Cuando uno revisa las condiciones que se requieren para que el país pueda superar sus problemas más agudos, se encuentra con una lista larga y desalentadora: mejoramiento de la justicia, mayor equidad social, control estatal sobre todo el territorio, fortalecimiento de los partidos políticos, etc. Sin embargo, hay algo de lo cual se habla poco y que en mi opinión debería estar en los primeros lugares de esa lista épica. Me refiero al fortalecimiento de la sociedad civil.

En Colombia tenemos Estado, pueblo, partidos, gremios, grupos criminales, burocracia, clases sociales, grupos étnicos; incluso, tenemos algo de identidad nacional, pero tenemos muy poco de sociedad civil. Es decir, muy poco de una sociedad independiente del Estado y organizada en defensa de valores cívicos y de intereses no políticos.

La sociedad civil es, ante todo, un sentimiento de unidad e independencia de la población frente al poder público. Desde allí, los gobernantes son vistos como lo que son, es decir, como sus mandatarios, no como sus patrones, ni como sus padres; menos aún, como sus redentores. Por eso se les respeta y se les aprecia cuando hacen las cosas bien, pero se les critica y se les juzga cuando se equivocan o se corrompen.

La sociedad civil tiene muy clara la diferencia que existe entre aquellos -los que gobiernan- y las instituciones que representan. Sabe muy bien que una cosa es estar encargado de ejercer el poder público y otra muy distinta, ser ese poder público. El Presidente no es lo mismo que la Presidencia. El Gobierno puede representar al Estado, pero no es el Estado. La Presidencia y el Estado son instituciones permanentes, que están en la Constitución y que la sociedad civil defiende con independencia de que los encargados de ejercer el poder político, es decir, los gobernantes, sean buenos o malos.

Los miembros de la sociedad civil se sienten cerca de las instituciones, pero guardan una prudente distancia frente a los gobernantes. Eso les permite salir en defensa de las instituciones cuando los gobernantes atentan contra ellas.

Pero en Colombia suele pasar lo contrario. Cuando los gobernantes abusan del poder político y son criticados por ello, arman todo un discurso patriotero exigiendo que la sociedad civil cierre filas en defensa de las instituciones que ellos supuestamente encarnan. Aquí, cuando los gobiernos llaman a la ciudadanía a «defender las instituciones» es porque veladamente solicitan que la gente cierre los ojos ante sus propios desafueros.

Defender las instituciones significa, en el lenguaje oficial, aceptar que el Estado necesita actuar con cierto grado de arbitrariedad, sin el cual -se dice- caeríamos en manos del enemigo. En esos casos, la obligación de respetar la ley, corazón de la institucionalidad, desaparece como por arte de magia.

Eso pasa porque la sociedad civil hace lo que le dicen: cierra filas en torno a los gobernantes y les da la espalda a las instituciones. Por eso es tan débil. Porque, o bien no está lo suficientemente cerca de las instituciones -por ejemplo, no defiende con ahínco la Constitución y las leyes- o bien está demasiado cerca de los gobernantes -por puestos, por intereses, por lealtades, etc.- y por eso permite que estos manejen las instituciones a su antojo.

Pero no todo está perdido, como lo demuestran las marchas contra el secuestro del pasado 5 de julio. Allí tuvo lugar una manifestación extraordinaria de unidad e independencia de la sociedad civil. Ojalá que esas marchas se repitan y que lo hagan contra todos los actores armados. Entonces podremos contar con al menos una de las condiciones que necesitamos para superar los grandes problemas del país.