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Los abogados

Mauricio García Villegas
diciembre 5, 2008

Publicado en: El Espectador

MIENTRAS MAYOR ES EL IMPACTO PÚblico de una profesión, mayor interés tiene el Estado en regularla. Es por eso que los médicos, por ejemplo, tienen más restricciones para ejercer su profesión que, digamos, los antropólogos. ¿Y los abogados? Pues con el derecho pasa lo mismo que con la medicina: dada la incidencia que los abogados tienen en la vida pública —la calidad y probidad de los abogados son indispensables para el buen funcionamiento de la justicia y para el ejercicio y protección de los derechos ciudadanos—el Estado pone límites al libre ejercicio de la profesión.

 

MIENTRAS MAYOR ES EL IMPACTO PÚblico de una profesión, mayor interés tiene el Estado en regularla. Es por eso que los médicos, por ejemplo, tienen más restricciones para ejercer su profesión que, digamos, los antropólogos. ¿Y los abogados? Pues con el derecho pasa lo mismo que con la medicina: dada la incidencia que los abogados tienen en la vida pública —la calidad y probidad de los abogados son indispensables para el buen funcionamiento de la justicia y para el ejercicio y protección de los derechos ciudadanos—el Estado pone límites al libre ejercicio de la profesión.
Así debería ser, pero en Colombia el Estado no ejerce casi ningún control sobre los abogados, ni sobre las facultades en donde estudian. Desde que se promulgó la Ley 30 de 1994, que regula los estudios de derecho, los requisitos para crear facultades de leyes han sido prácticamente inexistentes. Eso explica que el número de programas de derecho haya pasado de 66 en 1994 a 178 en 2007. La mayor parte de estas nuevas facultades han sido creadas por abogados litigantes, en ciudades intermedias y con fines económicos o políticos, más que académicos. A ellas ingresan, por lo general, los estudiantes que no tienen el dinero para pagar el cupo en las facultades de élite o que no pasan el examen para entrar a las universidades públicas.

Mientras que en otros países es la universidad pública la que responde al aumento de la demanda educativa, en Colombia es una oferta privada, mediocre y sin controles la que lo hace. Como resultado de esto, tenemos el peor sistema posible de educación jurídica (y no sólo jurídica). Un sistema que es jerarquizado, como en los Estados Unidos, con universidades buenas, regulares y malas —a diferencia del sistema igualitario y estatal que existe en Europa—, pero en donde el ingreso no se hace por méritos, como sucede en los Estados Unidos, sino por clase social, es decir, por dinero. Los estudiantes ricos van a las facultades privadas de élite, mientras que los demás van a las privadas pobres y de peor calidad (salvo cuando logran un cupo en una universidad pública). Como quien dice, tratando de copiar a los gringos, hemos creado un mamarracho que no es ni liberal, ni democrático, sino oligárquico.

Nada de esto sería tan grave si hubiese controles de salida, es decir, controles al ejercicio profesional. Pero tampoco. En Colombia no existen, como en todos los países desarrollados, filtros que restrinjan el ingreso de los abogados recién egresados al mundo laboral. Aquí basta con tener un título de abogado —venga de donde viniere— para poder litigar y sólo hay que esperar un par de años, incluso sin hacer nada, para poder ser juez. No existe un examen de Estado, que serviría para filtrar a los abogados mal preparados, ni tampoco existe afiliación obligatoria a los colegios de abogados, los cuales cumplen funciones públicas de regulación y vigilancia.

En un país asediado por las mafias y los grupos armados de toda índole, el fortalecimiento de la justicia debería ser uno de los grandes propósitos nacionales, como lo fue en su momento el fortalecimiento del Ejército. Para lograr eso habría que empezar por regular en serio las facultades de derecho y por establecer una colegiatura obligatoria para controlar el ejercicio profesional. Por desgracia, existen demasiados intereses económicos y políticos en contra de estas dos iniciativas. Pero esto lo dejo para otra columna.

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