El número de migrantes latonoamericanos y caribeños se ha duplicado en la última década. Según datos de las Naciones Unidas, en 2024, más de 48 millones de personas de la región vivían por fuera de sus países de origen, con dos destinos principales: Estados Unidos (55 %) y España (8,5 %).

Estas tendencias tienen lugar en medio de graves condiciones de violencia, explotación, desprotección y discriminación. En 2024, 1.176 personas migrantes desaparecieron durante sus travesías en la región; casi 4.500 niños, niñas y adolescentes cruzaron solos la selva del Darién entre Colombia y Panamá, y Médicos Sin Fronteras documentó altos índices de amenazas, extorsión, secuestros y violencia sexual a lo largo de las rutas migratorias de América Latina y el Caribe.

Entretanto, en varios de nuestros países estamos presenciando un aumento de medidas restrictivas y de criminalización hacia personas migrantes: endurecimiento de controles fronterizos; redadas policiales, detenciones arbitrarias y deportaciones exprés; restricción o suspensión de programas de regularización que antes permitían acceder a salud, educación y empleo; lentitud en los trámites de residencia y refugio, y aumento de un clima político cada vez más hostil contra las personas que migran.

Así las cosas, se hace cada vez más urgente la aplicación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que adoptaron en 2018 más de 150 países, incluido Colombia. El pacto, promovido por las Naciones Unidas, es un acuerdo no vinculante que establece compromisos para mejorar la gestión de la migración, proteger los derechos de las personas migrantes, abrir vías legales y seguras para migrar y fortalecer la cooperación entre los Estados.

Durante su Segunda Revisión Regional, realizada en días pasados en Santiago de Chile, se reunieron gobiernos, organismos internacionales, personas migrantes y retornadas y organizaciones de la sociedad civil, entre las que estuvo Dejusticia, para evaluar avances, compartir experiencias y discutir los desafíos pendientes en la implementación. Así está el panorama de la migración en América Latina y el Caribe: 

Desafíos para la migración 

Entre eventos y plenarias, este encuentro permitió visibilizar experiencias desde los territorios, promover el intercambio regional y proponer acciones concretas para garantizar los derechos de las personas migrantes y retornadas. En este sentido, se evidenciaron los múltiples desafíos que persisten en la región: las barreras para acceder a vías de regularización seguras, accesibles y permanentes; la falta de garantías efectivas para la protección de derechos; los obstáculos para la integración socioeconómica; y los vacíos en la gobernanza migratoria, marcados por la débil articulación entre los Estados.

A ello se suma la falta de compromiso por parte de muchos gobiernos para reconocer y abordar las causas estructurales que obligan a miles de personas a migrar forzadamente, como la violencia, la desigualdad, la crisis climática yo el despojo territorial.

Llamados desde la sociedad civil

Al concluir la revisión, las organizaciones de la sociedad civil construimos y compartimos una postura conjunta mediante un comunicado colectivo en el que expresamos nuestras preocupaciones, aprendizajes y recomendaciones:

• Que los Estados cumplan con los compromisos asumidos y se comprometan a asegurar una migración verdaderamente digna, justa y con garantías de derechos.
• Que garanticen la participación efectiva, informada y significativa de la sociedad civil y de las propias personas migrantes en todas las etapas del proceso migratorio. 
• Que avancen hacia políticas migratorias coherentes con la realidad de los territorios, con los compromisos asumidos en el marco del Pacto y con la urgencia de atender las causas profundas de la migración forzada en nuestra región.

Desde Dejusticia, reiteramos estos llamados, destacando el papel que jugaron los gobiernos de América Latina y el Caribe al promover un enfoque de derechos humanos en la negociación del Pacto. De cara al Foro de Examen de la Migración Internacional (FEMI), previsto para 2026, confiamos en que los Estados de la región mantendrán y profundizarán ese liderazgo.

Para ello, será clave garantizar la participación efectiva, informada y significativa de la sociedad civil y de las propias personas migrantes en todas las etapas del proceso, desde la evaluación hasta la toma de decisiones. Solo así será posible avanzar hacia políticas migratorias coherentes con la realidad de los territorios, con los compromisos asumidos en el marco del Pacto y con la urgencia de atender las causas profundas de la migración forzada en nuestra región.