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Los beneficios inmateriales del acuerdo

Mauricio García Villegas
septiembre 26, 2015

Publicado en: El Espectador

En 1966 Camilo Torres justificó su adhesión a la guerrilla diciendo que “las vías legales estaban agotadas” y que, por lo tanto, sólo quedaban las armas para cambiar el país.

 

Un poco más tarde, en Bogotá, en el campus de la Universidad Nacional, unos estudiantes decapitaron la estatua del General Santander, conocido como “el hombre de las leyes”, y bautizaron la plaza central de la Universidad con el nombre de Plaza Ché Guevara. Años después, en noviembre de 1985, el M-19 se tomó a sangre y fuego el Palacio de Justicia, símbolo del derecho y de la institucionalidad, causando una de las tragedias más dolorosas de la historia nacional.

Estos tres acontecimientos fueron inspirados en un odio similar contra el derecho y el Estado, difundido por la versión criolla del marxismo soviético que popularizó la izquierda colombiana entre 1960 y 1990. Ese odio se sustentaba en dos postulados. Primero, en la imposibilidad de lograr cambios sociales por las vías legales, y segundo, en el uso del derecho como parte de una estrategia política de combinación de medios de lucha (legales e ilegales) contra la burguesía.

Pero el odio contra el derecho y las instituciones empezó a perder fuerza a finales de los 80 y entró en crisis un poco más tarde con la indignación popular que produjeron el secuestro y otros crímenes cometidos por las guerrillas. Un hecho fundamental que debilitó este odio fue la promulgación de la Constitución del 91 y la posibilidad allí prevista de que las minorías, las víctimas y los grupos subordinados pudieran acudir a la tutela para obtener el reconocimiento de sus derechos. Tal posibilidad puso en evidencia que el derecho podía, al menos en ciertos casos, estar de lado de las causas populares. También sirvió para mostrar que la realidad del derecho depende mucho de la lucha política por su interpretación: si la izquierda se margina de esa lucha con el argumento de que el derecho es irremediablemente burgués y dominador, la suerte de las normas jurídicas queda en manos de las fuerzas políticas más conservadoras, con lo cual ella misma (la izquierda) contribuye a producir, en una especie de predicción auto-cumplida, aquello que denuncia.

Todos estos hechos cambiaron la percepción que muchos militantes de izquierda tenían del Estado y de la guerrilla: ni aquel era ese ogro que decían los subversivos, ni estos eran ese grupo de filántropos que pretendían ser. A partir de allí empezó un proceso de reconciliación de la izquierda radical con el derecho.

El acuerdo que se logró esta semana en La Habana es un evento adicional, y ojalá definitivo, en esa reconciliación. Por eso, entre otras cosas, es un hecho tan importante. Lo pongo en otros términos: los beneficios de ese acuerdo no sólo deben medirse en los términos materiales de la disminución de muertos y atentados contra la infraestructura y el aparato productivo, que ya de por sí son enormes. También deben medirse por la contribución que este acuerdo hace al fortalecimiento de una cultura política que valoriza el respeto por las reglas de juego y la tramitación pacífica de los conflictos. Esos dos beneficios juntos valen oro.

El acuerdo de La Habana tiene, además, un efecto de contagio: cuando la izquierda radical acabe de incorporar las luchas jurídicas como parte de su estrategia política y erradique de una vez por todas la combinación de todas las formas de lucha, la extrema derecha contará con condiciones mucho menos favorables para justificar sus excesos belicistas y su propia inclinación a subordinar (ella también) el derecho a sus intereses políticos. Quizás esto ayude a explicar el descontento del procurador y del Centro Democrático con el contenido de este acuerdo.

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