Hace unas semanas estuvo sesionando en Medellín la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por una invitación que le hiciera el gobierno colombiano. La invitación no fue gratis. El gobierno creó la oportunidad para enviarle dos mensajes a la Corte sobre cómo espera que falle de ahora en adelante los casos que se refieren a nuestro país.

Uno de los guiños puede que encuentre camino en la Corte. El otro, por el contrario, tiene muy poco futuro.

El primer mensaje lo lanzó el propio presidente Santos en su discurso de bienvenida: “la justicia no puede ser obstáculo para la paz y en ese orden de ideas su comprensión y su ayuda serán definitivos”. En otras palabras, Santos le dijo a la Corte que espera que con sus sentencias no contradiga los acuerdos a los que se lleguen con las Farc, específicamente en cuanto a beneficios penales y exclusión de la sanción para los excombatientes.

En esta materia es probable que la Corte escuche parcialmente a Santos. Obviamente, no de la manera abierta y abstracta en que se formuló la propuesta, pero sí es de esperar que en el tratamiento de los casos la Corte brinde cierta deferencia a la situación particular del Estado. De hecho, la Corte ya dio un guiño sobre la materia en un voto razonado en un caso salvadoreño.

Pero la suerte de los casos ante esta Corte dependerá en últimas del propio Estado Colombiano: de cómo se reglamente el marco jurídico para la paz y de cómo se implementen los acuerdos. Una salida de impunidad generalizada como la que muchos pregonan por estos días no es sostenible ni ante la Corte IDH ni ante la comunidad internacional en general, no importan los muchos guiños que se hagan.

El segundo mensaje lo envió Miguel Samper, el Viceministro de Justicia, quien le pidió a la Corte que cuando ordene reparaciones pecuniarias se ajuste a los topes establecidos por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Contrario al tema anterior, esta propuesta no tiene chance de ser tomada en serio. La propuesta incurre en un error conceptual grandísimo al confundir la reparación administrativa (que es la que se establece en la Ley de Víctimas), que tiene una valoración de entrada con topes; con la reparación judicial (la que otorgan las cortes) y que se basa en el daño que se pruebe en el proceso.

Como explicamos de manera detallada en una intervención ante la Corte Constitucional, equiparar las reparaciones administrativas con las judiciales de esta manera viola el derecho a la reparación de las víctimas, vulnera la independencia judicial para dictar fallos de acuerdo a lo probado, y contraviene la propia lógica de un mecanismo administrativo de reparaciones.

A diferencia de las bravuconadas de nuestros vecinos con los organismos internacionales de derechos humanos, Colombia le apuesta a un aire de diplomacia y colaboración armónica. Eso es positivo. Pero no por ello puede esperar una Corte complaciente y sumisa.

Esperemos que con la misma diplomacia y aplomo con que el Gobierno exaltó a la Corte en esta visita, se comporte luego cuando se comuniquen los fallos judiciales, y ojalá no se cumpla de nuevo lo que dice el ingenioso trino: cada vez que a Colombia le comunican una sentencia, el gobierno pierde el juicio.