Guajira Azul fue la estrategia del Gobierno Duque para garantizar el acceso al agua potable en este departamento y así cumplir con la Sentencia T–302 de 2017. En ese fallo histórico, la Corte Constitucional tuteló los derechos a la alimentación, el agua y la salud del pueblo wayúu. A través de Guajira Azul, el Ministerio de Vivienda prometió instalar 24 pilas públicas en Manaure, Riohacha, Maicao y Uribia, unos módulos donde las comunidades aledañas pueden llegar a abastecerse de agua potable. 

Como parte del seguimiento que desde Dejusticia hacemos al cumplimiento de la Sentencia, visitamos cinco pilas públicas y entrevistamos a distintas fuentes relacionadas con el funcionamiento de este programa: líderes y lideresas Wayúu, la Defensora del Pueblo de La Guajira, la directora de la Empresa de Servicios Públicos, funcionarios de la Corporación Autónoma Regional, miembros de la Veeduría Ciudadana de la Sentencia, entre otras. 

Ese trabajo de campo fue la base para el informe de seguimiento que entregamos el 1 de septiembre a la Corte Constitucional. Luego de analizar la información recopilada en la zona y complementarla con otras fuentes testimoniales y documentales, concluimos que existe un bajo cumplimiento del derecho al agua contemplado en la Sentencia. En ninguna de las comunidades que visitamos se está garantizando el mínimo de agua que ordenó la Corte: 20 litros de agua por día a cada niño.

Esto se debe tanto a problemas de Guajira Azul como a errores en las medidas que han implementado los distintos gobiernos para mejorar el acceso al agua. A esto se suman los retrasos estructurales que han impedido cumplir con la Sentencia a cinco años de su expedición.

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Problemas de Guajira Azul

• Existe un retraso evidente en la construcción de las pilas públicas. El Viceministerio de Agua contempló entregar 24 módulos entre 2018 y 2022. Sin embargo, solo se han terminado cinco, de los cuales únicamente cuatro están funcionando (Casa Azul, Wimpeshi, Sararao y Amalipa). 

• En algunas de las pilas públicas que visitamos encontramos que el suministro de agua no es continuo. Esto se debe a que el camión-cisterna que debe abastecerlas semanalmente suele retrasarse semanas y, en algunos casos, hasta meses.

• El hecho de que este modelo dependa de carros-cisterna para el abastecimiento de agua impide que funcione de manera regular. Por un lado, porque las vías terciarias en La Guajira están en mal estado y en temporada de lluvias los carros no pueden transitarlas. Por otro lado, el mantenimiento mecánico de los carros no está garantizado.

• La sostenibilidad de las pilas públicas a largo plazo es incierta. Tanto así que la comunidad de Romonero, en Riohacha, se negó a recibir la obra hasta que existiera claridad sobre el responsable de su mantenimiento.

• Este problema también es evidente en la pila pública de Wimpeshi (Maicao-Uribia), donde las alcaldías municipales no habían girado los recursos necesarios para el mantenimiento mensual al momento de nuestra visita. Como consecuencia, la comunidad ha tenido que recurrir a una empresa de energía eólica que trabaja en la zona para cubrir los gastos faltantes. Esta dependencia de la empresa privada es preocupante, pues puede implicar riesgos para el ejercicio de otros derechos.

• Para la Veeduría Ciudadana de la Sentencia, el modelo que se está implantando es “contratar, construir, inaugurar y abandonar”.

• Las comunidades aseguran que no hubo un proceso de consulta previa o diálogo para la instalación de las pilas públicas, sino una simple solicitud de autorización. Así lo confirmó el ex Viceministro de Agua, José Luis Acero, cuando afirmó en la sesión técnica de la Corte Constitucional que para el desarrollo del programa no se realizan consultas previas sino procesos de concertación, procesos menos formales. 

Problemas en la garantía del derecho al agua

• No existe un inventario de las soluciones de agua que se han implementado en el departamento, ni de las inversiones que se han realizado para garantizar el acceso a agua potable. 

• El Gobierno Nacional ha centrado sus esfuerzos y recursos casi exclusivamente en las pilas públicas, lo cual ha resultado en un abandono de otras infraestructuras ya existentes, como pozos desalinizadores, molinos de viento, entre otras.

• No se han realizado estudios rigurosos que nos permitan determinar la calidad del agua que están tomando las comunidades. Sin embargo, sabemos que la mayoría de la población sigue acudiendo a fuentes de agua no potable para su consumo, como jagüeyes, pozos artesanales o molinos.

Incumplimientos generales de la Sentencia

A cinco años de la Sentencia, aún no se han creado las herramientas básicas que ordenó la Corte para empezar con su implementación.

• No se ha diseñado el Plan de Acción, que debe definir las acciones, los plazos, las metas y los indicadores. Aunque la Corte le dio un plazo de seis meses al Gobierno para tener esta herramienta, su construcción apenas está en etapa de consulta previa. 

• El Gobierno Nacional no ha creado el Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas para la superación del estado de cosas inconstitucional. Esto ha tenido como consecuencia que las entidades sigan actuando de manera aislada y desordenada. 

Les invitamos a ver el reportaje audiovisual ‘Hambre en La Guajira: 5 años de una promesa incumplida‘, que realizamos en alianza con El Espectador: