La demanda de inconstitucionalidad detrás de la sentencia C-029 fue presentada el 28 de abril de 2008 por Colombia Diversa, el Centro de Estudios Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) y el Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes con el respaldo de cerca de 30 grupos defensores de derechos humanos como la Comisión Colombiana de Juristas y Católicas por el Derecho a Decidir.