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Momento memorable en medicamentos y minería

César Rodríguez Garavito
septiembre 23, 2014

Publicado en: El Espectador

Pocos sectores económicos tienen el poder del minero y el farmacéutico.

 

Y pocos como ellos afectan tanto la vida de tantos. Por eso regularlos con tino es tan importante como difícil: en el debate de cada norma brota la tensión entre el interés privado y el interés público, entre el sincronizado lobby de los gremios y los derechos básicos de un público copioso, pero disperso.

Con desmedida frecuencia, los Estados, garantes del interés público, toman partido por el privado. Basta ver la parálisis del Congreso de EE.UU. ante el cambio climático, por el lobby de las empresas mineras y petroleras. O la carta de última hora del vicepresidente Joe Biden al presidente Santos, tratando de preservar para las farmacéuticas de su país los precios exorbitantes que los colombianos veníamos pagando por sus medicamentos biotecnológicos.

Pero también hay momentos memorables en los que prevalece el interés público, como el pasado jueves 18 de septiembre. En un solo día, las autoridades colombianas resolvieron a favor de los menos poderosos dos debates fundamentales: cómo regular los medicamentos del futuro y cómo decidir los conflictos sobre minería y medio ambiente.

Enhorabuena, el presidente Santos firmó el decreto que bajará hasta un 60% los precios de los medicamentos biotecnológicos. Para superar la resistencia del gremio de farmacéuticas internacionales (Afidro) fue determinante el trabajo notable del ministro Gaviria y su equipo técnico, pero también el del Observatorio del Medicamento, Ifarma, Misión Salud y otras organizaciones que durante años han defendido el acceso a los medicamentos, como lo hemos visto quienes estudiamos el tema. Hay que celebrar la decisión valiente del Gobierno y el logro de la sociedad civil, que sientan un precedente de importancia mundial.

En cuanto al medio ambiente, las buenas noticias vienen del Poder Judicial. El mismo jueves los medios anunciaron la decisión del Consejo de Estado de suspender un decreto (el 934 de 2013) que el Gobierno había expedido para acelerar la locomotora minera; específicamente, para prohibir que los ciudadanos y las autoridades municipales afectadas por la minería continuaran oponiéndose mediante consultas populares y planes de ordenamiento territorial que protegen el agua, el ambiente y la agricultura. Como he explicado en varias columnas, semejante prohibición viola tres reglas constitucionales: la autonomía de los municipios, la protección constitucional del ambiente y el derecho a la participación de los ciudadanos. Así lo sentenció el Consejo de Estado al suspender la prohibición, mientras dicta un fallo de fondo sobre la demanda de nulidad contra el decreto. De suerte que el Gobierno y la Procuraduría tendrán que acatar la decisión y cesar las advertencias contra los alcaldes, concejos y comunidades que se oponen a los efectos de la minería en sus territorios.

El contraste entre las posiciones del Gobierno sobre los medicamentos y la minería dice mucho acerca de la mayor influencia del sector minero en el país, que ha llegado hasta el punto de convertir, por ley, sus intereses privados en interés público. En efecto, el Código de Minas de 2001 declara de “utilidad pública e interés social” las actividades mineras “en todas sus ramas y fases”. Al darle prioridad incondicional a la minería sobre bienes protegidos por la Constitución (como el agua o la producción de alimentos), esa norma es, a mi manera de ver, también inconstitucional.

Pero eso queda para otra columna. Por ahora quedémonos, por una vez, con las buenas noticias para el interés público.

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