Los costos del régimen electoral uribista

Por: Javier Eduardo Revelo Rebolledofebrero 27, 2010

En los últimos años el uribismo tomó tres decisiones que traerán como consecuencia la materialización de la impunidad política y la indisciplina en estas elecciones.


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En los últimos años el uribismo tomó tres decisiones que traerán como consecuencia la materialización de la impunidad política y la indisciplina en estas elecciones.

Los economistas afirman que toda decisión tiene sus costos y que éstos no siempre son asumidos por quien decide. Pues bien, en los últimos años el uribismo tomó tres decisiones cuyos costos para la autenticidad de la democracia colombiana se evidenciarán en 2010. Me explico:

La primera decisión del uribismo fue hundir un proyecto de reforma política en 2008. Ese proyecto buscaba evitar la ilegalidad en la política y sancionar a los partidos políticos por las alianzas de sus miembros con los ilegales. El proyecto, por ejemplo, prohibía que familiares de políticos condenados por favorecer a los ilegales fueran candidatos. La idea era evitar que el caudal electoral de los condenados fuera reciclado por sus familiares. Adicionalmente, el proyecto sancionaba a los partidos con la suspensión o pérdida de la curul en el Congreso cuando algunos de sus miembros resultaran investigados o condenados (la silla vacía).

El presidente Uribe, en el último debate legislativo, hundió el proyecto porque “iba en contra de los logros de la seguridad democrática”. Esa decisión le permitió al uribismo conservar las mayorías necesarias para aprobar dos reformas políticas en 2009, y apoyar las candidaturas tanto de políticos cuestionados como de sus familiares en 2010 (http://www.lasillavacia.com/historia/6540). Los costos de esta decisión son la impunidad política y el reciclaje electoral.

La segunda decisión costosa para la democracia fue la reforma política de 2009 (Acto Legislativo 1). Al año siguiente de haber hundido el primer proyecto, el uribismo aprobó una reforma política con el objetivo de prevenir y sancionar la ilegalidad en la política. A pesar de ello, esa reforma fortaleció y fortalecerá a la coalición de gobierno en 2010 a costa de la impunidad política y de la indisciplina partidista.

De un lado, la reforma política sólo sancionará a los partidos que, luego de 2009, avalen candidatos aliados con ilegales. Esto implica que el Congreso evadió las sanciones políticas por los hechos de 2002 y 2006. Pero eso no es todo. El Legislativo también supeditó la aplicación de las sanciones a una ley estatutaria, ley ésta, que no se ha aprobado aún. Es por esta razón, que el Congreso más cuestionado de la historia se retirará impune.

De otro lado, la reforma de 2009 también le permitió a los políticos cambiar de partido sin renunciar a la curul y sin ser sancionados por hacerlo (el llamado transfuguismo). Los cambios de partido así autorizados, fortalecieron a la coalición uribista a costa de la disciplina de partido.

La tercera decisión del uribismo fue la expedición de la ley del referendo de la segunda reelección (Ley 1354 de 2009). En la aprobación de esta ley, influyó la impunidad política y el transfuguismo de las dos reformas políticas ya mencionadas: la hundida y la aprobada. La Corte Constitucional constató los costos que una segunda reelección traería para la democracia y el Estado de derecho, y declaró inconstitucional la ley.

Con estas decisiones el uribismo edificó un régimen electoral que difícilmente permitirá enfrentar los graves peligros de la democracia en Colombia. Si este panorama de mediano plazo es correcto, el año electoral de 2010 materializará la impunidad política y la indisciplina partidista.

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