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Los sospechosos

DURANTE LA REVOLUCIÓN FRANCEsa se expidió la famosa Ley contra los sospechosos.

Por: Mauricio García Villegasfebrero 13, 2009

DURANTE LA REVOLUCIÓN FRANCEsa se expidió la famosa Ley contra los sospechosos.

En ella se facultaba al gobierno para detener a todos aquellos que “por su conducta, por sus relaciones, por sus observaciones o por sus escritos, parecieran enemigos de la libertad”. Quien caía en esta vaporosa definición era considerado un traidor a la patria y llevado a los calabozos del régimen. Eufemismos aparte, la ley autorizaba a Robespierre para encarcelar a todos los que estaban en desacuerdo con él.

Quizás valga la pena recordar esa norma, ahora que el presidente Uribe acusa —¡otra vez!— a algunos periodistas e intelectuales de ser aliados del terrorismo. Desde luego que hay una diferencia muy grande entre el gobierno de Robespierre y el del presidente Uribe. Esa diferencia no está —como quisiera José Obdulio— en el apoyo popular que reciben ambos gobiernos, sino en el hecho de que en Colombia, en contraste con lo que sucedía en la Francia de 1793, todavía hay cierta institucionalidad democrática. Por eso, mientras allá se expidió una ley, aquí la cosa no pasa de unas declaraciones desencajadas. No obstante, si se tiene en cuenta que en ambos casos los disidentes políticos son vistos como traidores de la patria, es difícil no ver una cierta familiaridad entre las dos situaciones.

Cuando el presidente Uribe acusa a periodistas e intelectuales de tener vínculos con la guerrilla, lo hace con el argumento de que ante el terrorismo nadie puede ser neutral. Así presentado, yo tiendo a estar de acuerdo con ese argumento. Pero cuando el Presidente dice eso no está pensando en lo que probablemente usted, amigo lector, está pensando, es decir, en poner la condena al terrorismo por fuera del debate político. No, Uribe está pensando es en lo contrario; esto es, en poner esa condena en el centro del debate partidista, lo cual supone que todos nos alineemos con el Gobierno en su proyecto de seguridad. Quien disienta de ese proyecto, según Uribe, es porque está animado por una malévola simpatía con los terroristas.

A Uribe no se le pasa por la mente que pueda haber una tercera categoría de gente: aquella que condena a las Farc, pero que no está de acuerdo con la política de seguridad democrática.

Precisamente por eso, porque está políticamente involucrada, la lucha de Uribe contra el terrorismo es una lucha sesgada: es tan dura contra la guerrilla como blanda contra los paramilitares. Por eso también, el empeño iracundo que el Presidente pone en buscar que la izquierda democrática condene a la guerrilla, se desvanece de pronto cuando se trata de que sus copartidarios de derecha —y él mismo— condenen a los paramilitares.

Utilizando la misma lógica sesgada y unilateral del Presidente, la guerrilla acusa a los columnistas y pensadores cercanos al régimen de hacer parte de un supuesto bloque intelectual del paramilitarismo. De este juego escalonado de acusaciones recíprocas y exageradas va quedando una verdad irreductible: cada uno termina haciendo del otro aquel enemigo que necesita para justificarse a sí mismo.

En esta pelea de fanáticos hay que defender un tercer espacio; el de la sociedad civil. Un espacio en el que no sólo todos condenemos enfáticamente los actos atroces de todos los actores armados, sino también en el que nadie resulte siendo sospechoso de traición cuando disiente de las políticas de seguridad diseñadas por el gobierno de turno.

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