impacta negativamente en su integración y ejercicio de derechos. La situación del conflicto armado en el país agrava aún más esta realidad para quienes se desplazan a lo largo del territorio. Colombia desempeña un papel crucial en la agenda migratoria regional, lo que resalta la urgente necesidad de fortalecer la cooperación regional e internacional con países vecinos y agencias humanitarias para abordar de manera integral la compleja situación migratoria en la región de América Latina.

Junto a diversas organizaciones que trabajan por los derechos de las personas migrantes y refugiadas en Colombia, presentamos a la CIDH las siguientes recomendaciones: 

• Implementar una revisión integral del sistema de asilo y refugio: garantizar el derecho a solicitar y recibir refugio en un plazo razonable y conforme a estándares internacionales e interamericanos.
• Establecer vías permanentes y accesibles de regularización: Estos mecanismos deben ser duraderos, de fácil acceso y orientados hacia la estabilización migratoria a largo plazo. 
• Promover y garantizar la integración socioeconómica: a través de programas y políticas que permitan garantizar los derechos a la salud, la educación, el trabajo, entre otros. La falta de un estatus migratorio regular, la  dificultad de la acreditación de experiencia laboral y la homologación de títulos, se ha convertido en la principal barrera para el ejercicio de estos derechos.
• Reconocer la doble afectación de ciertas personas por el conflicto armado: garantizar los derechos de todas las víctimas, sin importar su nacionalidad o estatus migratorio. Es esencial incluir esta situación en las políticas sobre migración forzada y conflicto armado para un diseño efectivo.
• Pedagogía y sensibilización contra el racismo, la xenofobia y cualquier otro tipo de discriminación: instar a las autoridades y líderes de opinión pública a abstenerse de usar afirmaciones que relacionen a personas de una nacionalidad, en particular con hechos delictivos. 
• Proporcionar protección efectiva y asistencia humanitaria: a las personas migrantes que atraviesan el Darién, San Andrés y otras rutas de tránsito, garantizando su seguridad, salud y bienestar durante el tránsito.
• Promover la participación significativa: habilitar mecanismos para que las personas refugiadas, migrantes, desplazadas forzosas y apátridas puedan participar en espacios de formulación, diseño e implementación de políticas públicas.

Presentado por: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia); Centro de Estudios de Migración, Universidad de Los Andes (CEM); Centro de Derechos Humanos Universidad Católica Andrés Bello; Red Jesuita con Migrantes LAC, Venezolanos en Barranquilla; El Barómetro; La Fundación Ideas Para la Paz (FIP), el Observatorio de Migraciones de la Universidad Externado, Colombia Diversa, Caribe Afirmativo, Fundación Mahuampi Venezuela, Servicio Jesuita a Refugiados y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES)

Protección a los pueblos indígenas y afrodescendientes 

Entre 2020 y 2022 fueron asesinados aproximadamente 247 líderes y lideresas, sabedores y sabedoras. En departamentos como Nariño, Putumayo, Valle del Cauca y Cauca se ha registrado un aumento significativo de homicidios, siembra de minas antipersonal, artefactos explosivos, confinamientos, amenazas individuales y colectivas, violaciones sexuales, especialmente dirigidas hacia las niñas, adolescentes y mujeres.

Desde Dejusticia, hacemos un llamado urgente a abordar la violencia derivada del conflicto armado que afecta a los pueblos indígenas y afrodescendientes. Todo esto con el fin de evitar que se presenten violaciones a los derechos, como las que han ocurrido en la amazonia colombiana, en el territorio Pirá Paraná y el de los Nukak Maku, o en Nariño en el resguardo indígena del Gran Cumbal.

Recomendaciones para el Gobierno Nacional, que deberían incluirse en el informe final:

• Territorio y derechos bioculturales: Reconocer la correlación entre las violaciones a los derechos humanos y el impacto en sus territorios. Esto implica el reconocimiento de los territorios como víctimas desde una perspectiva biocultural, según la cual la naturaleza y las comunidades tienen una relación inescindible y la supervivencia del uno depende del otro.
• Reconocimiento formal de territorios: Garantizar los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, descongestionando los procedimientos de reconocimiento formal de sus territorios. Crear un mecanismo que permita hacer un seguimiento adecuado.
• Derechos sexuales y reproductivos: Garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres indígenas, sin discriminación basada en su género, dentro o fuera de sus comunidades. Esto implica garantizar que no se repitan errores del pasado, como la exclusión de su derecho a decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
• Regulación sobre créditos de carbono: Regular el comercio de créditos de carbono, incluyendo mecanismos que garanticen: i) La supervisión de las actividades de las entidades que certifican la cantidad de créditos de carbono que pueden generar un proyecto y de los intermediarios que negocian con las comunidades; ii) La transparencia contractual; iii) El cumplimiento al derecho a la consulta previa y el consentimiento previo, libre e informado; iv) La protección de los Pueblos Indígenas frente al despojo de sus territorios, el debilitamiento de sus estructuras de gobierno y la fractura del tejido social de las comunidades. 

Esperamos que estos aportes sirvan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la elaboración de su informe final, entendiendo que Colombia afronta un escenario donde se intersectan diversas formas de violencia que afectan de manera desproporcionada a poblaciones vulnerables como los pueblos indígenas y afrodescendientes, las víctimas del conflicto armado y las personas migrantes y refugiadas.