El departamento concentró el 35 % de los menores fallecidos por desnutrición en el país en 2021, y aunque el ICBF aumentó la cobertura de los programas de alimentación, esta no ha sido suficiente. Satisfacer el derecho de pueblos étnicos exige tener en cuenta la dimensión cultural, que supera la subsistencia física.

Debemos tomar en serio los problemas del conteo de votos en estas elecciones de Senado, que han sido mayores que en el pasado. Pero debemos también rechazar las declaraciones irresponsables de los expresidentes Uribe y Pastrana de que hubo un fraude masivo y tiene que haber un reconteo general.

A lo largo de su campaña, Jorge Tovar Velez dijo que él representa a una nueva generación de víctimas que quiere pasar la página de la violencia y el odio, y que por ello, ha hecho la campaña de la reconciliación. Sin embargo, la búsqueda de la reconciliación no significa pasar la página de cualquier forma.

El Estado colombiano  debe diseñar políticas públicas integrales que entiendan que la sed y el hambre caminan juntas, es decir que atacar la inseguridad alimentaria en La Guajira sin proveer agua potable no es una decisión inteligente.

La política pública para el campesinado empleada de forma participativa y vista como política marco nacional no sólo disminuye la deuda histórica del estado colombiano con esta población. También aporta al crecimiento y desarrollo del país.

Al rendir este homenaje personal a Fabiola y a sus hijos, quiero igualmente hacerlo con todas las demás víctimas del drama colombiano de la desaparición, pues su Operación Sirirí, que quedará siempre en nuestra memoria, representa la lucha permanente de la dignidad y la decencia contra el terror y la crueldad.

La región Caribe debe plantearse su posición en un mercado regulado de la producción y venta de la marihuana. Sin duda, este comercio generará beneficios económicos, en los que deben participar aquellas personas y territorios más afectados por la prohibición. 

Sin presupuesto robusto y sostenido, sin participación ciudadana y sin articulación con otras políticas públicas, lo que queda frente a los PDET es más retórica y cifras rimbombantes, que un compromiso real con la transformación territorial.

La falta de garantías electorales deberían llevar a quienes realmente creen en la democracia a no votar por ningún candidato que signifique un continuismo de estas prácticas antidemocráticas de la coalición gubernamental y sus aliados.