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Mas escándalos que instituciones

Mauricio García Villegas
agosto 29, 2008

Publicado en: El Espectador

UNA DE LAS COSAS QUE MÁS SE NOTA en una democracia que funciona bien es la clara separación que allí existe entre los temas que son objeto de consenso y aquellos que son objeto de disenso.

 

UNA DE LAS COSAS QUE MÁS SE NOTA en una democracia que funciona bien es la clara separación que allí existe entre los temas que son objeto de consenso y aquellos que son objeto de disenso.

El consenso se origina alrededor de cuatro reglas constitucionales básicas: 1) la regla de la competencia, 2) la regla del equilibrio, 3) la regla de la sucesión y 4) la regla de la primacía de los derechos. La primera vela por una efectiva competencia entre los partidos; la segunda por el control recíproco entre las instituciones del Estado; la tercera por el cambio de gobernantes y la cuarta por los derechos de la gente. El disenso, por su parte, cubre casi todo lo demás, desde el manejo de la economía hasta la protección del medio ambiente, pasando por la distribución de cargas tributarias y la prestación de los servicios públicos.

En Colombia nada de esto es muy claro. Peor aún, uno tiene la impresión de que la distribución de los temas de consenso y disenso funciona al revés. Lo que está llamado a ser un consenso, es un disenso y viceversa. Las reglas de la competencia y del equilibrio no sólo no funcionan bien —debido a la reelección y al descrédito actual del Congreso— sino que son constantemente puestas en tela de juicio por el Gobierno, cada vez que acusa a la oposición, o a los jueces, de ser cómplices del terrorismo. La regla de la sucesión presidencial, se mantiene en vilo permanente a causa del debate sin fin sobre la reelección presidencial. La regla de la primacía de los derechos fundamentales, por su parte, nunca ha sido muy respetada en Colombia y menos actualmente en estos tiempos de fundamentalismo y de guerra.

Del otro lado, el disenso político es tan precario, que parece como si los grandes temas de interés nacional —la lucha contra el narcotráfico, la reforma agraria, la iniquidad de la educación básica, la responsabilidad de los canales privados de TV, la corrupción, el clientelismo— fueran objeto de un consenso. De hecho, son el resultado de un consenso por omisión, originado en la incapacidad del Congreso y de los partidos para salir de los embrollos judiciales en que se encuentran y debatir esos temas.

El deterioro de las tres primeras reglas —competencia, equilibrio y sucesión— se ha agravado con la política de Seguridad Democrática del presidente Uribe. Según esa política, el Estado colombiano se encuentra en guerra contra la subversión y esa guerra se libra no sólo en el monte, desde donde se planean las acciones terroristas, sino en la sociedad, contra quienes supuestamente encubren y apoyan esas acciones de terror.

Se supone entonces que, para ganar esa guerra no sólo hay que unir a toda la sociedad en torno al Presidente, sino que hay que denunciar a los encubridores, algunos de los cuales, según el Gobierno, son incluso jueces o funcionarios del Estado. Los resultados de esta política han sido exitosos en el campo militar, pero han sido nefastos para el sistema democrático y para el fortalecimiento institucional. La recurrente actitud presidencial que consiste en acusar a sus contradictores de ser enemigos de la patria ha envenenado el debate político y destruido el disenso democrático.

Así, pues, en Colombia nos la pasamos discutiendo lo que no se debería discutir y no discutimos lo que deberíamos estar discutiendo. Por eso tenemos más escándalos que instituciones. Es una lástima que el presidente Uribe haya malgastado su enorme popularidad en peleas mezquinas y en prácticas politiqueras parroquiales, cuando pudo haberla utilizado para crear consensos y dirigir el debate político, con dignidad, hacia donde están los verdaderos intereses nacionales.

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