En las últimas décadas, hemos visto como diversos países de América Latina han adoptado marcos legales cada vez más progresistas que han despenalizado y eliminado barreras para que las mujeres y personas gestantes accedan al aborto en condiciones seguras y dignas. Por ejemplo, en 2012, Uruguay despenalizó el aborto hasta la semana 12 de gestación y en 2020 Argentina lo despenalizó hasta la semana 14. En 2022, la Corte Constitucional en Colombia despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación y, en 2023, la Suprema Corte de México despenalizó el aborto a nivel federal y, desde el 2007, era legal abortar en varios estados de este país.

Las luchas por el aborto legal en Latinoamérica no han sido fáciles y, en muchos casos, a pesar de que existan legislaciones progresistas que faciliten a mujeres y personas gestantes el acceso al aborto, en la práctica, las mujeres racializadas, empobrecidas, migrantes, que viven en zonas rurales o que tienen identidades de género diversas enfrentan numerosos obstáculos para recibir una atención oportuna y digna en los sistemas de salud. De igual manera, en la región, países como Honduras, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, Haití, Jamaica y Suriname aún tienen legislaciones que penalizan el aborto en todos los casos, poniendo en alto riesgo la vida y la salud de mujeres y personas gestantes.

Los avances en materia de legislación, así como el acompañamiento y cuidado mutuo en épocas de penalización, han sido el producto de las acciones diarias de los movimientos feministas organizados, resistiendo a los retrocesos y amenazas a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes, y luchando en primera línea por lograr la ampliación y el cumplimiento de esas legislaciones. La llamada “Marea Verde”, fenómeno que busca encapsular las luchas de los movimientos feministas por el derecho al aborto a lo largo de América Latina, es el resultado de décadas de organización y acompañamiento a mujeres y personas gestantes en la región. 

Con este especial, buscamos reconocer esas luchas históricas, al igual que explorar los desafíos que aún persisten para despenalizar legal y socialmente el derecho al aborto en América Latina. En particular, estudiaremos el estatus de la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina y Colombia, dos países que en este momento cuentan con legislaciones de despenalización similares y que, además, tienen tradiciones amplias de acompañamiento por parte de organizaciones feministas a mujeres y personas gestantes en su búsqueda para acceder al derecho al aborto en condiciones seguras y dignas. 

Conversar con las organizaciones feministas movilizadas por el derecho al aborto en Colombia y Argentina nos ha mostrado cómo el cuidado, la dignidad humana y las redes de acompañamiento son el verdadero corazón de la lucha por los derechos reproductivos en América Latina. En ambos países, las redes de acompañantes han sostenido el acceso de las mujeres y personas gestantes más vulnerables a su derecho a interrumpir su embarazo y han defendido con firmeza la libertad de elegir, mientras cuestionan el mandato social de la maternidad. Además, su trabajo se ha llevado a cabo, principalmente, en contextos de criminalización o donde persisten múltiples obstáculos para acceder al derecho al aborto, y donde las organizaciones feministas enfrentan constantes resistencias por parte de sectores conservadores y sociales que reproducen prejuicios con respecto a la autonomía reproductiva de las mujeres. 

El especial #MareasQueSeEncuentran explora los principales desafíos que persisten en Colombia y en Argentina, a través de la mirada y la experiencia de organizaciones de la sociedad civil que llevan años acompañando a mujeres en el proceso de interrupción voluntaria del embarazo. Además, abordaremos la interseccionalidad de estas luchas, explorando las barreras que enfrentan personas trans y no binarias, migrantes y personas racializadas en su búsqueda por ejercer sus derechos reproductivos. La conversación entre los casos de Colombia y Argentina refuerza la idea de que la solidaridad transnacional, la autogestión y las redes de apoyo comunitarias son claves para enfrentar los desafíos comunes en la región y avanzar en la protección y ampliación de los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. 

Dos naciones que han reescrito sus leyes

Tanto Colombia como Argentina son países que actualmente tienen un modelo de plazos o mixto para regular el acceso a la IVE. Este modelo promete superar varias de las barreras de acceso al aborto que se presentaban en los modelos previos de total penalización o de despenalización por causales. El modelo mixto o de plazos busca ir eliminando el uso del derecho penal para regular el acceso al aborto y, más bien, concentrar los esfuerzos del Estado en eliminar las barreras que mujeres y personas gestantes encuentran a la hora de acceder a la IVE en el marco del sistema de salud. 

