Reiteramos que este nuevo proceso debe iniciar con un pacto fiscal amplio en donde exista la mayor concertación y deliberación posible, de forma que estén incluídas las voces de toda la ciudadanía, la cual tiene derecho a conocer, participar e incidir sobre las decisiones fiscales y tributarias que le serán aplicadas. | Anderson Rodríguez
Lo que no puede quedar por fuera de una nueva propuesta de reforma tributaria
Por: Dejusticia | mayo 10, 2021
El Gobierno Nacional anunció el retiro del proyecto de ley de reforma tributaria o “Ley de Solidaridad Sostenible”, que tenía el objetivo de recaudar más ingresos para hacerle frente a los gastos extraordinarios originados por la pandemia por COVID-19.
Tras largas jornadas de protestas, originadas inicialmente por el desacuerdo con este proyecto de ley, desde Dejusticia creemos que es una buena decisión el retiro y consideramos que es una oportunidad para que en el nuevo proyecto se construya un pacto social concertado con los distintos sectores de la sociedad y con una amplia participación ciudadana.
Creemos importante una reforma pues el país debe demostrar gobernabilidad fiscal ante los mercados internacionales y las calificadoras de riesgo, pero sobre todo porque debe mantener y fortalecer los programas sociales existentes como Ingreso Solidario, Devolución del IVA, Apoyo a la nómina para proteger el empleo formal, entre otros, al igual que crear nuevas políticas sociales que permitan contrarrestar el dramático aumento de la pobreza y la desigualdad en el país.
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Teniendo en cuenta cómo la pandemia ha acentuado las desigualdades existentes y ha creado nuevas desigualdades al concentrar sus impactos en la población más vulnerable, pensamos que este acuerdo debe centrarse en medidas verdaderamente redistributivas. Una reforma tributaria de este tipo debería basarse entonces en el principio de solidaridad, priorizando el recaudo en las personas de mayores ingresos en el país, especialmente las pertenecientes al 1% y 0,1% quienes son las que concentran una gran porción de los ingresos y la riqueza del país. De igual manera, debería enfocarse en corregir los elementos del sistema tributario que hacen que este se perciba injusto y que han generado el evidente rechazo entre los ciudadanos observado en los últimos días.
Para la construcción de una reforma tributaria basada en los principios constitucionales de progresividad, equidad y eficiencia, sugerimos contemplar estos puntos que no fueron abordados de manera integral en la anterior propuesta del Gobierno:
En materia de recaudo
• Volver permanente el impuesto al patrimonio, disminuir el umbral de pago y eliminar los descuentos que reducen la tarifa efectiva.
• Aumentar la tarifa para rentas de dividendos pero sin aumentar el monto exento.
• Reducir el monto tope de ingresos laborales exentos, y crear un sistema diferenciado por ingresos del porcentaje exento entendido como mínimo vital.
• Limitar los beneficios tributarios de rentas no laborales que han demostrado ser los mecanismos que utiliza el grupo poblacional de mayor ingreso para reducir su pago de impuestos.
• Revisar regímenes especiales de zonas francas y megainversiones.
• Eliminar beneficios sectoriales e intrasectoriales que rompen con la equidad horizontal, como los de la economía naranja o a la construcción de hoteles.
• Eliminar beneficios tributarios que continúan siendo regresivos, como los gastos de representación.
• No contemplar nuevas normalizaciones tributarias, que premian a contribuyentes que ocultan activos y patrimonios, sobretodo si no se refuerzan los castigos a la evasión y elusión tributaria.
• Incluir un impuesto específico a las bebidas endulzadas y fortalecer los impuestos saludables.
• No concentrar el peso del recaudo en la clase media. Sugerimos entonces la no eliminación del régimen exento del IVA en productos de la canasta familiar y en servicios públicos como energía, acueducto, alcantarillado, Internet y telefonía local.
• Incluir disposiciones que mejoren la transparencia tributaria, como el acceso a los microdatos de las declaraciones de renta anonimizadas, conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
• Aumentar la tarifa y cobertura del impuesto nacional al carbono.
En materia de gasto
• Abarcar a la totalidad de la población pobre y vulnerable en la devolución del IVA.
• Mantener los programas de transferencias monetarias dirigidos a quienes más lo necesitan, los cual han mostrado ser efectivos en contener los impactos negativos a esta población, además de fortalecerlos por medio de medidas como: i) incluir a la población en situación de vulnerabilidad económica, especialmente a aquellos que están en el margen del umbral de pobreza monetaria, ii) considerar un monto más adecuado que realmente permita suplir el mínimo de subsistencia de las familias.
• Incluir a la población migrante y afrodescendiente en los programas de promoción del empleo.
Si el nuevo texto de la reforma tributaria incluye los puntos anteriormente mencionados, puede ser un paso en la dirección de corregir los problemas estructurales de nuestro sistema fiscal, logrando un mayor recaudo que el actual, mayor redistribución y justicia social, a partir de la contribución efectiva de los sectores del país que ante la crisis están en mayor capacidad de aportar, sin verse dramáticamente impactados.
Reiteramos que este nuevo proceso debe iniciar con un pacto fiscal amplio en donde exista la mayor concertación y deliberación posible, de forma que estén incluídas las voces de toda la ciudadanía, la cual tiene derecho a conocer, participar e incidir sobre las decisiones fiscales y tributarias que le serán aplicadas.
De esta forma podemos hablar de una reforma verdaderamente solidaria.