Desde que en el 2016 el municipio de María La Baja, Bolívar, estrenó alcantarillado, cada vez que llueve sus habitantes, escoba en mano, tienen que pelear con las aguas servidas que inundan las calles y sus hogares. Allí, la lluvia es sinónimo de malos olores y contaminación y, desde hace unos meses, de enfermedades que afectan especialmente a niños y niñas.

Ya se han registrado varios casos de menores de edad que, al entrar en contacto con las aguas contaminadas, empiezan a presentar llagas e infecciones en el cuerpo, lo que afecta su normal desarrollo. Por esto, el pasado 5 de junio una madre de familia de María La Baja, con el apoyo de Dejusticia y del Colectivo de Pensamiento e Interacción, presentó una acción de tutela para exigir la protección de los derechos a la vida, la integridad física y la salud de sus dos hijos, de 5 y 3 años, vulnerados por el deficiente servicio de alcantarillado en el municipio.

Aunque los niños han recibido los tratamientos médicos pertinentes, el riesgo de infección está latente, su salud física no mejora y, cada vez que se desbordan las aguas, la amenaza es mayor.

Los niños y niñas en María La Baja están especialmente expuestos a las aguas servidas debido a sus rutinas: es común que jueguen con tierra que estuvo en contacto con aguas contaminadas, o que se bañen en arroyos que usualmente visitaban para recrearse y que hoy son depósito de vertimientos. Las llagas, las infecciones y las enfermedades dermatológicas, producto de ese contacto, no solo les generan molestia sino que afectan su cotidianidad y normal desarrollo. Tareas sencillas como comer, vestirse e ir al colegio, se dificultan por el dolor que producen las llagas.

La acción de tutela se interpuso contra la alcaldía de María La Baja, que en su Plan de Desarrollo reconoce que “el sistema existente de alcantarillado en el municipio no está funcionando en todos los barrios” y “los vertimientos de aguas negras y grises a las calles son significativos”. Entre los demandados también está la empresa prestadora del servicio de alcantarillado (Acumaría); el Consorcio Alianza YDN María La Baja, que estuvo a cargo de la construcción del alcantarillado con un costo aproximado de 19 mil millones de pesos; y Cardique (la corporación autónoma regional del Canal del Dique), que asegura haber comenzado una investigación por los vertimientos irregulares de la laguna de oxidación a los arroyos. Esta laguna, que hace parte del sistema de alcantarillado, tiene como objetivo tratar y purificar las aguas. Sin embargo, no está cumpliendo este propósito y, por el contrario, como se señaló en las pruebas aportadas en la tutela, las membranas que la recubren están rotas y las aguas residuales están siendo vertidas a los arroyos.

Cada vez que llueve los habitantes de María La Baja, escoba en mano, tienen que pelear con las aguas servidas que inundan las calles y sus hogares.

La mamá de los niños afectados, argumenta que los derechos fundamentales de sus hijos están gravemente vulnerados por las omisiones de las entidades demandadas en su deber de prestar un adecuado servicio de alcantarillado. Aunque los niños han recibido los tratamientos médicos pertinentes, el riesgo de infección está latente, su salud física no mejora y, cada vez que se desbordan las aguas, la amenaza es mayor.

Su petición es que se ordene a la alcaldía de María La Baja realizar obras que garanticen la adecuada canalización de las aguas lluvias del municipio, para que cese la amenaza sobre los menores de edad, quienes ya están gravemente afectados en su salud e integridad física. Además, solicita que se ordene a Acumaría y al Consorcio Alianza YDN María La Baja, la realización de obras urgentes para la reparación y mantenimiento del alcantarillado y de la laguna de oxidación, y así evitar que las aguas servidas sigan vertiéndose sin tratamiento en el Arroyo Grande y en el Arroyo Paso el Medio.

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Por último, la mamá de los niños afectados solicita que se ordene a Cardique que ejerza su competencia, como máxima autoridad ambiental, e imponga las sanciones correspondientes por los vertimientos irregulares.

En primera instancia, el juzgado promiscuo de Turbaco, Bolívar, decidió que la acción de tutela era improcedente y consideró que para hacer este reclamo se debió recurrir a una acción popular. El juzgado también concluyó que era necesario que la madre aportara un diagnóstico médico especializado, pues consideró que las pruebas aportadas no eran suficientes para probar que las afectaciones que presentan los niños se deben al mal funcionamiento del alcantarillado. Ese fallo fue impugnado y ahora le corresponde al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena decidir sobre la protección de los derechos a la vida, a la salud y a la integridad física de los dos niños.