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Los mitos de las cuotas

Lo que se debe desmontar no son las cuotas aprobadas en la reforma política de 2010, sino los mitos en los que se basa la propuesta del Gobierno.

Los partidos políticos parecen tenerle miedo a las cuotas a favor de las mujeres. Así parecen mostrarlo los debates de los últimos días sobre la denominada contrarreforma política, por medio de la cual el Gobierno y el Congreso pretenden dejar sin efecto, entre otros aspectos, la cuota aprobada en diciembre de 2010, en virtud de la cual se obliga a los partidos a incorporar un mínimo de 30% de mujeres en sus listas de candidaturas.

Este temor y el apoyo que ha recibido la propuesta de desmonte se basan, al menos en parte, en varios mitos que se han construido en torno a la cuota: que implica una discriminación contra los hombres, pues otorga un trato privilegiado a las mujeres; o que supone considerar a las mujeres como seres inferiores que no podrían llegar a los escenarios de participación política por su propia cuenta; y tal vez el más importante, que no hay mujeres que puedan y quieran participar en las elecciones para cargos públicos. Sin embargo, no son más que eso, mitos que pueden y deben ser desmontados.

Las cuotas no constituyen un factor de discriminación en contra de los hombres. Se trata de una medida afirmativa, de carácter temporal, que pretende ofrecer mejores condiciones para que las mujeres puedan participar como candidatas en elecciones populares, y por esta vía, tengan más posibilidades para llegar a órganos colegiados como el Congreso y las Asambleas. No les otorga el derecho automático a obtener un escaño, sino más oportunidades para participar de forma equitativa en las elecciones. No se trata entonces de un trato privilegiado, ni de una medida injustificada, sino una acción encaminada a hacer efectivo el principio de igualdad.

Las cuotas no subvaloran a las mujeres. Por el contrario, reconocen que, a pesar de que tienen las mismas capacidades y derechos que los hombres, en la práctica enfrentan condiciones sociales, culturales y económicas que evitan que puedan participar de manera equitativa en las contiendas electorales y, por tanto, constituyen en sí mismas un correctivo a la discriminación que afecta a las mujeres en el ámbito de la participación política. Su propósito es contribuir a corregir el déficit de mujeres en política, garantizando que puedan competir en las elecciones.

Sí hay mujeres que pueden y quieren participar. Tienen todas las capacidades necesarias para participar en política y representar los intereses de una comunidad. De hecho, en Colombia tienen incluso más años de educación que los hombres y cada vez más experiencia en el manejo de asuntos públicos. Además, su deseo de participar se expresa con mucha fuerza en el ámbito comunitario y local, en donde lideran procesos sociales de gran importancia. Por ejemplo, en los últimos años se han conformado un número importante de organizaciones de mujeres, con fuertes liderazgos regionales, y se han creado más de 300 Consejos Comunitarios de Mujeres.

El que haya pocas mujeres candidatas, y sean aún menos las elegidas, no significa que no quieran participar. Al contrario, muestra que hay condiciones que impiden su participación equitativa, como las reglas informales de la competencia política y los roles de género presentes en nuestra sociedad. No hay que olvidar que las responsabilidades del cuidado en el hogar siguen recayendo principalmente en las mujeres y que esto desestimula su participación tanto en el ámbito laboral, como en el político.

Enfrentar y superar estos mitos es fundamental en Colombia para que podamos avanzar hacia una sociedad auténticamente democrática e incluyente.

La falta de mujeres en política no es simplemente un hecho desafortunado, sino un auténtico déficit de nuestra democracia que debe ser corregido. El que la representación femenina en el Congreso nunca haya superado el 15%, a pesar de constituir cerca del 50% de la población, es un indicativo de que la forma como se hace política en este país no es verdaderamente democrática e igualitaria.

De ahí la importancia de la cuota. Se trata de una medida destinada a acelerar el acceso de las mujeres a los órganos de representación política, no porque deban ser privilegiadas, sino porque son ciudadanas que deben poder participar en condiciones de igualdad. Si el Congreso sopesara entonces los pros y contras de las cuotas, la consecuencia clara debería ser no solo mantenerla, sino reforzarla.

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