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Necesitamos más, no menos democracia

María Paula Saffon Sanín
noviembre 6, 2016

Publicado en: El Espectador

Muchos han criticado la decisión del Gobierno de convocar al plebiscito del 2 de octubre. La ratificación popular no era jurídicamente obligatoria. Incluso algunos, como Montealegre o Ferrajoli, alegan que era jurídicamente cuestionable. Por esas razones, varios, incluyendo al presidente, han sugerido que un eventual nuevo acuerdo no debería someterse a refrendación popular.

 

Quienes critican la refrendación suponen que la democracia debería tener el propósito de lograr decisiones correctas. Cuando estas no son alcanzadas, la democracia falla, bien sea por la ignorancia, la manipulación o los sesgos de los votantes. Y cuando la democracia falla, el remedio es sustraer las decisiones de la opinión del pueblo.

En la base de estas posturas está una visión epistémica de la democracia, según la cual (1) los problemas importantes que enfrenta una sociedad tienen siempre una respuesta correcta, y (2) con su voto los ciudadanos deben encontrar esa respuesta. Tal visión entra en tensión con el hecho de que las sociedades son plurales y conflictivas: sus miembros tienen intereses, preferencias y valores diferentes, en muchos casos antagónicos, y por ende llegan a conclusiones distintas sobre cuál es la mejor solución para un problema.

En contextos de pluralismo, la democracia debe entenderse como un sistema a través del cual el conflicto se resuelve sin violencia, al imponer la regla (aceptada por todos) de que gana el que más votos obtiene. La regla de mayoría es valiosa no porque produce mejores decisiones, sino porque reconoce la igual autonomía de las personas para influir en la toma de las decisiones. La visión de la mayoría se convierte en derecho, pero su primacía es temporal y falible. Los perdedores de una ronda pueden esperar a la próxima para intentar lograr que su visión gane. Y quienes creen que se tomó una decisión perjudicial, pueden intentar corregirla convenciendo a la mayoría.

En mi opinión, el acuerdo de paz era el mejor posible para lograr una transición transformadora. Pero soy consciente de que esa no era la opinión de muchos. Por eso me parecía crucial la ratificación popular. Jurídicamente era admisible, pues la discusión no giraba en torno a si el derecho a la paz existía, sino a cómo debía ser satisfecho, y por tanto no se trataba de un asunto que exigía la protección de los derechos fundamentales de las minorías contra el atropello de la mayoría. Políticamente la ratificación era importante, pues permitía que todos participáramos en una de las decisiones más históricas para el país, y una decisión favorable era clave para dotar de legitimidad el acuerdo y hacer posible su implementación.

En ese contexto, la alternativa democrática de quienes pensábamos que el acuerdo era el mejor posible era intentar convencer de ello a la mayor cantidad de personas y estar dispuestos a admitir una derrota como la opinión —no el error— de la mayoría. El mayor problema del plebiscito fue que, dado el altísimo nivel de abstención, no podemos estar seguros de que la decisión tomada expresa la visión de la mayoría y no de minorías poderosas. La ratificación popular es criticable no por producir una decisión incorrecta, sino por no asegurar la participación amplia y en igualdad de condiciones de todos los ciudadanos.

Por eso, ahora más que nunca es importante acudir a un método de ratificación que permita que la mayoría exprese su opinión sobre el nuevo acuerdo. Puede ser que el plebiscito no haya sido el mejor método para lograr ese fin, pues sometió a una decisión binaria un texto complejo, dando un tiempo muy limitado para su comprensión, sin permitir que nuevos votantes pudieran registrarse y sin que el Estado garantizara el acceso de los registrados a los puestos de votación.

Pero la discusión debería entonces estar enfocada en cómo superar esas limitaciones, en lugar de exacerbarlas excluyendo al pueblo de la toma de la decisión.

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