El 69.63% de los habitantes de Bojayá (Chocó) habilitados para votar en el plebiscito del 2 de octubre, que pretendía refrendar el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, no acudió a las urnas. De los 6.868 pobladores de este pueblo del pacífico facultados para decir si estaban de acuerdo o no con la “terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, sólo 2.086 lo hicieron. La gran mayoría (95,78%) votó por el Sí.

Sin embargo en esa jornada electoral triunfó el No en Colombia. Cuando se conocieron los resultados los líderes del pueblo se pronunciaron para denunciar que una gran porción de los abstencionistas no votaron porque, literalmente, no pudieron desplazarse hasta las urnas. Los principales afectados fueron las 32 comunidades indígenas del pueblo embera dobida que habitan en el municipio. La mayoría están asentadas en zonas remotas a las que acceder puede tomar hasta 12 horas en lancha.

Según el testimonio de líderes como Leyner Palacios Asprilla,  vocero del Comité por los Derechos de la Víctimas de Bojayá, la comunidad sintió una enorme frustración porque no pudo pronunciarse en un tema fundamental para ellos: el fin de la guerra con las Farc. El 2 de mayo del 2002 ese grupo armado provocó la peor tragedia en la historia de Bojayá, y uno de los capítulos más crudos del conflicto armado en Colombia. En enfrentamiento con los paramilitares, la guerrilla lanzó un cilindro bomba que cayó en la iglesia del pueblo, donde la comunidad se estaba resguardando de los combates. La explosión dejó 79 personas muertas, entre ellas 48 niños.

Estos argumentos hacen parte de una acción de tutela que un grupo de quince gobernadores y líderes indígenas de Bojayá, acompañados por Dejusticia, interpusieron en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral. Los demandantes argumentan que en el plebiscito del 2 de octubre (y en otros procesos electorales), estas instituciones no garantizaron sus derechos fundamentales al voto, a la participación política y a la igualdad.

Los líderes indígenas reclaman que ninguna de las 26 mesas de votación, que se instalaron en el municipio, estaba ubicada en sus comunidades. También manifiestan que los tarjetones electorales sólo estaban redactados en castellano, y no se tomaron medidas para facilitar el voto de quienes no hablan ese idioma. La mayoría de este pueblo indígena sólo habla embera.

Los demandantes sostienen, además, que el desplazamiento hasta las urnas representa un alto riesgo para ellos: “las únicas arterias de comunicación de la zona son ríos caudalosos y de difícil navegación (…) En el pasado, varias personas han fallecido en el trayecto que comunica nuestros asentamientos con el casco urbano del municipio”. Y los precios son insostenibles: “el trayecto es costoso y precisa de la compra de varias bombas de gasolina, cuyo precio se encuentra fuera de la capacidad de pago de las comunidades, que se dedican principalmente a actividades como la agricultura”.

La petición de los gobernadores y líderes del pueblo embera dobida es contundente: que se instalen puestos de votación en las 32 comunidades indígenas de Bojayá, para cualquier ejercicio electoral o de participación democrática a través del sufragio. También abren la posibilidad de que las urnas estén, al menos, dispuestas en comunidades ubicadas “de forma estratégica en nuestro territorio”, para que el resto de la población pueda desplazar fácilmente. Además piden definir “un mecanismo de votación que permita a las personas de este grupo étnico que no hablan castellano votar de forma individual, secreta y efectiva”.

La tutela fue presentada el 15 de diciembre ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Quibdó.