Yolanda llegó a Colombia junto a sus dos hijas y su esposo por una oferta de trabajo para vender tintos y otras bebidas calientes. La propuesta incluía el pago de traslados, alimentación y hospedaje para ella y su familia. Ella aceptó el ofrecimiento para poder sobrevivir, pues su situación en Venezuela era insostenible. Cuando llegó al lugar del supuesto empleo, le dijeron que tendría que prostituirse. Aunque logró escapar, ella y su hija de siete años fueron abusadas sexualmente por quienes manejaban la red de trata en la que, sin saberlo, habían caído.

Su historia puede ser similar a la de las cerca de 4.000 personas han sido víctimas de trata de personas en Sur América entre 2019 y 2022. De acuerdo con el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en la región se ha visto incremento importante en el número de víctimas identificadas luego de una considerable reducción durante la pandemia. Durante este período, las formas de explotación más comunes fueron el tráfico con fines de trabajo forzado (55%) y explotación sexual (40%). El informe documentó que en la región las mujeres y las niñas son las principales víctimas de la trata con fines de explotación sexual y los hombres y los niños con fines de explotación laboral. A pesar del aumento de los casos, la respuesta de los sistemas de justicia es muy débil. De acuerdo con la UNODC desde 2019 se ha visto una preocupante reducción de las condenas por el delito de trata en la región.  

En el marco de este contexto regional, este artículo analiza las violencias y los riesgos de ser víctimas de trata que enfrentan las mujeres durante el proceso migratorio, poniendo la lupa en el caso de la migración hacía Colombia. En la frontera Colombo – Venezolana las mujeres se enfrentan a un ambiente hostil donde la presencia de actores armados legales e ilegales aumenta las posibilidades de ser víctimas de diferentes formas de violencia y donde el riesgo de explotación sexual es latente. El tráfico de personas se ha convertido en un fenómeno global y transnacional, con más nacionalidades y más países de destino involucrados. Así, esta entrada presenta sólo un ejemplo de las dinámicas de trata de personas que están ocurriendo a nivel mundial y busca llamar la atención de los Estados para atender de manera más contundente estos casos.     

Contexto: Migrar a Colombia

Aproximadamente 8 millones de personas han salido de Venezuela y cerca del 36% (2.811.570) de ellas se encuentran en Colombia, principal país receptor de población migrante venezolana en la región. De acuerdo con Migración Colombia para agosto de 2024, las mujeres, adolescentes y niñas, representaban el 52% de la población migrante venezolana en el país. De ellas, el 23% (333.397) se encontraban entre los 5 y los 17 años, y el 30% entre los 18 y 29 años (435.900).

Como Yolanda, las personas provenientes de Venezuela llegan a Colombia con una serie de necesidades insatisfechas como la salud, la alimentación, la educación, entre otras. Para 2023, el 51% de los hogares en Venezuela se encontraba en situación de pobreza y la desigualdad sigue en aumento. La prestación de servicios de salud por parte del Estado venezolano era precaria y la atención privada, muy costosa. Asimismo, el 32% de la población encuestada por la Encuesta de Condiciones de Vida aseguró que dejó de hacer una comida al día.  

Cuando llegan a Colombia, las personas migrantes y refugiadas siguen enfrentando barreras de acceso a derechos que les dificulta vivir en condiciones dignas. Estas barreras se agravan en el caso de las personas que han tenido que migrar informalmente y que no pueden acceder a un estatus migratorio. Por ejemplo, las personas migrantes en situación irregular no pueden acceder a servicios de salud ―a excepción de las urgencias― y no pueden trabajar formalmente. Aunque el Estado colombiano ha hecho importantes esfuerzos para regularizar la situación migratoria de esta población a través de la creación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPMV), cerca del 16% de las personas migrantes venezolanas en el país se encuentran en situación irregular.         

Violencias que enfrentan las mujeres en el proceso migratorio

Las barreras de acceso y vulneraciones de derechos que enfrentan las personas migrantes y refugiadas se agravan en el caso de las mujeres, las adolescentes y las niñas. La ausencia de redes de apoyo y la pobreza aumentan su riesgo de ser víctimas de violencia. Las violencias contra su vida, integridad y salud sexual y reproductiva son algunas de las causas de su migración forzada, las cuales persisten durante el tránsito migratorio y cuando llegan a los lugares de destino, por lo cual la violencia contra ellas se extiende en el tiempo y toma varias formas. 

