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Los impuestos en la república azucarera

César Rodríguez Garavito
diciembre 2, 2016

Con razón se dice que si una idea es criticada por ambos extremos, algo bueno debe de tener. Lo que no pudo la paz, lo está logrando el impuesto a las bebidas azucaradas que se debate en el Congreso y unió a senadores como Iván Duque y Jorge Enrique Robledo, que se resisten con igual ahínco a la medida.

 

La peculiar coincidencia hace pensar que la discusión es sobre algo
más profundo, algo que atraviesa el sistema político de lado a lado.
Sólo así se explica el frente cerrado de los gremios contra la medida.
Sólo así se entiende que medios y congresistas influyentes estén
amplificando el mensaje de la industria y distorsionando la evidencia
científica, como lo hizo en un video el senador Duque.

Si
la controversia fuera solo sobre el impuesto, se podría zanjar con
datos como los del Ministerio de Salud, o los que recojo en mi video de respuesta a Duque.
Un balance reciente de la Universidad de California muestra que los
todos los estudios independientes (es decir, los que no son financiados
por la industria) revelan una asociación entre bebidas azucaradas,
diabetes y obesidad. Y las máximas autoridades científicas, desde la
Organización Mundial de la Salud hasta la Escuela de Salud Pública de la
Universidad de Johns Hopkins, respaldan el impuesto.

Pero el
debate de fondo es si en Colombia se puede regular el azúcar o si, como
en los tiempos del rey banano, hay un sector intocable. El desenlace
dejará ver si la nuestra es una república azucarera. Es un nuevo round
de la discusión que vimos hace un año, cuando los mismos congresistas y
medios se abalanzaron contra el superintendente Pablo Robledo por
continuar la investigación iniciada por su predecesor José Miguel de la
Calle y multar ingenios que, según su investigación, inflaban los
precios mediante un cartel.

Ahora como entonces, resulta muy
difícil dar una discusión que proteja el interés público —el de la salud
de los ciudadanos y el sistema de salud— porque los intereses privados
alteran los tres elementos esenciales de un debate democrático y
razonado: los datos, los medios y los órganos políticos que toman las
decisiones. Como lo relató el New York Times, desde los años
sesenta la industria ha pagado estudios para que ignoren la evidencia
sobre los efectos nocivos del azúcar sobre la salud y desvíen la
atención hacia otros factores, como las grasas o el sedentarismo. Y en
países como Colombia, ha invertido en medios de comunicación, lobistas y
campañas de políticos que propagan el mismo mensaje, como lo dijo el ministro Alejandro Gaviria en este diario.

En
todo esto los productores de azúcar y bebidas azucaradas han seguido la
estrategia de la industria tabacalera, que ocultó por décadas el
vínculo entre cigarrillos y cáncer, como lo muestra la profesora Marion
Nestle en su libro Soda Politics. Hoy los impuestos al
cigarrillo son comunes alrededor del mundo porque reducen el consumo y
ayudan a cubrir los costos de enfermedades causadas por el tabaquismo.
El impuesto a las azucaradas va en la misma dirección. Ojalá no haga
falta que pasen décadas y cientos de miles casos de diabetes, obesidad y
muertes evitables para que el Congreso concluya lo mismo.

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