Como consecuencia de los juicios que adelanta actualmente la Corte Suprema contra los congresistas acusados de tener vínculos con el paramilitarismo, la justicia está hoy en el centro de la vida política nacional.

No obstante, a la justicia se le da menos importancia de la que merece. Es cierto que los jueces han adquirido un protagonismo que no tenían. Pero ese protagonismo viene acompañado de una percepción de indiferencia hacia los jueces y hacia los juicios que adelantan. Hoy, como antes, el Gobierno, la opinión pública e incluso la academia siguen teniendo un cierto menosprecio por la justicia.

Que el Gobierno adopte hoy esa actitud no me parece extraño. Al fin y al cabo, la gran mayoría de quienes han sido implicados en los procesos de la ‘parapolítica’ hacen parte de la coalición gubernamental.

Que la opinión pública experimente cierta apatía frente a los temas judiciales tampoco me parece insólito. Ello hace parte de una larga tradición -originada en la Revolución Francesa y contraria a la tradición judicial estadounidense- según la cual los jueces son funcionarios indescifrables, que poco tienen que ver con los intereses de la democracia y del pueblo.

Lo que no entiendo es la indiferencia actual de la academia, y en particular de los politólogos, hacia el tema de la justicia. Los expertos en el régimen político vienen diciendo desde hace mucho que uno de los grandes problemas del Estado colombiano es su incapacidad para imponerse frente a las camarillas locales y los poderes regionales.

Pero en sus análisis no aparece el tema de la justicia, lo cual me parece inexplicable. Hoy es más evidente que nunca que, contra el paramilitarismo, se necesita más justicia que fuerza pública. Si algo puede reducir las estructuras mafiosas enquistadas en los poderes políticos locales es una justicia capaz de vencer en juicio al ejército de abogados pagados por el narcotráfico.

Nada de esto parece interesar a los politólogos. La revista Análisis Político, por ejemplo, publicada por el Iepri de la Universidad Nacional y considerada la decana de las revistas de estudios políticos en el país, prácticamente se desentiende del tema de la justicia. De los aproximadamente 450 artículos publicados en sus 57 números, solo 4 se han ocupado del tema. Todos ellos fueron escritos por abogados. Peor aún, el último fue publicado hace más de diez años.

¿Cómo explicar semejante menosprecio? Creo que aquí también influye otra herencia francesa -en este caso, una herencia académica- según la cual debe existir una estricta separación entre las facultades o los departamentos en las universidades. Esta herencia -en parte ya superada en Francia- oscurece las relaciones entre los asuntos del poder y los asuntos del derecho. A partir de allí, los abogados han creado un saber jurídico supuestamente técnico y neutral. El menosprecio de los politólogos por el derecho como objeto de estudio es, en parte, una reacción contra esa ficción de neutralidad creada por los abogados.

Sea lo que fuere de esta cuestión disciplinaria, el hecho es que nunca antes como ahora se había requerido un apoyo social e institucional tan fuerte a la justicia. Vivimos un momento trascendental de la vida política nacional. De las decisiones que tome la Corte depende en buena parte que este país recupere la tranquilidad y fortalezca sus instituciones. Si los politólogos, y el resto de la academia, se interesaran por el tema de la justicia, ello podría ayudar mucho a crear los apoyos sociales que la Corte y la justicia necesitan en estos momentos.