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Desde Dejusticia queremos insistir en que la participación debe darse previamente a la toma de decisiones. Esto implica que los escenarios de participación tienen que garantizar el acceso oportuno a la información verificable, contextualizada, clara y siempre oportuna.  | EFE

Lo que un ciudadano debe saber para participar de las decisiones ambientales

La participación ciudadana es uno de los pilares de la democracia. A través de mecanismos políticos, administrativos y judiciales, los ciudadanos pueden participar e incidir en las decisiones relacionadas con el desarrollo de sus territorios y promover la protección de los recursos naturales. Para entenderlo mejor, presentamos dos documentos y un micrositio.

Por: DejusticiaMay 16, 2021

Para hablar sobre la defensa del territorio, el desarrollo y la protección medioambiental, hay que referirse a la participación ciudadana. Este es, en esencia, un concepto crucial para la democracia y el Estado colombiano que está protegido y salvaguardado por la Constitución Política. 

De hecho, en su artículo 79, la Constitución reconoce que todas las personas tienen el derecho a gozar de un medio ambiente sano y establece que la ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarla. Para la Corte Constitucional   se traduce en que deben abrirse espacios para que las personas puedan participar previa, voluntaria, amplia, suficiente y efectivamente en la toma de decisiones relativas a las actividades que puedan afectarles, evaluar sus impactos y definir las medidas de prevención, mitigación y compensación correspondientes. 

Es en este escenario en el que aparece el concepto de participación ciudadana, un derecho fundamental amparado por el artículo 40 de la Constitución y bajo el cual se crean mecanismos para que el pueblo pueda incidir sobre su propio desarrollo. Algunos de estos mecanismos, quizás los más conocidos, son el voto, el plebiscito, el referendo, el cabildo abierto, la iniciativa popular legislativa y la revocatoria del mandato. 

Sin embargo, en materia ambiental, no son los únicos. Los ciudadanos también tenemos a disposición la Consulta previa, el Derecho de Petición, las Veedurías y Auditorías Ciudadanas, la rendición de cuentas, la Audiencia pública general y ambiental, la Acción de Tutela, Acción Popular, la Acción de Nulidad, la Acción de cumplimiento, entre otros. 

Estos mecanismos, amparados por la Constitución Política y las leyes, son decisivos para los habitantes de una zona del país en la que, por ejemplo, esté en curso un proyecto minero, desde sus primeras exploraciones hasta el cierre de la mina. También son cruciales en proyectos petroleros enfocados en la comercialización del petróleo y el gas, las hidroeléctricas y cualquier otro proyecto, obra o actividad que genere impacto significativo en el medio ambiente.

Gracias a estos mecanismos (que pueden ser administrativos, políticos o judiciales), los ciudadanos tienen la posibilidad de ser escuchados y verse representados. Estos mecanismos no deben ser un mero trámite de información y socialización de proyectos y decisiones, sino espacios de diálogo abiertos a opiniones, inquietudes, reclamos de los habitantes que deben ser tenidos en cuenta en la decisión que tome la administración pública. 

Además, no es un asunto que atañe solo a los habitantes de un territorio. La participación ambiental también es importante para quienes pretenden desarrollar estas actividades, pues les permite relacionarse de manera constructiva con la comunidad y con ello proporcionarle más estabilidad a los proyectos que pretenden desarrollar y prevenir los conflictos. 

Por eso, para orientar mejor a nuestros lectores sobre cuáles son todas las herramientas que tienen a su disposición para garantizar su derecho al medio ambiente sano, lanzamos nuestro documento Mecanismos de participación ciudadana en los ciclos minero y de hidrocarburos, cuya premisa es presentar y explicar los mecanismos de participación que le permiten a la ciudadanía intervenir en los procesos de exploración y extracción de minerales e hidrocarburos.

En este documento, usted podrá encontrar los pasos a seguir para aplicar y poner en marcha cada uno de estos mecanismos, con un análisis de cuáles de ellos son pertinentes  en cada una de las fases de los ciclos minero o de hidrocarburos y qué uso se les puede dar.

Este 16 de mayo, justamente, se cumplen cuatro años de la adopción de la Consulta Popular de Cajamarca, que hoy goza de plenos efectos jurídicos, pero que se enfrenta a un escenario hostil dados los fallos de la Corte Constitucional que eliminaron la posibilidad de acudir a la consulta popular como medio de control ciudadano de orden municipal si ésta versa sobre un asunto con incidencia nacional.  Como consecuencia y ante la ausencia del legislador, el poder que tienen los ciudadanos de decidir sobre las actividades a desarrollar en sus municipios fue severamente limitado. 


