El pasado 24 de diciembre, en plena Navidad, fue asesinada Lucy Villarreal en Tumaco, una lideresa social, defensora de la vida y la cultura, quien además tenía un papel protagónico en el Carnaval de Blancos y Negros, y estaba coordinando la exposición Mujeres, sur y vida, que exalta a las defensoras de derechos humanos en la región. La señora Villarreal era madre de dos menores de edad y fue asesinada después de haber dictado un taller pedagógico para niños.

Me excuso porque el tema doloroso de esta columna enturbie el merecido descanso navideño, en el que usualmente buscamos un cierto alejamiento de nuestros problemas cotidianos. Pero es que la matazón de líderes sociales y guerrilleros desmovilizados ni siquiera dio tregua navideña. Además del de Lucy Villarreal, en estos días ocurrieron otros asesinatos, como los de Jairo Ortiz, de la Guardia Indígena, y Reinaldo Carrillo Vera, de la ANUC, en el Huila, o el de Gustavo Adolfo Cárdenas, del Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado (Sunet), en el Valle. Y posiblemente, según lo señaló su madre, el asesinato de Natalia Jiménez y su esposo, Rodrigo Monsalve, pudo estar relacionado con su defensa del medio ambiente y de las comunidades. Y pudieron ocurrir otros asesinatos que no fueron registrados.

Aunque hay discrepancias sobre las cifras, hay consenso en que es una matazón terrible: un estudio hecho por la colega Valentina Rozo y Patrick Ball, el experto mundial en estos temas, estimó, cruzando las principales bases de datos sobre estos homicidios, que de 2016 hasta finales de 2018 habían sido asesinados 635 líderes sociales, a los cuales habría que agregar los de 2019, que según Indepaz superan los 200. A estos homicidios de líderes sociales debemos sumar los de los exguerrilleros reinsertados de las extintas Farc, que suman ya más de 140 desde la desmovilización de esa guerrilla.

Esta matazón es terrible no solo por el drama humano detrás de cada uno de esos crímenes, sino además por sus graves efectos sobre nuestra precaria democracia y la paz. Cada asesinato de un líder social es un empobrecimiento de la democracia, pues sin líderes sociales que puedan ejercer sin temores su derecho a defender derechos no puede haber una democracia vibrante. Y cada asesinato de un guerrillero reinsertado pone en grave riesgo el Acuerdo de Paz.

Esta matazón de líderes sociales y exguerrilleros reinsertados es tal vez el problema más serio de derechos humanos de Colombia. Además, la política del gobierno Duque para enfrentarlo no está funcionando, contrariamente a lo sostenido hace algunos meses por su consejero presidencial Francisco Barbosa, quien aseguró irresponsablemente que gracias a esa política estos crímenes habían disminuido significativamente. En una columna previa mostré que esas afirmaciones no tenían ningún sustento académico y eran errores fatales, pues implicaban mantener una política de precarios resultados.

El gobierno Duque tiene que reconocer la ineficacia de su política y reorientarla, poniendo en marcha los mecanismos previstos en el Acuerdo de Paz, que podrían tener mejores resultados por cuanto pasan de la protección individual de los líderes amenazados, que es a veces necesaria pero insuficiente, a la búsqueda de unas garantías colectivas que remuevan los factores, nacionales y regionales, que alimentan esta violencia. A su vez, los nuevos mandatarios regionales tienen el deber de desarrollar estrategias locales en esa misma dirección. Y nosotros, como ciudadanos, debemos seguir movilizándonos para expresar nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias, y para exigir respuestas apropiadas del Estado.