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Morir en la UPJ

Mauricio Albarracín
diciembre 16, 2015

Publicado en: El Espectador

El pasado sábado 5 de diciembre, entre las 9:15 y las 10:20 de la noche, una persona trans murió mientras estaba detenida por la Policía en la Unidad Permanente de Justicia (UPJ) de Puente Aranda en Bogotá.

 

¿Cómo es posible que un ciudadano pierda la vida cuando se encuentra bajo la custodia de la Policía para garantizar su propia seguridad? ¿Fue un suicidio como argumenta la Policía o existe responsabilidad penal de los agentes?

Carlos Torres era un hombre trans, es decir, aunque se le asignó un sexo femenino al nacer, estaba en proceso de tránsito hacía una identidad masculina. Esto explica porque sus padres y algunos amigos lo seguían llamando Paula, como era su nombre en su cédula de ciudadanía y este ha sido el nombre usado en varios medios de comunicación. El día que murió celebraba su cumpleaños 28 y salió junto con sus amigos a celebrar. Hacia las nueve de la noche, sus amigos, quienes notaron que estaba un poco pasado de tragos, decidieron llamar un taxi para que fuera a la cita que tenía con su novia. Al parecer, Carlos tuvo una discusión con el taxista sobre el pago del servicio. La Policía llegó al lugar de los hechos, detuvo a Carlos y lo montó en la patrulla. Según el informe de conducción de la Policía: “La ciudadana en mención se encontro (sic) en alto grado de exaltacion (sic) en la carrera 10 calle 31 sur por su estado de indefension (sic) se conduce a la UPJ para evitar daños a su integridad y la de terceros”.

Carlos logró comunicarse con su padre por teléfono e informó que la Policía lo había golpeado. Posteriormente, según el informe de la UPJ, Carlos entró al centro de retención a las 9:50 pm, de donde salió a las 10:10 pm en una patrulla de la Policía rumbo al hospital San José, donde llegó sin signos vitales.

Las irregularidades en este hecho son protuberantes. Primero, la detención no tiene una base legal. Según la Policía, ella se encontraba en “alto grado de excitación” y por ello fue retenida en la UPJ. La aplicación arbitraria de esta norma ha hecho que la Policía pueda detener discrecionalmente a cualquier persona por cualquier causa (ver columna: UPJ: la cárcel de los jóvenes pobres). Lo peor es que esta facultad se mantiene en el nuevo Código de Policía que está en trámite. Si Carlos estaba en estado de embriaguez, debió ser conducido a su casa o, en su defecto, a una institución de salud. Sumado a esto, Carlos denunció antes de su muerte que fue golpeado por los policías, situación que se confirma con fotografías de su cuerpo, un hecho que constituiría un grave exceso del uso de la fuerza. Para completar el cuadro de irregularidades, el informe de conducción no tiene los datos personales de Carlos (dirección y teléfono), tampoco tiene su firma, la Policía no marcó la casilla LGBT que tiene el formulario y la firma del delegado del Ministerio Público es un sello con el nombre de un funcionario. Por tanto, esta retención pudo haber violado las reglas establecidas de la sentencia C-720 de 2007 de la Corte Constitucional. 

Las circunstancias de la muerte de Carlos son aún más confusas. La Policía dice que fue un suicidio con un cordón de la sudadera. En todo caso, como se sabe, cuando cualquier persona entra a la UPJ, se le retiran hasta los cordones de los zapatos. Otras dudas surgen de los hechos que se han venido conociendo: ¿la Policía no estaba vigilando las celdas? ¿Existen testigos del hecho, por ejemplo otros retenidos en la UPJ? ¿Dónde estaba el agente del ministerio público? ¿Las cámaras de vigilancia de la UPJ estaban en funcionamiento? ¿Quiénes son los agentes de la Policía involucrados? ¿Confirmó Medicina Legal que se trataba de un suicidio? ¿La Policía resguardó de manera adecuada la escena del crimen para que se realizaran las investigaciones pertinentes? ¿Por qué no se aplicaron los primeros auxilios de reanimación en la UPJ? ¿Por qué el comandante de la Policía de Bogotá no ha dado un informe completo y detallado de la situación? ¿Tendrán algo que decir el alcalde saliente y el electo sobre la muerte de ciudadanos en una instalación destinada a la seguridad del distrito? ¿Y dónde está el Procurador?

La familia y amigos de Carlos exigen justicia. El pasado viernes, en una protesta frente a la UPJ, los manifestantes gritaban con rabia: “por acción y omisión, la Policía la mató”. Esta denuncia se da en medio del debate sobre la profunda crisis de la Policía Nacional y corresponde con un patrón de violencia policial contra minorías que parece no interesar al Gobierno Nacional. 

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