Los países que han adoptado este modelo (como Uruguay, Argentina y la mayoría de estados de Europa) generalmente permiten el aborto voluntario en los primeros meses del embarazo (el tiempo varía en los distintos países) y en las etapas más avanzadas adoptan un modelo de causales. Sin embargo, al igual que en el modelo de causales, en el modelo de plazos o mixto sigue existiendo un delito que criminaliza los casos que no entren dentro de lo permitido.

En Argentina, en diciembre de 2020, después de una fuerte ola de movilización, se aprobó la Ley 27610 de 2021, la cual permite el aborto voluntario hasta la semana 14 de gestación sin necesidad de justificar la solicitud, lo que representa una apertura frente a las restricciones previas. Además, la Ley elimina el límite temporal para los casos en los que la salud de la madre corre riesgo con la continuación del embarazo o si el embarazo es producto de una violación. Esta reforma contrasta con la legislación anterior, que desde 1921 había considerado el aborto como un delito, con dos excepciones: el riesgo para la vida o la salud de la madre y los embarazos resultantes de violación.

La anterior normativa reflejaba una visión conservadora que restringía el acceso al aborto a situaciones extremas, limitando el ejercicio de los derechos reproductivos, lo que derivó en el famoso lema de la Marea Verde «Educación Sexual para Decidir, Anticonceptivos para No Abortear, Aborto Legal para No Morir», movilizando a miles de personas a exigir una reforma profunda y urgente.

La Ley 27610 representa entonces un avance y un cambio de perspectiva sobre la autonomía reproductiva, desafiando décadas de criminalización y estigmatización. Este hito nos recuerda que el cambio legal suele estar precedido por la lucha incansable por la justicia social. Sin el vigor de esta marea de protesta y su capacidad para articular demandas de manera efectiva, el cambio hacia un marco legal más progresista habría sido significativamente más difícil de alcanzar.

Desde la otra orilla del Atlántico, Colombia ha demostrado tener una de las legislaciones más avanzadas de la región, con la Sentencia C-055 emitida por la Corte Constitucional en 2022, en respuesta a la amplia movilización del movimiento feminista y de mujeres aglutinado en el colectivo Causa Justa. El modelo colombiano actual recurre a un sistema de plazos que permite el aborto en todas las circunstancias hasta la semana 24 de gestación. Después de este plazo, se aplican las tres causales establecidas previamente en la sentencia C-355 de 2006 (casos de violación o incesto, malformación fetal incompatible con la vida, y riesgo para la salud física o mental de la mujer).

La Sentencia de 2022 busca superar las barreras que las mujeres y personas gestantes enfrentaban para acceder a la IVE bajo el modelo de causales que regía previamente y enfatiza en la importancia de asumir un enfoque interseccional en la construcción e implementación de las políticas relacionadas con el acceso a derechos sexuales y reproductivos. En particular, la Sentencia reconoce que el modelo por causales no era suficiente para garantizar que las mujeres y personas gestantes más vulnerables, racializadas, empobrecidas y habitantes de zonas rurales o con identidades de género diversas accedieran a su derecho a la IVE de manera oportuna y en el marco del sistema de salud.  Por esta razón, el modelo de plazos y mixto de la Sentencia C-055 de 2022, y la circular emitida en agosto de 2024 por la Superintendencia Nacional de Salud a través de la cual se materializan los mandatos de la Corte Constitucional en el sistema de salud, prometen ofrecer una mejor alternativa para garantizar los derechos sexuales y reproductivos en Colombia, con un énfasis en las poblaciones más vulnerables. 

Aprendizajes desde el acompañamiento al aborto con Las Parceras y Las Socorristas

En cada país germina una red, se encuentra una colectiva, se activa una línea telefónica que brinda información, empatía y acompañamiento feminista para un aborto seguro. Son como semillas que se expanden por las ciudades y los pueblos, al interior de los países y en sus periferias. Las redes de acompañamiento a la IVE se enfrentan a múltiples barreras, y de esa resiliencia organizativa aprendemos estrategias transnacionales de cuidado, que le hacen frente a la clandestinidad insegura, la criminalización (penal y social) del aborto y a la falta de infraestructura estatal para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes. 

