Para que sea justa, la reforma tributaria también debe ser transparente. Ahora que el Congreso está discutiendo la propuesta del Gobierno Petro, desde Dejusticia destacamos la necesidad de incluir un artículo que obligue a transparentar la información tributaria. 

Hoy en Colombia no contamos con información detallada y confiable sobre el tipo de personas que pagan impuestos, la tasa efectiva de tributación, la participación tributaria por sectores, por región, por edades y por género, entre otras. No sabemos dónde están los cuellos de botella del sistema tributario ni quiénes son los beneficiarios finales. Transparentar la información tributaria de forma proactiva y periódica nos permitiría a todos comprender mejor lo que ocurre con los impuestos en nuestro país. 

Toda esta información, debidamente anonimizada, debería estar disponible al público. Así, el país tendría un instrumento indispensable para promover la participación social en la gestión de la política fiscal. Conocer la información sobre el recaudo y los impuestos permite evaluar el nivel de equidad, eficiencia y progresividad del sistema tributario y elaborar estimaciones de su impacto en la población. Además, permitiría impulsar discusiones informadas, con base en datos concretos, sobre el tipo de decisiones que el gobierno debería tomar en relación con el sistema tributario.

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El artículo debería ordenarle a la DIAN poner a disposición del público la información estadística anonimizada que obtiene a partir de las declaraciones tributarias de las personas naturales y jurídicas. Debería hacerlo desagregando los datos por distintos criterios de acuerdo al tipo de impuesto, en formatos abiertos que permitan realizar cruces y análisis, de forma impersonal y periódica. 

Actualmente conocemos algunos datos del sistema tributario, pero son tan generales —cuánto es el recaudo total, por ejemplo— que no permiten hacer análisis útiles. Por eso necesitamos acceder como ciudadanía a microdatos tributarios.

Los microdatos tributarios revelan información sobre las actividades económicas, tipo y monto  de los  ingresos (laborales, no laborales, capital, de pensiones, entre otros), patrimonio poseído, beneficios tributarios y valor de los impuestos a cargo de las personas. 

El acceso a información estadística sobre microdatos tributarios permite elaborar análisis sobre política fiscal, mejorar la calidad de indicadores de desigualdad, y evaluar los principios constitucionales de equidad, eficiencia y progresividad. 

La experiencia internacional

En el mundo son reconocidas las bondades de la transparencia de los microdatos tributarios. En Irlanda, la Central Statistics Office (CSO) permite el acceso a los microdatos anonimizados en determinadas condiciones y, en Dinamarca, Statistics Denmark proporciona acceso a datos anonimizados. Esto ha permitido, en ambos casos, que investigadores y sociedad civil identifiquen la verdadera distribución de los ingresos de las personas y su tasa efectiva de tributación, recomienden políticas para evitar la doble tributación y evalúen de forma más precisa el efecto de los beneficios tributarios. Incluso han llegado a determinar la preferencia de las empresas por invertir en lugares donde la tributación es menor.

En Colombia, en 2020, el Gobierno Duque creó una Comisión de Expertos Tributarios para analizar la información tributaria del país y dar recomendaciones. En ese proceso, un grupo de diez expertos nacionales e internacionales tuvo acceso a los microdatos tributarios de la DIAN, lo que les permitió conocer el alto costo de los beneficios tributarios para el país y recomendar su reducción. La información a la que accedieron los expertos, lastimosamente, no se hizo pública, pero el estudio ha facilitado discusiones informadas entre académicos y  sociedad civil. 

Incluir un artículo sobre la transparencia tributaria no es una solicitud aislada de Dejusticia.  El principio número 7, de los 15 principios de derechos humanos en la política fiscal, elaborados en 2021 por un Comité de Expertos y Expertas de Latinoamérica, establece que “la política fiscal debe ser transparente, participativa y sujeta a rendición de cuentas. Las personas tienen derecho a la información fiscal”.