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Los retos del nuevo Fiscal General frente al juzgamiento del delito de desplazamiento forzado

Esta semana se estrena como fiscal el avezado penalista Eduardo Montealegre.

 

Esta semana se estrena como fiscal el avezado penalista Eduardo Montealegre, quien en buena parte debe su elección en este cargo a los conocimientos de derecho penal que demostró en su presentación pública ante la Corte Suprema de Justicia. Para impresionar a la Corte Montealegre usó una metáfora: dijo que, como en un famoso cuento que recientemente se hizo película, el derecho penal colombiano había nacido viejo y ahora se encontraba en proceso de rejuvenecimiento.

Según el nuevo Fiscal, éste paradójico rejuvenecimiento ha sido posible gracias a la inclusión de las técnicas modernas de investigación de graves violaciones a derechos humanos, las cuales han revitalizado el proceso penal. Técnicas que, según Montealegre, deben profundizarse para alcanzar mayores resultados.

Con su metáfora Montealegre convenció a la Corte. Ahora le queda demostrar que la teoría del rejuvenecimiento va a ser suficiente para enfrentar los grandes problemas que enfrenta el país en materia de la judicialización de los más graves crímenes cometidos durante el conflicto armado, entre ellos, el desplazamiento forzado.

De hecho, sólo en material de desplazamiento forzado, la tarea que enfrenta el nuevo Fiscal es uno de esos casos en los que la realidad parece desbordar la imaginación. Así lo demuestran distintas fuentes que recientemente informaron a la Corte Constitucional sobre el asunto en una audiencia de seguimiento a la Sentencia T-025. El proceso mediante el cual la Corte hace seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado.

Las conclusiones de esta audiencia son un importante punto de partida para una Fiscalía que realmente se tome en serio su tarea, así como para la discusión pública sobre este asunto tan importante. Aquí presentamos un resumen de algunas de ellas.

Las cifras son contundentes: la impunidad es casi total

En general, las mediciones sobre impunidad generan airados debates pues no es sencillo capturar una estadística que represente la magnitud del problema. Sin embargo, todas las mediciones y estudios existentes revelan que el nivel de impunidad del delito de desplazamiento forzado es cercano al 100%. De cada 100 casos que ingresan a la Fiscalía, en promedio, menos de uno llega a ser juzgado por un juez de la República.

Una investigación realizada a finales de 2010 por el Centro de Estudios Dejusticia, y que fue presentada ante la Corte, confirma estos datos. Para evaluar el acceso a la justicia de las víctimas de desplazamiento, el equipo de investigación solicitó al Consejo Superior de la Judicatura el número total de sentencias dictadas en casos de desplazamiento.

El Consejo Superior informó que por este delito se encontraban registradas 40 sentencias. Un número que ni siquiera produce un cambio estadístico cuando se compara con la incidencia del delito: de un universo de más de seis millones de personas desplazadas y más de medio millón de hogares víctimas del despojo, la justicia solamente ha procesado unos 40 casos.

En la audiencia mencionada, la entonces fiscal Vivian Morales, informó que el número actualizado superaba las 60 sentencias. Un aumento muy tímido frente al reto y a la continuación del problema, como ella misma lo reconoció.

Los pocos casos juzgados dejan que desear

Pero, la cuestión no es solamente que se produzcan sentencias, o se procesen casos, también es importante determinar cómo se procesan estos casos y qué se decide en las sentencias. La citada investigación no logró estudiar a fondo todas las sentencias pues la falta de información confiable acerca de las sentencias, su ubicación y la desorganización de algunos despachos, impidieron el acceso a las ya pocas 40 sentencias. Solamente se encontraron 26 del total de sentencias mencionadas por el Consejo Superior.

Las sentencias encontradas, no obstante, tienen unos rasgos que deben preocupar a quienes investigan estos casos. Para empezar, las sentencias tienen una característica común: se basan en testimonios o declaraciones que directamente involucran la responsabilidad de los culpables. Esto quiere decir que en ausencia de testimonios contundentes la probabilidad que el Estado, por sus propios medios de investigación llegue a esclarecer hechos de desplazamiento es casi nula. A esto, los expertos le denominan como la dificultad para avanzar en evidencia compleja.

En segundo lugar, las sentencias reflejan la falta de identificación e individualización de los autores intelectuales. Las condenas van contra los autores materiales directos, pero en ningún caso se preguntan quiénes ordenaron estos hechos y por qué estos se cometieron.

Además, en ningún caso se evidenció que la justicia realmente se comprometiera en la aplicación de los enfoques diferenciales étnico y de género. Así como tampoco se evidenció la participación de las víctimas en los procesos judiciales. De hecho, los juzgadores perdieron una oportunidad especial que se da en estos tipos de procesos para acercarse a las víctimas y que es el proceso de reparación. Como no lo hicieron, los jueces tuvieron luego que recurrir a medidas tales como suponer los daños morales causados por los delitos a las víctimas cuando hubieran podido preguntarles y, con ello, permitir de alguna manera su participación en el proceso.

La Fiscalía debe investigar de manera más eficiente

Por otro lado, se mencionó en la audiencia que los esfuerzos de la Fiscalía para investigar los móviles de los crímenes (es decir, las razones por las cuales los crímenes se cometen) y alcanzar mayores niveles de profundidad en las investigaciones, son inconsistentes e irregulares, y no satisfacen las exigencias de memoria histórica y verdad a que tienen derecho las víctimas y que requiere la sociedad.

Esta situación es preocupante pues solamente a partir de la investigación eficiente y adecuada de la Fiscalía es que los casos pueden llegar a ser conocidos por los tribunales de justicia. Pero, para que esto ocurra se deben superar, al menos, cinco obstáculos.

El primero, es la falta de una verdadera política criminal. Es decir, que el Estado en su conjunto dimensione el crimen de desplazamiento forzado como una prioridad y concerte una estrategia para perseguirlo.

El segundo, es la falta de una investigación sistémica del crimen como lo mencionaba el fiscal Montealegre en su presentación. El desplazamiento ha sido masivo y con fines que van más allá de sacar a unas familias de sus tierras, y ha sido un proceso macro criminal que como tal debe ser investigado, a partir de sus patrones y sus móviles. Si se sigue con la política de investigar uno a uno sin relacionar los casos, no sólo se nos irá la vida tratando de investigarlos todos, sino que además no se va a llegar al fondo del asunto.

El tercero, es la falta de claridad en los procesos de asignación de las investigaciones en las unidades de la Fiscalía. Esta deficiencia tuvo algunos avances durante la dirección de la Fiscal Morales, en donde se creó una Unidad especializada para el desplazamiento y las desapariciones, pero su implementación aun es incipiente.

El cuarto obstáculo, lo constituyen los deficientes sistemas de información de la Fiscalía, que impiden el trabajo en red e integrado de las investigaciones, sobre todo las más complejas.

Finalmente, otro de los obstáculos más importantes es la falta de perspectiva de género con que se encaran buena parte de las investigaciones. Si no se reconoce que el delito de desplazamiento genera cargas desproporcionadas en sectores específicos de la sociedad, entre ellos, las mujeres, la investigación penal no va a responder de manera adecuada a las necesidades de justicia de las víctimas.

Sin investigación criminal es imposible pensar en la restitución de tierras

De no ser corregidos estos problemas, no solamente los delitos quedarán impunes y la posibilidad de saber la verdad de los motivos y autores del desplazamiento quedará enterrada. Además, será prácticamente imposible adelantar la ambiciosa agenda de restitución de tierras propuesta en la Ley 1448, conocida como la de Víctimas y Restitución de Tierras.

El éxito de los esfuerzos de restitución depende, en buena medida, del éxito de la estrategia de judicialización del crimen del desplazamiento por dos razones. Primero, porque la investigación criminal es un mecanismo ágil y con más recursos para develar lo sucedido en los territorios y saber, de paso, cómo operó el despojo en las regiones. Segundo, porque sólo si se desestructuran y castigan las empresas criminales que se aliaron para producir el despojo habrán condiciones de seguridad para regresar la propiedad y para permitir el retorno de las familias despojadas.

Caminos para avanzar

El nuevo Fiscal General tiene pues retos importantes y difíciles que, además, no admiten espera. Por ello debe empezar a ponerse al día a partir de los esfuerzos que inició su antecesora, quien en su fugaz paso por la Fiscalía sentó algunas bases para encarar de mejor manera estos problemas.

La metáfora del “Extraño Caso de Benjamin Button” es afortunada, pues en efecto, se requiere que la Fiscalía use las estrategias modernas de investigación para investigar de manera masiva e integral los procesos macro criminales que están detrás de los casos de desplazamiento forzado.

Pero, es necesario complementarla con otras medidas urgentes. Algunas de estas fueron ya presentadas en la audiencia ante la Corte Constitucional como por ejemplo: la necesidad de una dirección estratégica de la política de judicialización, la reasignación de todos los casos de desplazamiento de las unidades actuales de la Fiscalía a la Unidad especializada contra el desplazamiento y la desaparición forzada, la creación de metodologías y órdenes precisas para la asignación y priorización de casos, abrir espacios de participación y diálogo con las víctimas y organizaciones de población desplazada, la creación de criterios acerca de la asignación de los móviles de los delitos, la utilización de herramientas probatorias distintas al testimonio, entre otras.

El Fiscal General que se estrena, no tiene excusas para cambiar de inmediato el rumbo de la estrategia de judicialización del crimen de desplazamiento forzado. Su antecesora le dejó un camino trazado y él demostró con suficiencia que conoce la problemática. Las evaluaciones están adelantadas y lo que hace falta son acciones concretas. Ya es hora que la justicia colombiana deje de responderles a las víctimas del desplazamiento con fábulas y cuentos.

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