Las parceras y las socorristas acompañan a niñas, adolescentes, mujeres, personas trans y no binarias, entendiendo que todas ellas atraviesan situaciones distintas dependiendo del lugar de donde vienen y si han sufrido violencia doméstica o del sistema médico.

Las acompañantes ponen a la persona que desea abortar en el centro del proceso, ofreciendo una escucha atenta y activa sobre lo que la persona está transitando y los miedos que pueda tener. Lo hacen de forma presencial o virtual, ofreciendo la mayor cercanía y contención emocional, facilitando la apertura de canales para que la persona esté cuidada antes, durante y después del proceso.

“Nos situamos desde la solidaridad política de entender que hay un Estado que no cumple derechos. Y los obstáculos en el sistema de salud no van a desaparecer tan fácilmente a pesar de que exista la circular de supersalud”, Manuela, activista de las parceras.

Los discursos de odio alrededor del aborto deshumanizan, refuerzan el estigma social y avalan políticas que restringen el acceso a servicios de salud reproductiva. En Argentina, el Presidente Javier Milei ha dicho públicamente que el aborto es “un asesinato agravado” y calificó a quienes apoyaron la aprobación de la ley como «los asesinos de los pañuelos verdes».

Milei ha impulsado recortes presupuestarios y el desmantelamiento de servicios esenciales, como las Consejerías de Salud Sexual, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y la línea 144 para denunciar la violencia de género. Lo que limita la aplicación efectiva de las leyes. Estas acciones que buscan socavar la autonomía han llevado a una nueva clandestinidad en el acceso al aborto y ha obligado a las organizaciones a redoblar esfuerzos con el desarrollo de estrategias de acompañamiento desde la confianza y la información. 

Ante este panorama, las socorristas afirman que “la única forma de salir adelante es cobijarse en la red fuerte de movilización que existe hace mucho tiempo. Debemos tratar de que el apañe sea colectivo”. En Colombia, desde el 2017, y en Argentina, al menos desde 2001, la red de las parceras y las socorristas acompañan abortos principalmente con medicamentos en casa. Lo hacen bajo la premisa de que es un procedimiento altamente seguro cuando se realiza de forma informada, libre de prejuicios, con medicamentos aprobados y bajo supervisión adecuada, durante las primeras 12 semanas de gestación.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el uso de misoprostol y mifepristona es altamente efectivo para la interrupción del embarazo y es tan seguro como hacerlo en un entorno hospitalario, siempre que las personas tengan acceso a la información correcta y a servicios de emergencia en caso de complicaciones.

Tanto las parceras como las socorristas han establecido prácticas de autocuidado para no desbordarse con la demanda de los acompañamientos y protegerse ante potenciales riesgos. Han establecido horarios acotados, por ejemplo, la línea telefónica de las parceras +57 318-750-5775 está habilitada de 5:00 PM a 10:00 PM, evitando compartir números personales para proteger su privacidad. 

Además, trabajan en duplas o en talleres grupales para cada caso, lo que les permite relevarse y contar con apoyo mutuo durante el acompañamiento. Las activistas que conforman estas redes suelen hacerlo de forma voluntaria, y tienen trabajos regulares durante el día. Periódicamente habilitan espacios entre ellas que llaman “encuentros de parcería” o talleres de acompañamiento, donde conversan de las situaciones que hayan sentido más retadoras, establecen límites y se sostienen  mutuamente.

Las mujeres acompañadas por las socorristas en Argentina asisten a un taller colectivo en el que hablan de sus procesos y emociones en un entorno colectivo y acompañado que valida sus experiencias sin juicio o estigma. Se permiten hablar abiertamente sobre las prácticas silenciadoras y las violencias domésticas que siguen existiendo en la sociedad con respecto al aborto.