La Organización Internacional de las Migraciones (OIM) identificó que los tipos de violencia que más frecuentemente enfrentan las mujeres durante el proceso migratorio son la violencia física, verbal, psicológica y sexual. Las mujeres entrevistadas en este estudio manifestaron que entre sus principales necesidades están la falta de recursos, la carencia de comida/agua, la ausencia de medios de transporte y las limitaciones para acceder a información. Esta misma organización documentó que entre 2017 y 2019 hubo más de 120 casos de feminicidio de mujeres venezolanas durante el proceso migratorio.

Si bien estas necesidades pueden ser comunes para todas las personas migrantes y refugiadas, en el caso de las mujeres tienen impactos agravados. Las expone a ser víctimas de múltiples formas de violencia de género, incluyendo la violencia sexual, la trata de personas, la desaparición forzada, o a aceptar demandas de sexo por supervivencia. En las comunidades de acogida, las mujeres migrantes y refugiadas venezolanas también se enfrentan a ser víctimas de violencia, explotación sexual, acoso y estigmatización, a lo que se suma la creciente hipersexualización de sus cuerpos. Organizaciones de la sociedad civil han documentado varios casos de mujeres y niñas venezolanas que, mediante engaños y falsas promesas de trabajo, son trasladadas hasta otros países ―particularmente Colombia y Trinidad y Tobago―con fines de explotación, principalmente sexual.  

¿Cuál ha sido la respuesta del Estado?

La trata de personas, incluyendo la trata con fines de explotación sexual, es una de las más graves formas de violencia que sufren las mujeres, niñas y adolescentes y va en contravía de los tratados y protocolos de derechos humanos, en particular de las disposiciones establecidas en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención de Belem do Para, el Estatuto de los Refugiados y el Protocolo de Palermo. Estas normas internacionales establecen unas claras obligaciones para los Estados de prevenir, investigar, sancionar y reparar a las víctimas de trata de personas. 

A pesar de que el Estado Colombiano cuenta con un marco legal para combatir este crimen y una ruta para atender a las víctimas, muchos casos de mujeres migrantes y refugiadas, como el de Yolanda, siguen invisibilizados y ellas no cuentan con la atención adecuada de las autoridades. Por ejemplo, cuando logró escapar, Yolanda acudió a las autoridades para solicitar protección, pero la Fiscalía consideró que el delito cometido en su contra era el de inducción a la prostitución y no el de trata de personas, por lo que no le fueron otorgadas las medidas de protección y asistencia del que son titulares las víctimas de este último delito. 

En 2021 luego de una larga batalla judicial, su caso llegó a la Corte Constitucional, uno de los más altos tribunales del país. La Corte emitió una decisión histórica, donde no sólo protegió los derechos de Yolanda, sino que ordenó una serie de medidas estructurales para mejorar la atención de víctimas de trata de personas en Colombia. En primer lugar, la Corte fue enfática en afirmar que la atención de las víctimas de trata de personas no debe depender del desarrollo del proceso penal. Esto implica que las autoridades responsables deben activar el programa de protección y asistencia a las víctimas siempre que haya indicios de que se trata de un caso de trata de personas, y esta atención no puede estar sujeta al desarrollo de la investigación penal. Asimismo, la Corte ordenó al Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas que propusiera una regulación que permita a las autoridades brindar protección a las víctimas de trata en un contexto de migración masiva como el que vive el país.

Las medidas ordenadas por la Corte Constitucional colombiana están alineadas con las recomendaciones dadas por el Banco Interamericano de Desarrollo en su informe “La trata de personas en América Latina y El Caribe”. Una de las más relevantes es el llamado a la autoridades para que tengan un enfoque integral contra la trata de personas. Este enfoque implica – entre otros esfuerzos – mejorar la identificación y registro de casos, crear unidades especializadas al interior de las autoridades judiciales, establecer y mantener procedimientos estandarizados, así como acompañar y considerar las necesidades de las víctimas y sus familias. 

A pesar de estos avances es urgente que las acciones de los Estados para prevenir la trata de personas y proteger a las víctimas tengan una mirada particular sobre la migración forzada, pues quienes migran de esta forma son más propensas a caer en las redes de trata. Esta situación impone retos importantes para las autoridades y la necesidad de adoptar medidas creativas y acordes con las necesidades de las víctimas. En el caso de la migración forzada, es urgente que la trata de personas sea reconocida como un motivo legítimo para solicitar el reconocimiento como refugiado ante las autoridades del país de acogida. Reconocer a las víctimas de trata como refugiadas es una medida humanitaria y coherente con el derecho internacional que puede ayudar a garantizar la protección de sus derechos y a prevenir que este delito siga ocurriendo.