El pasado 24 de enero, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en primer debate un proyecto de ley que busca acorralar a las organizaciones de la sociedad civil de ese país al obligarlas, entre otras cosas, a pedirle permiso al Gobierno para crearse y funcionar. Este proyecto es el más reciente intento del Gobierno por acorralar a la sociedad civil venezolana y se suma a la persecución contra sindicalistas y líderes gremiales, así como la judicialización de periodistas y medios de comunicación independientes.

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La sociedad civil venezolana está en altísimo riesgo

Como respuesta, 414 organizaciones venezolanas, colombianas e internacionales -incluyendo a Dejusticia, Amnistía Internacional, WOLA, Transparencia Internacional, Women’s Link Wordlwide y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF)- firmamos un comunicado rechazando este proyecto de ley por violar el derecho a la libertad de asociación y cerrar el espacio cívico, llevando a la cooptación del tejido social.

En el comunicado hacemos dos solicitudes. Primero, que se desestime el proceso de aprobación del proyecto de ley, incluyendo su reforma o cualquier otra norma legal en la agenda legislativa que vaya en similar sentido. Exigimos que, por el contrario, se reconozca y facilite el derecho a la libre constitución, funcionamiento, actuación y formalización de personalidad jurídica de todas las formas de asociación sin fines de lucro.

Segundo, que se respeten los límites de los Estados en los tratados internacionales de derechos humanos para establecer normas que afecten el derecho a la libertad de asociación y los estándares de un entorno libre y seguro del espacio cívico. Así se garantizarían los derechos esenciales de libertad y la autonomía de las personas a asociarse y de la sociedad a contar con asociaciones para participar en las cuestiones que la afectan.