El municipio de Cumbal, ubicado en el departamento de Nariño, al sur de Colombia, conserva aproximadamente 49.000 hectáreas de páramos, ecosistemas conocidos como “países de las nieblas”. Algunos de sus suelos y vegetaciones pueden retener hasta diez veces más carbono que un metro cuadrado de bosque tropical. 

Es por eso que Cumbal, donde el 93 % de la población se autorreconoce como indígena,  es muy apetecido por los comerciantes de los créditos de carbono. Es por eso que Cumbal, donde el 93 % de la población se autorreconoce como indígena, es muy apetecido por los comerciantes de los créditos de carbono. Los créditos de carbono son un mecanismo que permite comercializar toneladas de dióxido de carbono absorbidas o no emitidas (donde cada crédito es una tonelada de carbono), brindando apoyo económico a las comunidades que protegen los ecosistemas. En teoría, este mercado incentiva a las empresas a reducir sus emisiones de GEI, mientras financia la conservación y expansión de bosques para evitar la liberación de más gases a la atmósfera.

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El mercado del carbono es enorme y atractivo. De hecho, según cifras del Banco Mundial, entre 2007 y 2022 se emitieron créditos equivalentes a 4700 millones de toneladas de CO2. Entretanto, en Colombia, con su extraordinaria riqueza ecológica y 60 millones de hectáreas de bosques naturales, se calcula que, hasta 2022, había en marcha cerca de 100 proyectos de este tipo. 

En medio de ese boom del carbono, hace tres años, el gobernador y representante legal del resguardo del Gran Cumbal suscribió un contrato de mandato con SPV Business S. A. S. para que (en nombre y representación del resguardo) creara el Proyecto Ambiental de Protección Pachamama Cumbal, que cobijaba cuatro resguardos indígenas aledaños (Gran Cumbal, Chiles, Panán y Mayasquer). 

El proyecto, según reportó el periodista Andrés Bermúdez Liévano en 2023, se desarrolló sin las condiciones mínimas de transparencia y participación, y generó conflictos en las comunidades, problemas que se han vuelto cada vez más frecuentes en los mercados del carbono, principalmente en los territorios de poblaciones étnicas del Sur Global.

Los problemas alrededor de los mercados de carbono en Colombia 

El caso de Cumbal y los problemas sociojurídicos que han desencadenado estos mercados en Colombia fueron material de estudio por parte nuestra investigadora María Adelaida Ceballos Bedoya, directora de la línea Sistema Judicial de Dejusticia. 

En su nuevo libro ‘Los mercados de carbono en Colombia: entre los problemas de capacidad estatal y la judicialización verde’, que hace parte de la colección Emergencia Climática y Justicia Ambiental, Ceballos encontró que estos mercados son opacos, están siendo escasamente regulados y controlados por los Estados y amenazan los derechos de las comunidades locales (en su mayoría étnicas). Ceballos Bedoya resumió este panorama en los siguientes puntos:

1. Falta información completa y confiable:
   Al estar cobijados por las lógicas de las transacciones privadas, los mercados de carbono usualmente están protegidos por cláusulas de confidencialidad y los actores involucrados no suelen tener la obligación de reportar detalles de sus negociaciones. La ausencia de obligaciones de transparencia lleva a que los Estados no tengan buenos datos sobre los proyectos en marcha, y la ausencia de datos impide, entre otras cosas, que las comunidades locales conozcan los alcances de los contratos que están firmando.
2. La efectividad de los mercados de carbono es cuestionable:
   Si bien la falta de datos confiables obstaculiza la evaluación exhaustiva de los proyectos existentes, buena parte de la evidencia disponible apunta a que, en el mejor de los casos, estos proyectos sobreestiman considerablemente sus efectos positivos en el medio ambiente, mientras subestiman sus impactos negativos. Un estudio de 2023 elaborado por The Guardian y Corporate Accountability analizó los 50 proyectos más grandes de compensación de emisiones, y encontró que 78% eran “posiblemente basura o no tenían valor”. 
3. Muchas veces excluyen a las comunidades:
   Es común que las empresas intermediarias ni siquiera informen a las comunidades sobre sus intenciones y terminen negociando los créditos con el consentimiento de apenas algunos de sus miembros. Esto es especialmente grave cuando se trata de comunidades étnicas. En estos casos, los proyectos de carbono suelen ir en contravía de las formas de vida tradicionales de las comunidades, lo que se traduce en una amenaza para sus derechos a la libre determinación, el autogobierno, y la consulta y consentimiento previos.
4. Pueden generar incentivos perversos:
   El boom del carbono está generando trabas para que las comunidades locales obtengan títulos sobre las tierras y parece estar causando el desplazamiento forzado de los habitantes de las zonas propicias para proyectos de carbono. Posiblemente, también incentivan el aumento de la deforestación en algunas regiones, pues los proyectos de carbono ofrecen más dinero cuanto más cerca estén de un territorio con alto riesgo de deforestación. Además, al menos en América Latina, parecen estar asociados a las amenazas y asesinatos de líderes ambientales.

