Comenzaron pidiendo perdón a las víctimas, pero luego se dedicaron a minimizar la responsabilidad. Así echaron más sal en la herida de las víctimas al insultar la memoria de sus seres queridos. También ofendieron la memoria de la sociedad al negarse a aclarar cuál fue el rol de sus gobernantes en los terribles hechos.

El Estado sostiene que, fuera de las desapariciones y torturas aceptadas, sólo es responsable de que aún no se sepa qué pasó con los otros nueve desaparecidos, ni cómo murió el magistrado Urán. Pero en la admisión de responsabilidad parcial aceptó su omisión por la violación, no sólo de las garantías judiciales, sino también de los derechos a la vida e integridad de esas personas. El argumento es ambiguo, pues si el Estado acepta que violó esos derechos, no lo hizo sólo por no esclarecer los hechos. ¿Qué significa, acaso, la omisión en la violación del derecho a la vida si no la omisión en su respeto o garantía? El abogado Sampedro no supo explicarlo al juez que se lo preguntó. Esto sugiere que la admisión del Gobierno no es más que un gesto político vacío de contenido.

El Estado no controvirtió exitosamente las pruebas que sustentan su responsabilidad, pero negó su suficiencia porque no demuestran con certeza absoluta lo sucedido. En el Sistema Interamericano la falta de certeza no es causal para exonerar de responsabilidad por violaciones en las cuales el Estado ha encubierto los hechos.

Una muestra de ese encubrimiento es la declaración de Duque, perito del Estado. Según éste, el incendio llegó a temperaturas de 1.500 grados que habrían permitido que los cuerpos de los desaparecidos se desintegraran. Pero cuando un juez le preguntó, tuvo que aceptar que estaba especulando. El otro perito había explicado que por los restos hallados era casi imposible que la temperatura hubiera superado los 900 grados.

Duque afirmó también que Urán no pudo salir vivo del Palacio, pues sus restos exhibían lesiones que le habrían impedido incluso cojear. Pero ante las preguntas admitió que no puede saberse cuándo sufrió las lesiones, salvo que sucedieron muy cerca de su muerte; es decir, pueden haber ocurrido tras su salida del Palacio, lo que sugeriría que las torturas a las que estuvo sometido son más graves de lo que creíamos.

El Estado no sólo niega las atrocidades sino que parece justificarlas. Esa impresión dejó el testimonio del exministro Jaime Castro, que con soberbia adhirió al eslogan del excoronel Plazas Vega al decir que las decisiones durante la retoma “salvaron a la democracia”. Castro reconoció que el gabinete no supo detalles de lo que hacían los militares, pero tampoco tomó medidas para controlar o enfrentar los abusos. Aun así, dijo que las decisiones fueron correctas y que hoy, sabiendo lo sucedido, volvería a apoyarlas. Presentó entonces los crímenes como daños necesarios para la preservación de las instituciones.

¿Pero qué instituciones se preservaron en un episodio que terminó con una de las cortes más ilustres y avaló los abusos de los militares? La actitud de Castro muestra que a la élite política sólo le importa insistir en que la tragedia del Palacio no constituyó un golpe. Pero si fue así, entonces no puede negar su responsabilidad (no sólo política, sino también penal) por haber cerrado los ojos. Ni por haber debilitado profundamente la democracia, lanzando el mensaje, que tan caro nos ha salido, de que los militares pueden violar impunemente los derechos con la complacencia del Gobierno.