“Hoy tenemos niños con rasquiña y brotes, ancianos en cama que han sufrido accidentes, todo por el problema de las aguas servidas. Necesitamos que se haga público esto porque queremos soluciones pronto”, dijo Elsy Quinta, para Blu Radio el 12 de septiembre, luego de los disturbios en las instalaciones del despacho municipal que provocó un grupo de habitantes de María La Baja para protestar contra el servicio de alcantarillado.

Resulta que aunque María La Baja estrenó alcantarillado hace dos años, este nunca ha funcionado bien, y para rematar, desde hace unos meses las aguas servidas comenzaron a inundar las calles y las casas cada vez que llueve. Según declararon a los medios los habitantes del municipio, el problema se debe, a que la planta de oxidación, que se encarga del tratamiento de aguas residuales se dañó, porque los funcionarios de la empresa de alcantarillado taponaron el tubo madre cuando iban a arreglar el sistema, causando los problemas de inundación.

Puede leer: Niñas y niños de María La Baja, en riesgo por mal servicio de alcantarillado

Los habitantes del municipio ya están hartos de cada vez que llueve, tener que salir con escoba en mano a combatir esas aguas negras, que han traído malos olores y enfermedades. En María La Baja ya se han registrado varios casos de habitantes adultos (al menos 24, según pruebas de asistencia a centros médicos enviadas a Dejusticia) y menores de edad que, al entrar en contacto con las aguas negras, y con el barro sucio, presentan llagas e infecciones en el cuerpo, que afectan su salud y su vida diaria.

Aunque María La Baja estrenó alcantarillado hace dos años, este nunca ha funcionado bien y desde hace unos meses las aguas servidas comenzaron a inundar las calles y las casas cada vez que llueve. / Foto: Cortesía de la comunidad

En medio de este panorama, el pasado 5 de junio, una madre de María la Baja interpuso una tutela contra la alcaldía del municipio, la empresa de alcantarillado Acumaria, el Consorcio Alianza YDN María La Baja y la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, con el apoyo de Dejusticia y del Colectivo de Pensamiento e Interacción, para exigir la protección de los derechos a la vida, la integridad física y la salud de sus dos hijos de 5 y 3 años. Los menores han presentado ronchas y lesiones agravadas por la picadura de mosquitos contaminados, que les hace difícil cosas como ir a la escuela, jugar y comer.

La tutela, sin embargo, fue rechazada en primera instancia, y anulada en un segundo momento, a pesar de que Dejusticia  presentó un recurso de reposición, recalcando la importancia de seguir con el caso, pues los menores constituían sujetos de especial protección constitucional.

En primera instancia la tutela fue rechazada por un juez de Turbaco porque consideró que pedía el cumplimiento de un derecho colectivo —el alcantarillado— y en segunda instancia el caso fue anulado por el Tribunal Superior de Cartagena por considerar que hacía falta vincular a la Procuraduría y la Defensoría de Familia.

Ahora la tutela se encuentra en segunda instancia de nuevo, después de haber sido rechazada una vez más en la primera fase, a pesar de que se aportó la prueba de la dermatóloga Mayra Carrillo, quien corroboró la posibilidad de que las ronchas y lesiones se deban a las aguas negras agravadas por las picaduras de mosquitos infectados.

En su intervención en primera instancia, Dejusticia demostró que existe una alta probabilidad de que el ineficiente funcionamiento del sistema de alcantarillado haya causado las enfermedades en los menores de edad y pueda afirmarse que la falta en este servicio público está vulnerando los derechos de los menores.

También recuerda que la Corte Constitucional ha reconocido que en todos los casos relacionados con la protección de los derechos de los niños y las niñas el criterio primordial que deben seguir las autoridades competentes es el de la protección del interés de los menores.

Por último argumenta que, como involucra el bienestar de dos niños, aunque existan otros instrumentos como la acción popular no debe exigirse otro mecanismo que genere una carga desproporcionada sobre ellos.

Por eso Dejusticia ha insistido en el amparo de los derechos fundamentales de estos dos menores de edad, vulnerados por el mal servicio público de alcantarillado. El buen funcionamiento de los servicios de agua, saneamiento e higiene es fundamental para evitar una amplia gama de enfermedades. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que “las condiciones higiénicas deficientes explican, en parte, la elevada frecuencia del impétigo —o llagas— en los países en desarrollo”, por lo que se solicita a las entidades involucradas tomar cartas en el asunto.