Durante la discusión del nuevo Código Penitenciario, los dos problemas del sistema penal que más han sonado son la impunidad y la sobrepoblación en las cárceles. Un estudio reciente que hicimos en Dejusticia muestra que los dos pueden estar relacionados y que existen estrategias para que a largo plazo se superen conjuntamente: los esfuerzos de la política criminal deben dirigirse a investigar y sancionar aquello que es más grave.

Las cifras que tenemos muestran que hasta ahora esto no parece ser así. Con base en datos de la Fiscalía que miden las actuaciones que se realizaron por distintos delitos en el sistema acusatorio entre 2005 y 2012, se concluye que la política criminal está mal enfocada:

Se tiende a imputar los delitos en flagrancia

Lo primero es la tasa de imputación: la cantidad de casos para los cuales hay una persona individualizada y vinculada formalmente como sospechosa -imputada-, en comparación con la cantidad de casos que ingresan al sistema acusatorio –noticias criminales-. Esto mide los resultados de la investigación, la etapa inicial en la que los detectives de policía judicial y los fiscales intentan identificar que un crimen realmente ocurrió, quién es el responsable y dónde está dicha persona. Si se tiene éxito, la Fiscalía procede a formular una imputación.

Por cada 100 casos que entraron, casi ocho se imputan (promedio para todos los delitos, no sólo los que aparecen en el cuadro). Bastante poco. Pero lo interesante es la diferencia entre delitos o conjuntos de delitos.

Aparte del secuestro extorsivo, los crímenes que tienen altas tasas de imputación son los que en buena medida se caracterizan por la flagrancia, que son los hurtos, el porte de armas, o los delitos relacionados con estupefacientes, en los que cogen mayoritariamente a pequeños dealers con droga en su posesión. En estos casos, la investigación no necesita de mucho esfuerzo, pues el sospechoso es sorprendido con las manos en la masa. Pero estos crímenes no son necesariamente los más graves, es decir, los que causan más daño personal o producen más costos sociales (no sólo económicos). Bastantes delitos mucho más graves, como el homicidio doloso, las violaciones al derecho internacional humanitario, las violaciones, tienen tasas de imputación muy bajas. Por ejemplo, por cada 10 homicidios dolosos que entran a la Fiscalía, sólo uno obtiene imputación.

Tiende a haber condenas en los casos más fáciles, no en los más graves

Otro resultado es el nivel relativo de condenas. Es decir, casos en los que un juez encuentra al menos a una persona responsable, ya sea porque ella aceptó cargos o porque la Fiscalía logró probar que así era en juicio. El siguiente cuadro muestra la tasa de condenas por imputaciones, que compara el número de condenas con el de imputaciones realizadas en el mismo periodo.

Vemos que la etapa de investigación es el cuello de botella más importante en el camino hacia la condena. Ya cuando para un caso ha habido una imputación, las probabilidades de condena aumentan ostensiblemente. Por cada cien imputaciones en Colombia, se consiguen casi 60 condenas. Como ya se ha dicho en el pasado, esto muestra que las actividades para las que más dificultades encuentran las autoridades son las de la investigación inicial, en comparación de las de investigación posterior y judicialización.

Y seguimos observando las mismas diferencias entre delitos. Los más fáciles, y no necesariamente más graves, tienen tasas de condena por encima del promedio de todos los delitos, probablemente porque los casos ya estaban listos y muchos de los imputados aceptaron cargos. Esto sucede en toda la región: un experto que estudia México ha repetido que en las cárceles de dicho país hay muchos bobos y pocos capos. Los que se dejaron atrapar en el acto y no los que manejan la criminalidad organizada.

Jueces y fiscales tienden a concentrarse en hurtos, porte de armas y de drogas

Otra manera de ver las cosas es estudiar el peso de los delitos dentro de la totalidad de actuaciones.

Aquí vemos que a medida que pasan las etapas procesales, unos pocos delitos van acaparando las actuaciones. Mientras que los hurtos, el porte de armas y los estupefacientes corresponden a alrededor de un tercio de las entradas, a medida que pasan las actuaciones su peso aumenta a casi dos tercios de las imputaciones, y sorprendentemente, al 77% de las condenas.

¡Casi ocho de cada diez condenas en Colombia es por esos tres delitos! Es decir, los esfuerzos de fiscales y jueces –al menos si se mide de acuerdo con el número de actuaciones- se concentran mayoritariamente en este tipo de casos.

Además, lo que es grave y a la vez difícil de investigar, debe ser reconocido como tal, y por lo tanto debe contar comparativamente con más recursos. Lo cual no es así: los fiscales que investigan homicidios tienen una carga de casos más alta que el promedio de fiscales que trabajan en el sistema acusatorio.

En conclusión, una política penal mejor enfocada, tendría consecuencias positivas, tanto para la disminución de la impunidad en los casos que más importan como para una mejor administración carcelaria. Si Colombia no se dedicara a perseguir a portadores de un poco más de la dosis personal o a vendedores de droga de bajo nivel, las prisiones contendrían menos “bobos” y más criminales peligrosos.