El Tribunal Administrativo de San Andrés dio respuesta a una acción popular accionada por algunos pescadores locales preocupados por el daño irreversible que esta edificación podría generar sobre el ecosistema costero.

Con el fin de evitar prácticas dañinas como la corrupción, el abuso de poder y la influencia indebida de intereses privados en las decisiones políticas, describimos las características del régimen de conflicto de interés a la luz de los precedentes de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

En nuestra intervención solicitamos a la Corte Constitucional que las tenga en cuenta y establezca parámetros claros para la protección de nuestra democracia y los derechos fundamentales de las personas que habitan Colombia durante la pandemia del COVID-19.

Mientras el aislamiento cuida nuestra salud, la Corte está llamada a cuidar nuestro Estado de derecho.

En el recurso ahondaremos en los argumentos según los cuales, dadas las circunstancias especiales del caso, la acción no había caducado al momento de interponerse.

Dejusticia, la Comisión Colombiana de Juristas y Jorge Iván Cuervo demandamos la elección del Fiscal General Néstor Humberto Martínez. Consideramos que durante ese proceso de selección, Martínez omitió información sustancial sobre el caso de corrupción de Odebrecht en Colombia, que pudo haber cambiado la decisión de la Corte de elegirlo sobre los otros dos candidatos.

La Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-388 de 2013 , de la que hace parte Dejusticia, concluye que la violación masiva y generalizada de los derechos de las personas privadas de la libertad persiste, y que el Estado debería implementar una estrategia para reformar la política criminal y las prácticas inconstitucionales que presentan en las cárceles colombianas.

Un ciudadano demandó al caricaturista de El Tiempo argumentando que una de sus obras vulnera su derecho al buen nombre. Dejusticia sostiene que la crítica política y la expresión artística están especialmente protegidas por la Constitución.

Presentamos intervención para apoyar una tutela que exige que Gobierno pavimente carretas Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira: una promesa incumplida históricamente.