El impuesto a las bebidas endulzadas no solo genera ingresos fiscales, sino que también permite mejorar la salud de las personas al disminuir su consumo, reduce los costos de salud a largo plazo y permite contar con un recaudo extra que se podría utilizar para financiar programas públicos e invertir en sectores económicos que lo requieren.

Desde febrero, la Defensoría del Pueblo ha alertado sobre el riesgo de violencia en estas elecciones y el reciente “paro armado” confirmó que ese peligro sí existe.

Si no queremos que terminen en tragedia o en una ruptura democrática, es necesario que en estos días y semanas ciertos actores influyentes, como los empresarios, los medios de comunicación, los académicos, las iglesias, la comunidad internacional o los sindicatos, expresen inequívocamente su compromiso democrático y que harán respetar el resultado electoral, sea éste el que sea.

El campesinado necesita seguridad jurídica sobre la tenencia de sus terrenos y a pesar de que los contratos de uso del suelo intentan dar una respuesta, se deben plantear escenarios deliberativos para usarlos, no simplemente presionar su firma.

A pesar de que la ciudadanía denunció rápidamente en redes sociales la quema de transportes, el confinamiento, el cierre del comercio y las casas pintadas, la fuerza pública y las autoridades civiles brillaron por su ausencia.

Mientras se desarrolla un marco normativo más efectivo, es claro que es necesario seguir visibilizando el impacto de la industria de alimentos ultraprocesados, no solo en la salud sino también en el medio ambiente. 

Basta señalar que si la Procuraduría investiga a un funcionario electo y considera que debe ser destituido o suspendido, entonces que presente el caso ante un juez penal y sea este quien, después de una audiencia con garantías, decida si procede o no la destitución o la suspensión.

Ante este panorama resaltamos el hecho de que las apuestas del movimiento campesino empiezan a tener eco dentro de las propuestas de los candidatos presidenciales.

Durante la pandemia, el Gobierno Nacional suspendió los traslados de personas privadas de la libertad en estaciones de policía hacia las cárceles nacionales, lo que generó hacinamiento en las primeras. Ahora, por decisión de la Corte Constitucional, los municipios y departamentos tendrán la carga de la crisis carcelaria que el Gobierno Nacional se ha rehusado por años a resolver.