La flexibilidad del Estado colombiano para negociar con los actores armados y los delincuentes contrasta con su dureza para negociar cuando se trata de salvar las vidas de los rehenes que resultan atrapados en el conflicto. Por un lado está la mano dadivosa que negocia con los narco-paramilitares, por el otro, la mano inflexible que se niega a dialogar con la guerrilla para salvar las vidas de los rehenes. La famosa «mano firme» del presidente a veces se doblega. Es una mano selectiva.

Claro está que la indolencia del Estado no excusa la crueldad de la guerrilla cuando se trata de rehenes. En este momento se me viene a la mente la manera inclemente como en 2003 las Farc mataron al ex ministro Gilberto Echeverri Mejía y al gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria, entre otros, luego de haberlos secuestrado cuando pretendían hablar de paz con un frente guerrillero. Y éste no es un hecho aislado en la historia de los horrores cometidos por la subversión; es parte de su política revolucionaria. Una política que justifica el dolor y la muerte de los inocentes cuando ello es funcional a sus fines militares.

Pero la indolencia del Estado con los rehenes no es algo exclusivo de este gobierno. Es también una política, casi una política de Estado. Esta semana conmemoramos 20 años de los trágicos acontecimientos de la toma del Palacio de Justicia por el M-19. Allí murieron muchos rehenes inocentes, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, seis magistrados auxiliares, 12 auxiliares judiciales de la Corte y 13 auxiliares judiciales del Consejo de Estado. De nada sirvieron las súplicas de Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema -transmitidas en medio del fuego y en directo por la radio- para evitar que el Ejército -digo bien el Ejército, y no el gobierno- cesara la batalla que se estaba librando en el interior del edificio.

Este hecho terrible no sólo puso de presente el menosprecio que el poder ejecutivo, y la sociedad en general, tiene por nuestros jueces y magistrados, sino también la indiferencia con la cual el Estado y la sociedad, en aquel entonces y también ahora, ven a las víctimas del conflicto armado y, en particular, a los rehenes. Al día siguiente de los acontecimientos del 6 y el 7 de noviembre, el gobierno decretó el duelo nacional y elevó a la categoría de mártires a la los magistrados y demás personas que fallecieron en el interior del Palacio. Pero el dolor decretado no disipó la percepción mayoritaria en la opinión pública de que el sacrificio de la Corte Suprema, y de los demás rehenes, se habría podido evitar.

La historia de los conflictos armados en Colombia no sólo es una historia de guerras, sino también de pactos de paz. La gran mayoría de estos pactos no se ha cumplido, o ha propiciado otros conflictos y otras guerras, las cuales, a su turno, han dado lugar a otros pactos. y así vamos. Pocos países tienen tanta guerra y tanta paz juntas en su historia como Colombia. Los pactos políticos con los rebeldes y los delincuentes han sido para Colombia la continuación de la guerra por otros medios, según la célebre fórmula de Clausewitz

Un Estado que no tiene la fortaleza militar y jurídica suficiente para acabar con sus enemigos -motivo por el cual se ve abocado a negociar con ellos- tiene pocas justificaciones para dejar de negociar cuando se trata de salvar las vidas de rehenes inocentes. La mano firme en estos casos muestra una fortaleza que en realidad no existe. El resultado es que, al final, todos pierden. ¿O acaso alguien cree que nuestras instituciones salieron fortalecidas luego de que, el 7 de noviembre de 1985, el Ejército decidió no negociar con el M-19?