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Urgen acciones para desescalar la violencia y poner en el centro del debate los derechos humanos, con el fin de encontrar salidas democráticas a esta crisis. Un elemento central es que las violencias y violaciones de derechos humanos ocurridas sean esclarecidas, investigadas y sancionadas. | EFE

Nuestra propuesta para la crisis: una comisión internacional de expertos independientes

Esta figura, que ha ayudado en contextos como la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, México, puede traer garantías de una investigación oportuna, eficaz, imparcial e independiente a la jornada de protestas que vive Colombia.

Por: May 16, 2021

Desde el pasado 28 de abril de 2021, cuando inició un paro nacional indefinido al que las autoridades han respondido con un uso desproporcionado de la fuerza, Colombia enfrenta una grave crisis. La violencia en el contexto de la protesta ha escalado y ha generando un espiral cuyo final parece lejano. La respuesta de los organismos estatales de control e investigación, como Procuraduría, Defensoría y Fiscalía, ha sido percibida por manifestantes y muchos sectores como tardía, poco independiente e ineficaz, lo cual ha acentuado el descontento social y profundizado las preocupaciones por los efectos que esta crisis tiene y tendrá en los derechos humanos y la democracia.

Desde Dejusticia encontramos urgentes las acciones que ayuden a desescalar la violencia y que pongan en el centro del debate los derechos humanos, con el fin de encontrar salidas democráticas a esta crisis. Un elemento central es que las violencias y violaciones de derechos humanos ocurridas sean esclarecidas, investigadas y sancionadas. Pero muchos sectores consideran que ni los organismos de control ni la Fiscalía ofrecen garantías suficientes para investigar con la debida diligencia lo ocurrido durante las protestas.

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Dada la polarización que caracteriza la actual situación en Colombia, resulta importante explorar alternativas que involucren a la comunidad internacional. Una comisión internacional de expertos independientes puede traer al contexto de la protesta garantías de una investigación oportuna, eficaz, imparcial e independiente.

Esta alternativa no es nueva en el ámbito de los derechos humanos. Tanto el sistema de Naciones Unidas como el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos, contemplan la posibilidad de suscribir acuerdos con los gobiernos a fin de establecer comisiones independientes de investigación para investigar hechos como violaciones a los derechos humanos y presentar recomendaciones. Los Grupos Interdisciplinarios de Expertos Independientes para la Investigación (CIEGI) en México y Bolivia son ejemplos de estos mecanismos[1].

¿Qué debe tener la comisión internacional de expertos independientes?

Primero, contaría con mandato para investigar de manera independiente e imparcial las violencias y violaciones a los derechos humanos ocurridas en Colombia en el marco de las protestas recientes (2019-2021). Aunque no tendría funciones judiciales, los resultados de su investigación contribuirían a esclarecer los hechos y fortalecer los procesos de verdad y rendición de cuentas en el país.

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Segundo, es ideal que se establezca a la mayor brevedad, en el mes siguiente, para que pueda llevar a cabo una investigación pronta. Además, debería tener una temporalidad que permita contar con resultados que aseguren celeridad, por lo cual debería tener el mandato de investigar en tres meses.

Tercero, debería tener como finalidad emitir un informe final que reconstruya los hechos, establezca responsabilidad colectivas y presente recomendaciones tanto al Estado como a la comunidad internacional para que los crímenes ocurridos no queden en la impunidad e evitar la repetición de estos hechos en futuras protestas.

Finalmente, podría estar conformada por entre tres y cinco comisionados y comisionadas internacionales, con las más altas calidades jurídicas y académicas, que brinden garantías de independencia e imparcialidad. Este grupo podría sería escogido por distintos organismos internacionales, como la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su funcionamiento podría estar apoyado por alguna de esas entidades.

Esa comisión no pretende sustituir la necesaria investigación de esos crímenes por las autoridades nacionales, ni busca establecer responsabilidades individuales, pero podría dar confianza de que esos hechos serán esclarecidos y no quedarán  en la impunidad.

[1] El GIEI-México fue creado luego de un acuerdo firmado entre la CIDH, el Estado mexicano y representantes de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. El GIEI-Bolivia fue creado mediante un acuerdo entre la CIDH y el gobierno boliviano suscrito en diciembre de 2019 con el objetivo de coadyuvar en las investigaciones por la violencia y violaciones a derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

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