Cuerpos, autonomía y la urgencia de la visibilidad estadística

En el espectro de las personas que enfrentan mayores obstáculos para acceder a la IVE en Colombia, destacan las experiencias de vida de los hombres trans y de las personas no binarias, cuyas necesidades son, en la mayoría de casos, invisibles para el sistema de salud y cuyas experiencias suelen ser borradas de las narrativas sobre aborto que tienden a privilegiar y centrar a las mujeres cisgénero. Como respuesta a la falta de representación en los espacios tradicionales de la lucha feminista, en 2018, se conformó la Alianza Trans Masculina Abortera de Colombia – ATAC, una colectiva formada por activistas independientes comprometidos con la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, a partir de dos colectivos previos “ATravesados” y “AlienHadas”, que proporcionaban acompañamiento médico y emocional a hombres trans y personas no binarias que buscaban interrumpir su embarazo.

Para ATAC, uno de los grandes obstáculos para que los hombres trans y personas no binarias accedan a sus derechos sexuales y reproductivos tiene que ver con que las estadísticas han dejado a estos grupos sociales invisibilizados y al margen de los estudios sobre derechos sexuales y reproductivos y acceso a la IVE en Colombia. Para responder a esta invisibilidad estadística, a lo largo de 2019, ATAC comenzó a expandir su enfoque para incluir discusiones sobre representatividad y dignidad, buscando integrar a la alianza en mesas de conversación con feministas y expertas que habían avanzado en litigios estratégicos e investigación en materia de IVE. De igual manera, en 2021, en una investigación en colaboración con ProFamilia, ATAC documentó las principales barreras de acceso al aborto de hombres trans y personas no binarias. En el documento, ATAC y Profamilia identifican barreras relacionadas al prejuicio, expresadas, por ejemplo, en el hecho de que en los imaginarios del personal de salud no se concibe el hecho de que un hombre trans pueda requerir un aborto.

Esto repercute en profesionales de la salud no preparados para atender las necesidades concretas de los hombres trans al momento de acceder a la IVE y en el temor de las personas trans y no binarias a sufrir discriminación y maltrato en los sistemas de salud, por lo que prefieren practicarse abortos en la clandestinidad, poniendo en alto riesgo sus vidas. De igual manera, el informe también hace énfasis en que los sistemas de registro binarios en las EPS y el Ministerio de Salud no reconocen a las personas trans masculinas como sujetos de servicios de aborto. Aunque algunos profesionales de la salud pueden ofrecer el servicio, en los registros oficiales, estas personas no existen, lo que afecta la visibilidad y el acceso a servicios adecuados.

Esta invisibilidad se extiende a la formación médica, perpetuando la exclusión de las personas trans en la atención de salud. Además, la violencia ginecobstétrica y las prácticas como la esterilización forzada son desafíos graves que enfrentan, lo que subraya la necesidad de acompañamientos dignos y de litigio estratégico, aunque este último es difícil de abordar por la falta de recursos y personal.

ATAC y el acompañamiento a hombres trans y personas no binarias

El trabajo de ATAC acompañando los abortos de hombres trans y personas no binarias inició en Bogotá y Medellín, pero rápidamente se ha expandido a otras regiones de Colombia e incluso fuera del país. Durante la pandemia fortalecieron la investigación y establecieron comunicación con organizaciones en Argentina y México que también trabajan en acompañamiento trans. Históricamente, y ante la falta de apoyo e infraestructura institucional, las personas trans  se han acompañado y apoyado mutuamente en su proceso de acceder a servicios y derechos sobrellevando y afrontando los múltiples obstáculos que enfrentan para ser reconocides por los sistemas de salud. Los acompañantes de ATAC se nutren de estas tradiciones de acompañamiento y cuidado forjadas por las personas trans desde hace décadas, y actúan bajo la convicción de que cada persona es experta en su propio cuerpo.

El acompañamiento se enfoca en escuchar con sensibilidad, ofreciendo información honesta, reconociendo que los cuerpos trans no han sido estudiados por la medicina y la ciencia para ser cuidados, sino para ser corregidos. ATAC parte del entendimiento de que el aborto es un ejercicio de autonomía corporal radical y un proceso donde las personas trans no solo abortan un embarazo no deseado, sino también la transfobia, la heteronorma y la cisnorma.

“Eso es lo que llamamos acompañamiento ‘médico-no médico’: conocimientos médicos construidos desde el movimiento social, que en ocasiones son tomados, expropiados y utilizados por la medicina hegemónica”, señala Martín.

