Garantizar el acceso a la información, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y la defensa de los defensores del medio ambiente son algunas de las premisas del  Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación y Justicia en Asuntos Ambientales para América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, que entró en vigencia este 22 de abril, durante la conmemoración  del Día de la Tierra.

Este es un paso crucial para el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, un instrumento que permitirá la consolidación de mejores sistemas de información, más actualizados y acordes con reformas en el marco normativo a favor de la participación ciudadana y la justicia. El Acuerdo es único en su tipo: es el primero en consagrar la protección de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales y en contener disposiciones específicas para salvaguardarlos.

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“Desde la CEPAL se ha señalado que no es posible preservar el ambiente sin proteger a quienes lo defienden. Este Acuerdo es también por ellas y ellos y, por encima de todo, busca evitar que nadie más sea amenazado, atacado o asesinado por defender el ambiente en nuestra región”, dijo Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

El próximo escenario decisivo para el Acuerdo será la 1ª Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, que deberá celebrarse este 2021 y será convocada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. A la fecha, el Acuerdo ha sido firmado por 24 países y ratificado por 12. 

En este espacio, la Conferencia de las Partes, es decir, la reunión de los países participantes del Acuerdo, deberá deliberar y poner en consenso sus reglas de procedimiento para que este instrumento se haga realidad. El compromiso es que cada una de las Partes debe adoptar todas las medidas necesarias, de naturaleza legislativa, reglamentaria, administrativa u otra, para garantizar la implementación del Acuerdo.

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De esta manera, la Conferencia de las Partes comenzará a tener grupos de trabajo dedicados al Acuerdo y entregará informes periódicos y recomendaciones a las partes sobre los tres derechos que promueve y sobre los entornos seguros para los defensores y defensoras ambientales de América Latina y el Caribe.

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El Acuerdo se adoptó en 2018 en Escazú, Costa Rica, tras seis años de negociaciones entre los países de América Latina y el Caribe. Está basado en el numeral 10 de la Declaración de Río, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

Descargue aquí el comunicado de la Alianza Escazú Ahora Colombia

Descargue aquí el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe