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El proyecto de decreto para reanudar las fumigaciones aéreas con glifosato sembró más preguntas que certezas entre las comunidades rurales. Por eso, desde Dejusticia y con apoyo de Fedemedios, produjimos tres programas radiales que buscan responder estas dudas en sectores apartados, a donde difícilmente llegan los grandes medios de comunicación o las explicaciones del Gobierno. | EFE

Más de 350 radios comunitarias informan a sus audiencias sobre los riesgos de retomar las fumigaciones aéreas con glifosato

En una alianza con Fedemedios, dialogamos con las comunidades rurales de todo el país sobre el borrador de decreto que publicó el Gobierno y que llevaría nuevamente las avionetas con herbicida a los territorios.

Por: Dejusticiamarzo 27, 2020

¿Por qué en medios nacionales han vuelto a hablar de la fumigación aérea con glifosato? ¿Por qué se dice que podrían retomarse? ¿Por qué entre los campesinos cocaleros hay tanta zozobra? ¿Y qué va a pasar con el Programa de Sustitución de Cultivos al que se han acogido familias y comunidades?

Estas son algunas de las preguntas que surgieron en varias regiones del país donde el cultivo de la mata de coca ha sido una práctica frecuente y una fuente de sustento. Las inquietudes tuvieron lugar luego de que en plenas fiestas de fin del año pasado, cuando nadie estaba atento a las noticias, el presidente de la República, Iván Duque, publicara un proyecto de decreto con el que el Gobierno podría reanudar las fumigaciones aéreas con glifosato.

Lea también la columna de nuestro miembro fundador Rodrigo Uprimny:
‘Fumigaciones aéreas: año nuevo con políticas viejas’.

En resumidas cuentas, el documento dice que el Consejo Nacional de Estupefacientes deberá́ definir los lugares donde se ejecutarán los programas de aspersión, excluyendo a Parques Naturales, ecosistemas estratégicos, centros poblados y cuerpos de agua.

También, que en caso de evidenciar nuevos impactos o riesgos no contemplados a la salud o el medio ambiente, la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) y el INS (Instituto Nacional de Salud) deberán realizar una revisión de éstos y enviar un informe al Consejo Nacional de Estupefacientes para que revise su decisión y se pronuncie.

De igual forma, el borrador plantea que el ejecutor del programa de fumigación aérea deberá́ garantizar espacios concretos de participación de la población afectada por las aspersiones.

La radio comunitaria responde

Como este proyecto de decreto sembró más preguntas que certezas entre las comunidades rurales, desde Dejusticia produjimos tres programas radiales que buscan responder estas dudas en sectores apartados, a donde difícilmente llegan los grandes medios de comunicación o las explicaciones del Gobierno.

Lo invitamos a leer:‘Aspersión aérea con glifosato: mejor bueno conocido que malo por conocer’.

Los tres programas, que encuentran en la parte inferior de esta página y que decidimos nombrar ‘Hablemos de Glifosato’, abordan:

1. El meollo jurídico que rodea a la decisión de retomar o no las fumigaciones aéreas

2. Los riesgos para la salud que ello significaría para hombres, mujeres y niños campesinos, y los efectos para el medio ambiente por el uso de ese herbicid.a

3. Las alternativas que plantea el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos (PNIS).

Con el apoyo de Fedemedios (Federación de Medios Comunitarios de Colombia), las piezas fueron distribuidas, inicialmente, entre 20 emisoras comunitarias de los departamentos de Putumayo, Caquetá, Guaviare y Cauca, y más adelante con otras 360 emisoras comunitarias de todo el país.

Desde Dejusticia, esperamos que esta información aporte a resolver los vacíos informativos que hay en las regiones alrededor del borrador de decreto emitido por el Gobierno, y esperamos que el presidente Iván Duque acoja los comentarios que desde la sociedad civil enviamos en enero pasado a ese documento.

¿Qué dijimos desde la sociedad civil?

Desde la Coalición Acciones para el Cambio (APC), a la que pertenecen varias organizaciones que luchamos por una política de drogas más inclusiva y menos contradictoria con los derechos humanos, enviamos al Gobierno Nacional una serie de observaciones sobre el decreto que dio a conocer el pasado 30 de diciembre, y que permitiría reanudar las fumigaciones aéreas con glifosato.

Según el Acuerdo de Paz, la aspersión aérea con glifosato solo se contemplaría cuando las demás herramientas (sustitución voluntaria, erradicación manual) hubieran fracasado. ¿Llamamos fracaso a que el nivel de cumplimiento de las comunidades que se han acogido al Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) sea del 95 %?, expresamos desde Acciones para el Cambio.

En ese sentido, es claro que en los territorios en que no se han intentado acciones voluntarias y concertadas de sustitución de cultivos declarados ilícitos, la aspersión aérea no puede ser la primera opción de erradicación.

De igual forma, en el documento enviado al Gobierno, recordamos que en la Sentencia T-236, la Corte Constitucional le dijo al Gobierno que debía emitir información pública sobre los estudios realizados acerca de los riesgos de la fumigación aérea con glifosato, pero a la fecha no han publicado ninguno.

El decreto dice que no habrá fumigaciones en parques ni ecosistemas estratégicos, pero el SIMCI (Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos) revela que el 47 % de los cultivos de coca están en zonas de especial manejo ambiental, y el 16 % en territorios de comunidades negras. ¿Vale la pena este medida costosa e ineficiente para un porcentaje minoritario de la problemática?, preguntamos desde la Coalición.

También nos preocupa que, según el decreto, los ciudadanos pueden presentar quejas  relacionadas con la fumigación al INS, a la ANLA, al ICA, y al Fondo Nacional de Vivienda, pero estas entidades no cuentan con presencia territorial suficiente en los lugares que serían fumigados.

Además, el decreto plantea que se divulgará información sobre la aspersión en las páginas web de estas entidades, pero las poblaciones objeto de este proyecto de decreto – zonas rurales y rurales dispersas – presentan un déficit de conectividad a internet.

Por último, este decreto está diseñado para reaccionar a un daño ya causado, mas no para prevenir cuando haya sospecha razonable de riesgo. Esto va en contravía, no solo de las órdenes de la Corte, sino del deber constitucional del Estado de proteger a sus ciudadanos.

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