En Colombia llevamos por lo menos 70 años intentando comprender por qué no paramos de matarnos los unos a los otros. Desde 1958, comisiones de expertos en violencia –políticos, sacerdotes, académicos y militares; sociólogos, historiadores y politólogos– se han reunido para narrar, analizar, cuantificar y recomendar salidas al horror. Por lo general, han sido los gobiernos los que han creado estas instancias en momentos de quiebre, de coyunturas críticas del orden.

Las comisiones de la violencia, como se les ha llamado a estos grupos, han permitido “representar, narrar y tramitar lo que nos ocurre dentro de la guerra misma”, dice en un artículo el sociólogo Jefferson Jaramillo. Y han construido unas narrativas que, en palabras de Jaramillo, alimentan “visiones de país y nutren procesos de manufacturación de la historia nacional”. El resultado de la mayoría de esas comisiones han sido informes que han ido develando, capa tras capa, lo que somos y lo que hemos hecho; lo que no deberíamos volver a permitir.

1958

La llamaban “La Investigadora” pero su nombre oficial era la Comisión Nacional Investigadora de las Causas y Situaciones Presentes de la Violencia en el Territorio Nacional. Fue creada por instrucción del gobierno en plena transición al Frente Nacional. No produjo un informe “porque los comisionados no lograron ponerse de acuerdo, había mucha tensión”, dice la historiadora Fernanda Espinosa. En cambio, sí logró avanzar en unos acuerdos de pacificación: 52 pactos, manifiestos y declaraciones que, en muchos casos, se quedaron en el papel, dice Espinosa. 

Develó la tanatología de la violencia: cómo se estaban matando liberales y conservadores. “Puso en evidencia, de manera descriptiva y fotográfica, lo que había pasado. Eso fue muy importante porque en ese momento la violencia era esencialmente rural; muy distante y lejana para la gente de las ciudades”, dice Gonzalo Sánchez, historiador. “Nos dimos cuenta de que a la gente no solo la mataban, sino que la mataban apelando a prácticas horrorizantes, por ejemplo, les sacaban la lengua por la garganta (lo que se conoció como el corte de corbata). Puso de presente el uso masivo del terror”, explica el sociólogo Max Yuri Gil. 

Develó que la violencia bipartidista estaba desbordada. Que era necesario darle cierre a ese capítulo cruel y sanguinario que dejó un total de 134.820 personas asesinadas entre 1949 y 1958, como señala el libro “La Violencia en Colombia” (1962-1963), escrito por Orlando Fals Borda, Eduardo Umaña Luna y monseñor Germán Guzmán Campos, quien había hecho parte de la Comisión y aportó muchos de sus archivos. 

1987: “Colombia, violencia y democracia”

El gobierno de Virgilio Barco ordenó la creación de la Comisión de Estudios Sobre la Violencia: un grupo esencialmente de académicos, bautizados por los medios de comunicación como “los violentólogos”. 

Ya el país había transitado de la lucha bipartidista a la lucha antisistémica, insurgente, de guerrillas. “Este informe no apuntó tanto a describir sino a interpretar el porqué. Concluyó que aquí no hay una violencia sino múltiples violencias cruzadas y, entre esas, hay una que juega el papel hegemónico: la política y antisistémica”, explica Gonzalo Sánchez, integrante de esta Comisión. 

“La gran novedad es que señala que en Colombia está matando más gente la ley de la calle que la guerra del monte. Se quería mostrar el creciente impacto del narcotráfico y las violencias urbanas”, explica Max Yuri Gil. Este informe develó la necesidad de caminar hacia una paz negociada con la insurgencia, de ampliar la democracia, como ocurriría con la nueva Constitución de 1991. 

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2013: “Basta ya”

Este informe le dijo al país que 220.000 personas habían perdido la vida durante el conflicto armado entre 1958 y 2012. Le puso números a la degradación de la guerra. Fue creado por 18 especialistas de la violencia, reunidos en el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

El “Basta ya” fue resultado de un cúmulo de informes temáticos y regionales que, por primera vez, ahondaron en las diferentes formas de victimización que había engendrado el conflicto armado colombiano: desplazamiento, desaparición forzada, violencia sexual, masacres. Fue, también, el primer informe que se contó a través de la voz de las víctimas, que visibilizó sus resistencias.

Develó, a través de una gran base de datos que recogió cifras dispersas de varias fuentes, “la magnitud del sufrimiento humano, y las rupturas morales y sociales que se habían cometido –dice María Emma Wills, politóloga y exasesora del CNMH–. Sus recomendaciones fueron una apuesta por la democratización”. Develó, además, la enorme polarización enquistada en el país. Sectores de la Fuerza Pública lo tildaron de sesgado. No lo reconocieron.

2015: “Contribución al entendimiento del conflicto armado colombiano”

Durante las negociaciones de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC-EP en La Habana, la exguerrilla alentó la creación de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, que permitiera una mayor comprensión del conflicto armado a través de la mirada de 12 expertos. No se logró una síntesis, un acuerdo. Al contrario: este informe mostró los disensos que existen sobre el origen y las causas del conflicto armado en Colombia.  

Son 12 miradas independientes y dos relatorías que pretendían recoger lo dicho. “Esos 14 ensayos son una encarnación de las batallas de la memoria”, dice María Emma Wills. “La gente es muy crítica porque le parece un desastre que no se hayan podido poner de acuerdo –dice Max Yuri Gil–. Sin embargo, ahí están los puntos clave de la caracterización del conflicto: tierras, sistema político, narcotráfico…”.

“Este informe tiene un valor, sobre todo, político. El Estado reconoce que para poder negociar había que aceptar diferentes miradas e interpretaciones del conflicto”, señala Gonzalo Sánchez.

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Somos un país que ha intentado, desde hace mucho, comprender por qué no para el desangre, por qué seguimos en el bucle de la violencia. Aquí están solo las iniciativas oficiales de impacto nacional, pero son muchos, muchísimos más, los informes que han producido la academia, las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil, para recoger las memorias de la guerra, entender sus dinámicas y sus impactos, narrar las formas en que la gente ha resurgido. 

Si es así, ¿por qué nos seguimos repitiendo? ¿Por qué no hemos logrado una transformación profunda? Según Max Yuri Gil, una de las respuestas está en no haberle podido poner punto final al conflicto armado. Dice, además, que este país tiene un vacío en su capacidad pedagógica de transformación cultural; un vacío “muy propio de países que han vivido guerras civiles largas, degradadas, crónicas, que se han normalizado”. A esto se suma una necesidad de mayor difusión y pedagogía del enorme conocimiento que se ha producido. 

Llegó el momento, entonces, de preguntarnos cómo dar ese paso.