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Pese al papel central de la participación ciudadana en asuntos ambientales que la Corte Constitucional ha resaltado, lo cierto es que la limitación a la consulta popular y a los acuerdos municipales que se oponen a actividades extractivas son percibidas como un retroceso en el camino de que la comunidad defina su destino ante decisiones que implican cambios críticos de sus proyectos de vida.

Desde Dejusticia queremos insistir en que la participación debe darse previamente a la toma de decisiones. Esto implica que los escenarios de participación tienen que garantizar el acceso oportuno a la información verificable, contextualizada, clara y siempre oportuna.  No puede originarse por presiones ilegítimas, sino en medio de un conocimiento adecuado y suficiente de las medidas a adoptar.

Finalmente, con todas estas posibilidades elaboramos un micrositio que usted puede consultar aquí, en el que hacemos un barrido por esta variedad de mecanismos incluyendo tanto los consagrados en el artículo 103 de la Constitución Política, como aquellos previstos dentro del curso de procesos administrativos o ante autoridades judiciales que pueden ser útiles para quienes defienden de su territorio.


Descargue la cartilla aquí


 

La participación ciudadana, un camino de saldos rojos y asimetrías

La participación ciudadana se ha convertido en un ingrediente fundamental de la gobernanza del sector extractivo en el país. Sin embargo, una de las paradojas hoy es que, aunque nunca antes fue tan fácil acceder a información de todo tipo, la ciudadanía se encuentra en una abismal desventaja democrática por no poder conocer los datos de los proyectos que afectarán su entorno.

En este interés por entender mejor las limitaciones de la participación ciudadana surgió nuestro documento La participación ciudadana en el sector extractivo en Colombia, de autoría de Fabio Velásquez, de la Fundación Foro Nacional por Colombia, en asocio con Dejusticia. 

Esta investigación contó con la financiación e interés del Centro de Inversión Sostenible de la Universidad de Columbia (CCSI, por sus siglas en inglés) y busca mostrar cómo las relaciones entre los diferentes actores que confluyen en la planeación, montaje y ejecución de proyectos extractivos impactan de forma desproporcionada la vida de las personas que habitan un territorio sin que el Estado garantice, efectivamente, el derecho a la participación ciudadana en asuntos ambientales.

El análisis muestra las asimetrías entre los diferentes actores para incidir en las decisiones relacionadas con la actividad extractiva en Colombia. Si bien el gobierno ha señalado que la industria extractiva es importante por las regalías y los impuestos para financiar la inversión pública, en el sector extractivo en Colombia predomina un esquema vertical jerárquico de toma de decisiones, en el que las principales determinaciones están concentradas en el gobierno (como el licenciamiento ambiental, la titulación, generación y distribución de regalías). 

Eso hace que los gobiernos locales tengan competencias que no son fundamentales en estas decisiones estratégicas y que se hayan sentido marginados de decisiones que afectan sus territorios. 

 

Algunos de las conclusiones de este análisis 

1. Los actores del sector (empresas de diferente tipo y escala, minería ancestral y de pequeña escala, mineros informales, etc.) se relacionan con ese esquema decisional dejando en evidencia las profundas brechas de información, de negociación, de influencia —en últimas, de poder— que imprimen su sello al sector extractivo en Colombia, a imagen y semejanza de lo que ocurre en otros países de la región. 

2. El resultado que arroja ese esquema es el alto grado de incidencia de los gremios de la minería y del petróleo en las decisiones de Gobierno, y la correlativa subordinación de los demás grupos a las políticas adoptadas en el nivel central.

3. A pesar del panorama desalentador, las consultas populares jugaron un papel clave, no solo en términos de reconocimiento y eficacia, sino de alineación de actores en torno al deber ser de la actividad extractiva en el país.

4. La polarización social y política es otro de los factores del entorno que dificultan los acercamientos. La idea de que quien piensa distinto no es un adversario sino un enemigo que hay que vencer ha fomentado odio y ha dejado heridas y cicatrices que no sanan fácilmente, sobre todo cuando los líderes políticos no emiten señales de acercamiento para sentarse a conversar y pensarse como país con presente y futuro.

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