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Los derechos civiles de las familias de los desaparecidos deben ser protegidos
Por: Dejusticia | agosto 31, 2017
La familia de Miguel Ángel Díaz, miembro desaparecido de la Unión Patriótica (UP), se encuentra a la espera del fallo de una nulidad interpuesta a la Corte Constitucional, en un intento por salvar una casa adquirida mediante un crédito con el Fondo Nacional del Ahorro, cuando Miguel Ángel aún vivía con su esposa y sus tres hijas.
Tras la desaparición de Miguel Ángel, en 1984, la familia no pudo continuar pagando las cuotas del préstamo y el inmueble entró en proceso de remate. Gloria Mansilla, esposa de Miguel Ángel, y sus tres hijas, interpusieron inicialmente una tutela ante la Corte Suprema de Justicia que buscaba defender su derecho a la igualdad, al debido proceso y a la memoria.
En defensa de los bienes de los desaparecidos. El caso de la familia de Miguel Ángel Díaz. from Dejusticia on Vimeo.
Después de que esta tutela les fuera negada en la Corte Suprema, la Corte Constitucional seleccionó el caso y lo decidió el año pasado. Pero su fallo también fue desfavorable. Entonces, Gloria Masilla interpuso una solicitud de nulidad basada en que la Corte no se había remitido a los precedentes adecuados para sustentar su negativa. De hecho, la sentencia de la Corte desconoció jurisprudencia suya sobre el deber de los jueces de tutela de flexibilizar el requisito del tiempo máximo que puede transcurrir entre la violación de un derecho y la presentación de una tutela, para personas de situación de vulnerabilidad, como las víctimas de desaparición forzada y sus familiares (especialmente en casos donde hubo persecución política como la que vivió la UP).
En este momento, la familia Díaz Mansilla espera el pronunciamiento de la Corte sobre la petición de nulidad. Esta podría ser la última oportunidad que tienen Gloria y sus hijas para no perder la casa, que las une a la memoria de su esposo y padre desaparecido.
En un país como Colombia, que tiene una situación dramática de desaparición forzada, si bien ha habido avances en la búsqueda de restos de personas desaparecidas y en la persecución de los responsables, aún faltan más desarrollos en los derechos civiles y sociales de las víctimas de desaparición forzada. Hasta ahora, la Corte no ha tenido oportunidad de referirse al alcance de la protección en el derecho civil de las víctimas de desaparición forzada, como el derecho a la propiedad.
Una decisión favorable en este caso no sería solo beneficiosa para Gloria Mansilla y sus hijas sino para muchas otras víctimas que están a punto de perder sus bienes por deberle al Estado créditos que dejaron de pagar después de desapariciones forzadas de familiares suyos, a manos de agentes del mismo Estado.