¿Y dónde quedan las normas?

Estos problemas, que están presentes en buena parte del centenar de proyectos de carbono que tiene Colombia, se intensifican en contextos con una institucionalidad débil, como el nuestro.

Una manifestación clave de esta debilidad es que, aunque existen normas aplicables a los mercados de carbono (desde instrumentos internacionales hasta lineamientos nacionales) esas normas han tenido una implementación deficiente o carecen de mecanismos que garanticen su efectiva imposición. ¿Por qué?

De acuerdo con la investigación, las comunidades que producen los créditos suelen estar ubicadas en regiones periféricas, en su mayoría territorios étnicos, donde la capacidad infraestructural del Estado es baja. Por lo tanto, esas comunidades tienen un acceso limitado a recursos del Estado y a mecanismos para la protección de sus derechos. 

En segundo lugar, la falta de regulaciones vinculantes, controles y monitoreo a los mercados de carbono es, en algunos casos, una evidencia del bajo nivel de voluntad por parte del Estado para enfrentarse a las compañías privadas y proteger los derechos de las comunidades cuidadoras de los ecosistemas. 

Finalmente, los conflictos socioambientales se están resolviendo principalmente por vía judicial. Este fenómeno (que la autora llama judicialización verde) es producto de la baja capacidad infraestructural del Estado y la poca voluntad institucional ya mencionadas, pero también es consecuencia del debilitamiento de los sistemas de representación y participación política, lo que ha impedido que las transformaciones sociales se tramiten por la vía política (y no por la judicial). 

Para Ceballos Bedoya, confiarle estos conflictos (exclusiva o predominantemente) al Poder Judicial trae riesgos, ya que si bien las decisiones judiciales pueden tener efectos progresistas, sus efectos también pueden ser opresivos o pueden perpetuar el statu quo. Más aún, las estrategias centradas en la judicialización pueden resultar problemáticas si consideramos que con frecuencia implican intervenir cuando las vulneraciones graves a los derechos ya ocurrieron y no pueden repararse.

Judicialización verde en Cumbal

En el caso de Cumbal, donde la comunidad en pleno no fue informada ni dio su consentimiento frente al proyecto, y nunca tuvo acceso a información básica sobre él, los problemas han sido tramitados principalmente por la vía judicial, con resultados que dejan inquietudes. 

Nuestra investigación muestra que, si bien las órdenes judiciales suspendieron el proyecto, los créditos parecen haber seguido comercializándose. Estas órdenes tampoco consiguieron descubrir cuáles fueron los contratos iniciales o qué pasó con los dineros que presuntamente entraron al resguardo por la venta de los primeros créditos de carbono. Además, al momento de publicar este libro, pendía sobre algunos líderes de la comunidad una denuncia penal por injuria y una solicitud de indemnización a las compañías por 200.000 dólares. 

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Las complejidades del caso Cumbal no solo revelan los retos que existen para garantizar algunos derechos ya reconocidos en el ordenamiento colombiano (como la consulta y consentimiento previos, el gobierno propio y el acceso a la información ambiental), sino que también muestran la necesidad de hacer cumplir las salvaguardas socioambientales que han sido creadas específicamente para los mercados de carbono. 

Queda, entonces, la pregunta de si es posible —dentro del modelo global actual— construir un sistema de reglas y controles que garantice los derechos de las comunidades mientras las deja disfrutar de los beneficios económicos del carbono. También quedan sobre la mesa preocupaciones sobre cómo conseguir que esta expansión del carbono no sea una repetición de las bonanzas previas en las periferias colombianas, que han dejado un largo historial de destrucción, exclusión, desigualdad y sangre. El reto actual del Estado colombiano, así como del sector privado y el activismo, es propender por que los mercados de carbono transformen este curso habitual de nuestra historia.

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