En marzo tuvimos la oportunidad de participar en el Cannabis Social Club Study Tour 2023 de Barcelona, organizado por ICCERS, donde pudimos ver el funcionamiento, retos, problemas y ventajas de este modelo que está a medio camino entre la legalidad e ilegalidad. No se tiene certeza sobre dónde surgieron estas asociaciones, pero se sabe que existen en Argentina, Chile, Bélgica, España e incluso en Colombia. Uruguay es el único país que cuenta con una regulación legal de los clubes cannábicos, allí el número de afiliados debe ser entre 15 y 45, y la plantación está limitada a 90 plantas y la cantidad de  producción y acopio no puede superar los 480 gramos anuales por socio.

La pregunta es si las experiencias catalana, uruguaya o belga pueden aportar insumos para la discusión de la regulación en Colombia, de manera que nuestro modelo quede bajo una perspectiva más comunitaria y de salud pública, que bajo los intereses de la industria del cannabis medicinal.

Los clubes cannábicos son organizaciones privadas de usuaries y cultivadores que producen marihuana colectivamente sin ánimo de lucro, permitiendo la distribución para el uso adulto de acuerdo a la necesidad de sus miembros, sin recurrir al mercado ilegal. Se puede decir que son una respuesta a las leyes nacionales o subnacionales, sentencias judiciales y lagunas normativas del uso personal de drogas. Y ojo no en todos los casos se trata de uso recreativo. Algunos clubes surgieron del activismo cannábico o de la relación cultural con la planta, pero el esquema evolucionó hacia más o menos el siguiente: un grupo de ciudadanes en uso de las libertades de asociación y de desarrollo de la personalidad se juntan para cultivar cannabis, algunes aportan trabajo y otres una cuota en dinero (anual por la membresía o cada vez que retiran el producto).

Los clubes cannábicos son un modo de producción y distribución que genera acceso a una sustancia segura y evita la criminalización tanto de cultivadores como de vendedores. De hecho, los clubes cannábicos han sido claves para desarrollar una red de distribución que garantice un circuito de cultivo-distribución-uso sin intermediarios y enfocado en la reducción de riesgos y daños, el monitoreo de la calidad del cannabis que se dispensa, la seguridad para les integrantes de la cadena y la aplicación de enfoques reparadores. En algunos casos se comparte un registro formal ante las autoridades, con variaciones significativas sobre el número de integrantes, la modalidad de contribución, la relación con les cultivadores, o la compra del cannabis a cultivadores en áreas rurales.

La regulación colombiana en su laberinto…

La prohibición de la marihuana en Colombia se está acabando, pero a veces el proceso se enfrenta con barreras muy difíciles de superar. Esa fue una idea que surgió el pasado 20 de junio luego de que el Senado de la República hundiera la reforma constitucional para permitir la propia regulación. En este país se requiere esa reforma porque el texto del artículo 49 establece que “el porte y el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica”, y esto nos sitúa en un contexto jurídico distinto al que enfrentó Uruguay en 2013. Acá hay una disputa jurídica no resulta sobre la interpretación de los límites y el alcance de la constitución.

Digamos que para el caso uruguayo la principal disputa jurídica se dio con relación al régimen internacional de prohibición, bajo el argumento de que una regulación del cannabis protegía de manera más efectiva los derechos humanos de la población usuaria. En el caso colombiano tenemos que discutir la interpretación del artículo 49 (donde hay varias posturas) y a la vez encargarnos de la discusión sobre las obligaciones internacionales. Por eso, se insiste en el trámite de un nuevo proyecto de acto legislativo, que ya se presentó en esta legislatura, y es bueno retroalimentarlo con respuestas a las críticas que se han hecho. Es decir, las preguntas de quiénes van a cultivar, qué variedades de plantas son más adecuadas, dónde se va a poder comprar, quiénes pueden acceder a los productos, cuáles serán los principios de la regulación, no sólo siguen vigentes, sino que pueden impulsar o no los votos para la aprobación de la reforma constitucional.

Salir de la prohibición en Colombia parece un laberinto: hay que reformar la constitución, preparar al Estado para el escenario regulatorio, garantizar la participación ciudadana, impedir que la industria del cannabis medicinal se apropie del mercado recreativo, y evitar que se desplace a los actores del mercado gris que por décadas han surtido al uso adulto en redes informales pero no criminales. Es el momento de preguntarnos si es posible implementar un modo de distribución del cannabis más comunitario y menos centrado en una comercialización industrial.

Dentro de los riesgos de que el mercado de cannabis sea dominado por grandes industrias están el uso de publicidad excesiva, interferencias con las medidas regulatorias, incentivo al uso o creación de productos que potencian los efectos nocivos sobre la salud de las personas. Todos estos riesgos ya se han diagnosticado en mercados como las bebidas azucaradas, los alimentos ultraprocesados, el tabaco o el alcohol.

El sector empresarial que avanza en el mercado medicinal ha construido una narrativa de que el cannabis es un mercado lucrativo. De hecho, las estimaciones muestran que durante el 2022 el tamaño del mercado internacional del uso recreativo fue de 80 billones de dólares, mientras otras indican que los usuarios de cannabis gastaron un estimado de 459 billones de dólares en productos con alto THC.

La regulación no va a servir tampoco para resolver todos los problemas del país, pero puede traer buenos resultados con una buena mezcla entre realismo y ambición. Desde Dejusticia hemos propuesto cuatro principios: la reducción del impacto de la marihuana en las economías ilegales y redes del narcotráfico, una mejor protección de la salud pública, la promoción del desarrollo sostenible en las zonas donde hoy se asientan los cultivos y las redes de tráfico ilegal, así como, la implementación de medidas que reparen los daños de la guerra contra esta planta. Creer en la idea utópica de que regular la marihuana será el motor de la economía colombiana es un error porque el potencial económico se está construyendo en una quimera de oro verde que tarde o temprano nos va a defraudar. Y esto puede poner en riesgo la armonía entre los cuatro principios que se mencionan.

Clubes, mercado gris y la regulación en el contexto colombiano

La apuesta por los clubes cannábicos que hoy día son parte de lo que denominamos con Isabel Pereira como el “mercado gris del cannabis”. Es decir, los actores del mercado gris son aquellos que permiten el acceso al cannabis o sus derivados a través de redes que se consideran nominalmente ilegales (porque está sancionado en el código penal la distribución a través de cualquier medio), sin estar articulados al crimen organizado ni estar sometidos a sus prácticas violentas o corruptas. El modelo de los clubes cannábicos tiene la posibilidad de ser el antídoto de la política pública para contrarrestar la humareda de los intereses económicos alrededor de la marihuana.

Este modelo se inserta en la dinámica de los parches cannábicos, que tienen una relación cultural con la planta y no la ven como simple fuente de riqueza. Cumple mejor con los objetivos que hemos considerado debería tener una regulación colombiana. No sólo en reducir los riesgos y daños potenciales del uso, sino en respetar a les actores que previamente habían trazado caminos dentro de la ambigüedad del mercado gris para garantizar su incorporación desde un enfoque de participación y derechos humanos.

El mercado gris es la clave para hacer surgir una regulación responsable y al servicio de la salud pública y no del mercado. La invitación es ampliar la conversación sobre los clubes cannábicos, encontrar las falencias que tendrían en una regulación a la colombiana y hacer un llamado a atender la realidad. Un modelo en extremo comercial del cannabis no beneficia a la salud pública, además, puede dificultar la inclusión de las comunidades rurales que cultivan cannabis. Si queremos que una regulación reconozca la historia de la prohibición, sus daños, estigmatizaciones y la potencialidad creativa de los actores del mercado gris, por qué no pensar que jardineres que están en las ciudades podrían asociarse con productores rurales del Norte del Cauca con el objetivo de establecer un circuito de distribución. Suena razonable pensar fuera de la caja de un mercado dominado por grandes empresas.