Todos hemos visto el odioso letrerito a la entrada de restaurantes, bares, discotecas y establecimientos públicos de todo el país. “Nos reservamos el derecho de admisión”, dice sin más el anuncio que pone nuestra suerte en las manos arbitrarias del portero de turno.

Y que le da vía libre a la discriminación, como lo muestran los casos diarios de personas a las que se les niega el ingreso por no tener la pinta o el color de piel de la “gente bien”.

El problema no es aislado, ni un asunto de unos cuantos bares díscolos. Se trata de una práctica generalizada, como lo ha documentado el Observatorio de Discriminación Racial en Bogotá, Cali, Cartagena y Barranquilla. Ahí están, para la muestra, las dos tutelas falladas por la Corte Constitucional en 2005 y 2006 contra discotecas de Cartagena por impedir el acceso a clientes afrocolombianos.

El lío es que esas sentencias se han quedado para enmarcar y que la discriminación persiste. Por ello, la tutela presentada por el Observatorio no busca principalmente condenar a discotecas específicas, sino llevar a los alcaldes y al Presidente, como autoridades de policía, a cumplir su obligación de prevenir y sancionar semejantes actos.

El primer paso es seguir el ejemplo de países como España y obligar a los establecimientos a reemplazar el dichoso letrero por otro que especifique los criterios de inadmisión (entre los que, claro, no pueden estar la raza, la orientación sexual, la clase, etc.)

El segundo es que el Estado cumpla el deber que le imponen los tratados internacionales de expedir una ley contra la exclusión en lugares públicos, negocios, empresas y otros espacios en los que son discriminadas las personas negras, la población LGBT, la gente con discapacidad y muchos otros. Y el tercero es que las autoridades se pongan serias, por fin, con el cumplimiento de la ley y del derecho de todos a vivir y divertirnos sin distinción.

*Coordinador del Observatorio de Discriminación Racial.