Este 16 de mayo se cumple un año desde que la Corte Constitucional escuchó a las mujeres cuidadoras. En la sentencia T-159 de 2023, el alto tribunal falló a favor de 24 mujeres en condiciones de vulnerabilidad que en 2020 presentaron una tutela con el apoyo de Dejusticia por haber sido excluidas del Programa Ingreso Solidario (PIS), creado por el Gobierno de ese momento para apoyar con subsidios a los hogares más pobres durante la pandemia. En la tutela,solicitamos a la Corte que este grupo de mujeres fueran incluidas en el PIS y que se  ordenaran medidas concretas para corregir algunas fallas del programa, como la información desactualizada de las potenciales beneficiarias o la falta de claridad en los criterios de selección. 

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La sentencia de la Corte significó un avance importante para Colombia en materia del reconocimiento del trabajo de cuidado y de los derechos de las personas cuidadoras. A pesar de que las 24 accionantes ya no se verían beneficiadas de forma individual, pues el Programa había dejado de existir para el momento de la sentencia, la sentencia ordenó una serie de medidas para garantizar que en el futuro las cuidadoras sean incluidas y priorizadas en otros programas similares.

A un año de este fallo, en Dejusticia analizamos cómo va la implementación de las seis órdenes más relevantes dictadas por la Corte. Para ello, enviamos derechos de petición a cada una de las entidades encargadas de cumplirlas y analizamos sus respuestas.

1. Diseñar y ejecutar una política pública focalizada en las mujeres cuidadoras y con trabajos informales que se encuentren en situación de vulnerabilidad

• Entidad encargada: Presidencia de la República
• ¿En qué va? El gobierno actual creó el programa de transferencias monetarias Renta Ciudadana, encargado de unificar los diferentes subsidios que ya existían en el país, entre esos el correspondiente al Programa de Ingreso Solidario. Está destinado a los hogares que viven en pobreza extrema y proyecta beneficiar a 2.8 millones de hogares. Aunque el programa no fue diseñado específicamente para la población de mujeres cuidadoras, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) propuso darle prioridad a los hogares con una alta carga del cuidado, por ejemplo, hogares monoparentales de jefatura femenina con niños(as) menores de 6 años, o aquellos donde viva una persona con discapacidad que requiera cuidados.

2. Crear herramientas para asesorar con un enfoque interseccional a las potenciales beneficiarias del programa y así eliminar las barreras de acceso que suelen enfrentar a la hora de acceder a los subsidios

• Entidad encargada: Presidencia de la República
• ¿En qué va? No obtuvimos respuesta al derecho de petición.

3. Crear mecanismos de atención y acompañamiento para las personas interesadas en ser beneficiarias del programa diseñado por la Presidencia

• Entidad encargada: Defensoría del Pueblo
• ¿En qué va? Le preguntamos a la Defensoría si ha creado mecanismos de acompañamiento para la inscripción de hogares en el Sisben IV (que es la principal fuente de información para elegir a los beneficiarios de Renta Ciudadana) o a los programas de transferencias monetarias. La respuesta fue negativa, porque estos mecanismos de apoyo no existen y tampoco hay un plan o trámite para su creación. La razón es que “la Presidencia de la República aún no cuenta con una política pública aprobada al respecto”. 

4. Evaluar la manera como se está manejando la información y establecer mejores prácticas para garantizar la uniformidad de la información del Sisbén IV

• Entidad encargada: Departamento Nacional de Planeación (DNP)
• ¿En qué va? Preguntamos qué medidas han tomado para mejorar la recolección de información en el Sisben IV. El DNP actualizó su estrategia para clasificar a los hogares en las categorías de pobreza que establece el Sisben. Ahora la información basada en encuestas está cruzada con la información de múltiples bases de datos reunidas en el Registro Social de Hogares. De esta forma, ya no es necesario que los hogares soliciten una nueva encuesta para que el Sisben esté al día con su situación socioeconómica, sin embargo, aún no se ha creado algún otro mecanismo para focalizar programas de transferencias monetarias con enfoque de género.  

5. Investigar por qué el juzgado que tenía a cargo esta tutela se demoró tanto en enviar el expediente a la Corte Constitucional para su revisión 

• Entidad encargada: Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
• ¿En qué va? La Comisión respondió a nuestro derecho de petición que no tienen avances que reportar.
  

6. Hacer seguimiento al cumplimiento de la sentencia

• Entidad encargada: Procuraduría General de la Nación 
• ¿En qué va? No obtuvimos respuesta al derecho de petición.