El acompañamiento a hombres trans que buscan abortar requiere cuidados específicos dependiendo del tipo de sangre y de si la persona se encuentra o no en tratamiento con hormonas. Los acompañantes de ATAC sugieren un proceso previo de preparación para que el aborto sea más llevadero, incluyendo antiespasmódicos y relajantes musculares, debido a los efectos de la testosterona en los músculos. El equipo de ATAC resalta la importancia de sostener la hormonización durante el proceso de IVE.

Muchos hombres trans no tienen redes de apoyo y transitan esta experiencia en completa soledad. En estos casos, los acompañantes asumen su rol de estar ahí y acompañar, reforzando la necesidad de una red de apoyo sólida para hacer frente a las complejidades del aborto en hombres trans, quienes también enfrentan barreras laborales y sociales, agravadas por la falta de comprensión en el sistema de salud.

El acompañamiento se organiza con horarios específicos para manejar la seguridad digital. Utilizan SIMs privadas y aplicaciones encriptadas para proteger su privacidad, aunque reconocen que algunas personas a las que acompañan solo tienen acceso a teléfonos básicos. A pesar de los esfuerzos por garantizar la seguridad digital y la representación pública, los acompañantes de ATAC enfrentan constantemente ataques de violencia transfóbica en redes sociales. La falta de normativas para proteger el activismo trans en entornos digitales es un desafío constante.

Los obstáculos de las mujeres negras como un ejemplo del camino que falta

De acuerdo con el informe del año 2024 de la Defensoría del Pueblo, en Colombia, un año y medio después de que entrara en vigencia la Sentencia C-055 de 2022, aumentó el número de mujeres que accedió al procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo en el marco del sistema de salud. De igual manera, la mayoría de mujeres que solicitaron el procedimiento de IVE a través del sistema de salud lo hicieron dentro de las primeras semanas de gestación, lo que muestra un impacto positivo de la Sentencia y de la eliminación de los requisitos para acceder al procedimiento de la IVE en el marco del sistema de salud. Los casos de mortalidad materna por procedimientos de aborto inseguro también han disminuido después de la Sentencia. Según el informe de la Defensoría, para 2023, se presentaron 398 casos de morbilidad materna por complicaciones en procedimientos de aborto, en comparación a 2022, año en que se presentaron 653 casos y a 2021, con 543. 

A pesar de estos avances, aún persisten obstáculos para que las mujeres y personas gestantes más vulnerables accedan a la IVE en condiciones dignas y oportunas en el marco del sistema de salud. Por ejemplo, la Defensoría reconoce que las mujeres que viven en zonas rurales, empobrecidas y/o con presencia de actores armados aún encuentran muchos obstáculos para ejercer su autonomía reproductiva. Las personas no binarias, hombres trans e intersexuales también conviven con múltiples obstáculos para el acceso a la IVE en Colombia.

El informe “IVE desde el márgen” de ILEX. Acción Jurídica, evidencia las barreras que las mujeres negras y afrodescientes enfrentan para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en el marco del sistema de salud colombiano. Entre algunos de los obstáculos más importantes identificados por ILEX figuran el desconocimiento del estatus legal del aborto, los costos involucrados, la disponibilidad del servicio de IVE en las zonas rurales dispersas habitadas mayoritariamente por poblaciones afrodescendientes, la falta de acceso a educación sexual y los estigmas alrededor del aborto y de la autonomía reproductiva en las comunidades y familias. Los hallazgos de este informe demuestran que la Sentencia por sí sola no es garantía para la materialización de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres Afrodescendientes en Colombia. Igualmente, el informe también demuestra la importancia de asumir enfoques interseccionales, étnicos y de discriminación racial para entender la dimensiones del acceso a la IVE en el país.

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Ante las amenazas de retroceso y la criminalización, la solidaridad y el acompañamiento emergen como herramientas esenciales para la defensa y expansión de los derechos reproductivos en la región. Como analizamos en este reportaje, las redes de investigación y apoyo como ATAC, Las Parceras, Ilex Acción Jurídica y Las Socorristas han sido esenciales para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) a grupos históricamente marginados. A través del acompañamiento basado en la experiencia estas organizaciones han creado un espacio seguro ante la invisibilidad. En la unión de cuidados, encontramos la fortaleza para desafiar las barreras y avanzar colectivamente hacia un mundo donde todas las personas puedan ejercer su derecho a decidir con dignidad.